Joaquín Guzmán enfrenta cargos en California, Texas, Illinois, Nueva York, Nuevo Hampshire y Florida; las acusaciones van desde conspiración y narcotráfico hasta homicidio.

Las siete jurisdicciones federales estadunidenses que han pedido la extradición de Joaquín Guzmán Loera aguardan en silencio la anunciada entrega del narcotraficante mexicano.

La procuradora federal en San Diego, Laura Duffy, dijo a Excélsior que "el Departamento de Justicia no acostumbra comentar sobre extradiciones en proceso, y mucho menos cuando se trata de un caso de alta seguridad como ése".

La Procuraduría en San Diego fue la primera que presentó cargos, en 1995, contra Joaquín El Chapo Guzmán y 22 coacusados de conspiración para tráfico de drogas.

A la fecha, los cargos en San Diego son contra 82 miembros del cártel de las drogas del Pacífico. Los cargos van desde usar el primer túnel que se haya encontrado en la frontera, en 1993 en la zona entre Otay Mesa, California, y la Mesa de Otay en Tijuana, hasta el uso de submarinos, aeronaves y hasta latas de chiles para contrabando de drogas.

La procuraduría de San Diego sería quizás la más adecuada para comentar sobre la potencial extradición de Joaquín Guzmán porque fue de aquí que se presentó a través de los departamentos de Justicia y de Estado la petición de extradición de finales de junio que el gobierno de México reconoció que recibió.

La petición fue entregada unos 15 días antes de que El Chapo Guzmán se fugara por segunda ocasión de una cárcel alta seguridad.

Algunos de los cargos más severos los enfrenta en Chicago, donde en 2008 se le acusó de ser el "enemigo público número 1".
Los cargos van de conspiración y narcotráfico hasta homicidio.

La defensa de El Chapo Guzmán informó a una televisora en Estados Unidos desde enero pasado que el narcotraficante estaría dispuesto a ser extraditado sin apelar la decisión, si se le permitiera declararse culpable de los cargos a cambio de reducir su potencial sentencia y evitar una celda en una prisión federal de alta seguridad.