El organismo, adscrito al Ministerio de Sanidad, propone también que se considere multar a las agencias que la practican.
El Comité de Bioética de España, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quiere promover a nivel internacional un marco común regulatorio que prohíba la celebración de contratos de gestación subrogada (los llamados vientres de alquiler en los que una mujer gesta un hijo cuya paternidad y maternidad cede a otras personas) "en garantía de la dignidad de la mujer y del niño", según se recoge en el Informe sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada en el que analiza esta práctica y que ha publicado esta mañana.
El aspecto de la posible utilización o venta del cuerpo de la mujer es el que más preocupa. "La mayoría del comité entiende que todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio. Otros miembros del comité, aunque aceptan en línea de principio que esta práctica podría regularse de modo que compaginara la satisfacción de dicho deseo con la garantía de los derechos e intereses de los otros, no alcanzan a ver la fórmula de hacerlo en el contexto actual", afirma la nota de prensa del organismo.
Dentro de las medidas que sugiere, la comisión propone sancionar a las agencias que se dedican a esta actividad en España. Estas pueden actuar en el país, como sucedió en una reciente feria en Madrid, que fue contestada por un grupo de asociaciones que consideran que esta práctica es un atentado contra la dignidad de la mujer.
El informe, elaborado a iniciativa del propio comité, se ha llevado a cabo "dada la preocupación que suscitaba a sus miembros el debate presente en la opinión pública y en algunas instituciones sobre la conveniencia de regular o, al menos, dotar de legalidad, a los contratos de maternidad subrogada". Aunque no se lo han solicitado, llega justo cuando el debate de esta práctica ha llegado al Congreso de los Diputados por medio de una iniciativa de Ciudadanos.
En febrero de este año, ese partido anunció que iba a llevar al Congreso una propuesta para abrir el debate sobre la regulación de la gestación subrogada (también llamada por sustitución). “No podemos seguir dando la espalda a esta realidad. Buscamos soluciones y no miramos hacia otro lado”, dijo entonces su portavoz nacional, Inés Arrimadas. La propuesta obligó a los partidos a posicionarse. O, mejor dicho, mostró que prácticamente ninguno tenía una postura clara.
Tampoco es único el posicionamiento en grupos como el LGTBI (lesbianas, gais, transexual, bisexuales e intersexuales) o feministas. Frente a la libre decisión de una mujer, está el riesgo de que sea explotada. La solución sería que fuera un acto altruista. Pero se duda de que eso sea posible.
En cualquier caso, el Comité de Bioética precisa que, en atención a su naturaleza y funciones, no le corresponde traducir su parecer en una concreta propuesta de reforma legal aunque ofrece algunos criterios que orienten aquella, como el citado marco regulatorio común a nivel internacional.
Especialistas advierten de la grave situación que ocurre en Tabasco, donde es legal la renta de vientres, toda vez que esta práctica es pagada, lo que se considera un delito, ya que hay suplantación de identidad, y lo más grave, es que no existen reportes precisos de esta población vulnerable, “en una palabra, no hay autoridad que responda por el sano desarrollo de estas víctimas del alquiler de vientres”.
Al participar en el Foro Maternidad Subrogada y Explotación Reproductiva: “La Problemática de Tabasco”, Marcelo Bartolini Esparza, director del Área de Asuntos Públicos de Early Institute, Irene López Faugier, doctora y maestra en derecho de la UNAM, y Marta Albert Márquez, doctora en Derecho por la Universidad de Córdoba, hicieron un llamado a la Cámara de Diputados a no aprobar la práctica de maternidad gestante en el país y al Gobierno de Tabasco a prohibir la maternidad subrogada, ya que se ha comprobado que extranjeros ofrecen hasta 500 mil pesos por un bebé y la existencia de despachos que se dedican a hacer contratos “a modo” o notarios que formalizan estas situaciones irregulares, independientemente de que en México, es más fácil evadir la ley.
Bartolini Esparza, se cuestionó, muy pocos se detienen a preguntar si esta práctica es benéfica o perjudicial para los niños y si se debe legalizar”, aún cuando de antemano estos seres por nacer resultan ser los más afectados.
