México necesita mayor seguridad para que las familias puedan vivir plenamente.
Esta semana se cumplieron 11 meses de la desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en manos de elementos de la Policía Municipal de Iguala, pero hasta ahora nadie ha sabido explicar a ciencia cierta dónde están o qué pasó con ellos.
Pero su caso no es el único, cifras oficiales señalan que en México desaparecen 11 personas por día, es decir, una persona casi cada dos horas, un fenómeno que se ha analizado en distintas perspectivas que van desde la trata hasta enfrentamientos entre comunidades.
De continuar esta tendencia, al finalizar el año, habrán desaparecido en el país 4,015 personas más.
Las cifras más actualizadas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas señalan que en los primeros cuatro meses del año, mil 360 personas desaparecieron en el país, principalmente en Tamaulipas, el Estado de México y Nuevo León.
Con ello, el número acumulado de las personas cuyo paradero es desconocido llega casi a 26 mil, de acuerdo con el registro oficial elaborado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Tamaulipas es por mucho la entidad que concentra la mayoría de los casos de personas no localizadas, más de cinco mil, seguido por el estado de México. Tres de cada 10 desaparecidos son mujeres, y prácticamente la mitad de las víctimas son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Mientras que entres tres y cuatro son niños.
De las 25 mil 398 personas inscritas en el registro como desaparecidas, apenas 557 casos –el 2 por ciento– tienen una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Según los datos, existen 166 víctimas en el rubro de "extranjero", no obstante, la cifra podría incrementarse, toda vez que existen dos mil 669 casos catalogados como "no especificados".
En cuanto al número de personas localizadas en el país, resulta que nadie sabe, por lo menos oficialmente, cuántas son. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) reconoció el pasado jueves que es imposible "dimensionar el fenómeno debido a la carencia de bases de datos confiables y actualizados", según su presidente Luis Raúl González Pérez.
La CNDH visualizó el problema desde hace 14 años, cuando emitió la recomendación 26/2001, referente a los casos de desaparición de personas ocurridos durante la "guerra sucia", entre finales de los sesentas y principios de los ochentas.
Otros gran foco rojo es la disminución de edad de inicio en el consumo de drogas, han llegado a tener incluso pacientes hasta de seis años que se iniciaron con mariguana.
Durante el segundo semestre de 2014, el consumo de mariguana superó al del alcohol en 20 estados de la República, mientras que en 25 de ellos desplazó al tabaco.
Durante la presentación del libro "Consumo de Drogas: riesgos y consecuencias", editado por los Centros de Integración Juvenil (CIJ), se dio a conocer que de 2008 a 2014, el consumo de cannabis se incrementó en 17 por ciento.
En el primer trimestre de 2008, de las drogas que la población mexicana alguna vez ha consumido en su vida, 70.3 por ciento habían usado cannabis, y para el segundo semestre de 2014 aumentó a 87.4 por ciento.
Mientras que el consumo de metanfetaminas aumentó seis por ciento en el mismo periodo, indicó la directora general de los CIJ, Carmen Fernández Cáceres, ante la secretaría de Salud, Mercedes Juan y otros funcionarios del ramo.
Posteriormente en entrevista, mencionó que casi 90 por ciento consume alcohol como primera droga, 85 por ciento tabaco y le siguen otras drogas.
"Pero de 2008 a 2014 tenemos un aumento de 17 puntos porcentuales a nivel nacional en mariguana, pero hay estados que llegan a tener 35 puntos de más en el consumo, y estamos hablando de que más de 90 por ciento de los pacientes (de los CIJ) están consumiendo alcohol y mariguana, y eso es muy preocupante.
"El otro foco rojo o cuestión que nos lleva un gran reto es la disminución de edad de inicio en el consumo de drogas, tenemos menores de 12 años, hemos llegado a tener incluso pacientes hasta de seis años que se iniciaron con mariguana, muchos de ocho años que se han puesto su primera borrachera en algunas zonas del país", destacó.
Además de los daños neurológicos que el consumo de drogas genera en las personas, sobre todo en las más jóvenes, están los riesgos colaterales como es el de ejercer su sexualidad sin protección o con múltiples parejas a la vez.
Manifestó que de acuerdo a la encuesta "Prácticas sexuales y consumo de drogas en estudiantes de educación media y superior", en promedio los estudiantes inician su vida sexual entre los 14.5 y 18.5 años.
De ellos, 53 por ciento ha tenido sexo sin preservativo, 40 por ciento han tenido relaciones bajo el efecto de alguna droga, 25.6 por ciento estuvo con un desconocido y 20 por ciento dijo haber estado con más de una pareja sexual en un mismo periodo.
