Recurrir a un vientre de pago puede estar en ocasiones cerca del tráfico de órganos o de niños

La maternidad subrogada es otra de las demandas que se abren paso, en este caso con justificada dificultad. Vamos a exagerar: recurrir a otro vientre para gestar a un hijo a cambio de dinero puede estar en ocasiones bastante cerca de lo que hicieron familias pudientes que lograron comprar o conseguir bebés robados durante el franquismo. La joven Ligia Ceballos Franco ha denunciado ante la fiscalía mexicana su desaparición forzada al conocer que sus padres, una pareja de Mérida (México) la consiguieron en 1968 en España al acudir de parte del arzobispo de Yucatán.

Ahora salvemos todas las distancias, que las hay: los partidarios de la maternidad subrogada defienden su legalidad como una técnica de reproducción en la que lo que se dona es la propia capacidad de gestación. Que exista la posibilidad de una donación altruista en la propia familia o entorno puede ocurrir, sin ninguna duda, y la ley debe empezar a contemplar esa realidad. Pero que los casos mayoritarios nos hablen de venta de embarazos por 90.000 dólares en Estados Unidos o el más módico precio de 12.000 en India lo convierte en un tráfico indeseable en el que cabe escasa o ninguna justificación. Nepal se abre paso como mercado emergente.

El derecho a la paternidad o maternidad a costa del cuerpo ajeno, como el derecho al placer sexual a costa del cuerpo ajeno, no existe. Y la línea que separa el derecho a decidir sobre el propio cuerpo que esgrimen sus defensores se emborrona cuando esa decisión está marcada por la necesidad.