En su ponencia “Como Afecta la Explotación Reproductiva a los Niños”, el especialista hizo observaciones precisas en el sentido del daño que causa a los nacidos bajo el esquema de Maternidad Subrogada, pues no solo quedan en el desamparo, sino que vulneran sus derechos antes de nacer.
El especialista dijo que los niños suelen ser víctimas del rechazo y la discriminación cuando nacen con una malformación. Son niños que quedan en el olvido y en el mejor de los casos ninguna autoridad se responsabilice de su situación, denunció.
Dijo que ni siquiera existe un reporte preciso de esta población vulnerable, ya que se han encontrado solicitantes que ofrecen hasta 500 mil pesos por un bebé. Lo que no se da en otros países como Estados Unidos, donde las leyes son más rígidas y porque aquí se les cuesta menos por tener un bebé.
En el caso de los abogados, denunció que algunos despachos se dedican a hacer contratos “a modo” o notarios que formalizan estas situaciones irregulares, independientemente de que en México, es más fácil evadir la ley.
Recurrir a un vientre de pago puede estar en ocasiones cerca del tráfico de órganos o de niños
La maternidad subrogada es otra de las demandas que se abren paso, en este caso con justificada dificultad. Vamos a exagerar: recurrir a otro vientre para gestar a un hijo a cambio de dinero puede estar en ocasiones bastante cerca de lo que hicieron familias pudientes que lograron comprar o conseguir bebés robados durante el franquismo. La joven Ligia Ceballos Franco ha denunciado ante la fiscalía mexicana su desaparición forzada al conocer que sus padres, una pareja de Mérida (México) la consiguieron en 1968 en España al acudir de parte del arzobispo de Yucatán.
Ahora salvemos todas las distancias, que las hay: los partidarios de la maternidad subrogada defienden su legalidad como una técnica de reproducción en la que lo que se dona es la propia capacidad de gestación. Que exista la posibilidad de una donación altruista en la propia familia o entorno puede ocurrir, sin ninguna duda, y la ley debe empezar a contemplar esa realidad. Pero que los casos mayoritarios nos hablen de venta de embarazos por 90.000 dólares en Estados Unidos o el más módico precio de 12.000 en India lo convierte en un tráfico indeseable en el que cabe escasa o ninguna justificación. Nepal se abre paso como mercado emergente.
El derecho a la paternidad o maternidad a costa del cuerpo ajeno, como el derecho al placer sexual a costa del cuerpo ajeno, no existe. Y la línea que separa el derecho a decidir sobre el propio cuerpo que esgrimen sus defensores se emborrona cuando esa decisión está marcada por la necesidad.
La periodista Ivana Carrero reflexiona sobre los vientres de alquiler
Se compra producto de alta gama, se vende cumpliendo exigentes normas de calidad y, para su total tranquilidad, como no podía ser de otra forma cuando existe una transacción económica, si no le satisface, puede devolverlo. La imaginación es libre, bien podría tratarse de un sugerente coche de lujo.
Desgraciadamente no es así, el debate está en la palestra, hablamos de vientres de alquiler o maternidad subrogada. Eufemismos que ocultan un contrato de compra venta de un ser humano, que no constituye ningún progreso ni avance social, como muchos nos quieren hacer ver manipulando la información.
Se trata de una forma de explotación de la mujer y tráfico de personas que convierte a los niños en productos comerciales; y una nueva forma de cosificación de seres humanos, de prostitución del cuerpo de la mujer y desviación de su naturaleza materna hacia la producción, manipulada, de personas a través de nuevos procedimientos técnicos, contrarios a su dignidad.
Los vientres de alquiler están en el escenario político de España y tiene visos de convertirse en la Maternidad del Siglo XXI, una necesidad creada en esta sociedad de consumo donde todo tiene un precio, aunque ser padres no sea un derecho, sino un Don natural que deberíamos respetar.
Utilizar a una mujer para gestar el hijo de otro implica serios problemas legales y morales. Sobre todo cuando pueden ser hasta seis adultos los que pueden reclamar la maternidad: la madre biológica (donante de óvulos), la madre gestante (vientre de alquiler), la mujer que ha encargado el bebé, el padre biológico (donante de esperma), el marido o pareja de la gestante (que tiene la presunción de paternidad) y el hombre que encarga el bebé...