En la presentación del libro, la secretaria de Salud, Mercedes Juan, manifestó que este texto es una valiosa aportación sobre las consecuencias que tiene el consumo de drogas y para la atención de las adicciones.
Asistieron a este evento el titular de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic), Manuel Mondragón, los ex secretarios de Salud, Jesús Kumate y José Ángel Córdova, entre otros.
Con esto legalmente se violaría la patria potestad de los padres y se pondría en riesgo a los menores, además de que ya está demostrado que la promoción de anticonceptivos no disminuye los embarazos no deseados.
"Prevenir embarazos no deseados en adolescentes" es la excusa que da el secretario de Salud en Jalisco, Jaime Agustín González Álvarez, para poder prescribir métodos anticonceptivos a adolescentes, sin previo consentimiento informado de los padres.
Durante el decimoquinto Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia, González Álvarez exhortó a los integrantes del Congreso local a legislar para poder prescribir métodos anticonceptivos a ese sector social.
Las familias necesitan servicios básicos de calidad para llevar una vida sana, sin que sus bolsillos se vean altamente afectados. Para los que cuentan con menos recursos significa gastar 20% de sus ingresos debido al mal servicio potable.
Debido al mal servicio de agua potable, 81 por ciento de los mexicanos la adquieren embotellada, para lo cual los hogares desembolsan entre 5 y 10 por ciento de sus ingresos, pero en los más pobres el gasto llega a representar 20 por ciento, señaló Jorge Alberto Arriaga, coordinador del Observatorio Hídrico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Explicó que esta situación forma parte de las expresiones de inseguridad hídrica que existen en el país, la cual afecta sobre todo los hogares en pobreza, ya que 20 por ciento de los que viven en esa condición carecen de agua potable y 21 por ciento de drenaje. Además, aunque cuenten con la red de agua potable, 52 por ciento de las viviendas con menores recursos económicos la reciben esporádicamente, lo que significa quemás de la mitad de los pobres tienen mal servicio.
La UNAM impulsó el Programa de Desarrollo Hidráulico para Puebla, Oaxaca y Tlaxcala, donde se trabaja con ocho localidades con el propósito de garantizar la gestión de los servicios de agua y saneamiento en forma eficiente y sustentable para mejorar la competitividad y promover el desarrollo con participación social, explicó por su parte José Daniel Rocha, del Programa Hidráulico de la universidad nacional, durante la conferencia Acceso al agua, factor para mejorar la calidad de vida.
Sobre el tema de la inseguridad hídrica del país, Arriaga explicó que otra forma de proveer el líquido es por medio de pipas, en las cuales los precios pueden ser variables, ya que van de 300 a mil 200 pesos. Recordó que en la ciudad de México hubo problema en San Bartolo Ameyalco, delegación Álvaro Obregón, donde se generó un conflicto social por ese motivo.
El investigador explicó que si se suman todos los desembolsos que realizamos para solventar el mal servicio, gastamos más de lo que pagamos en tarifas justas. Añadió que en algunos casos aumentarlas y llegar a un buen servicio podría eliminar la compra de agua embotellada, o al menos la de las pipas.
Refirió que otra forma en que se expresa la inseguridad en el abasto es en las enfermedades hídricas. A escala mundial mueren más personas por diarrea que de tuberculosis o sida.
Aseveró que de acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, la falta de agua incide en enfermedades no transmisibles, como la diabetes, ya que a algunos pueblos alejados llega Coca Cola, no agua,entonces la gente se ve obligada a tomar esas bebidas azucaradas para proveerse de algún líquido. Este organismo ya lo ve como una tendencia.
Afectaciones en espalda, rodillas y pies por acarreo de cubetas
Otros padecimientos asociados al agua son el transporte del líquido, porque hay personas que caminan kilómetros cargando cubetas o botes, y eso impacta en sus espaldas, pies y rodillas. En Oaxaca, las amas de casa, que son las que administran el agua en el hogar, y que no saben cuándo puede llegar el servicio, no duermen, tienen que estar pendientes para recolectarla.
Explicó que el agua también incide en la vulnerabilidad de las comunidades, ocasionada por los fenómenos hidrometeorológicos. Los índices de mortalidad son mayores en lugares pobres, ya que para ellos es más difícil la recuperación. Recordó que hay familias que aún no se pueden recuperar de las inundaciones de 2010 en Tabasco, son los hogares más pobres. Apuntó que en 20 años se han gastado 2 mil millones de dólares por daños ocasionados por las inundaciones.
Asimismo, dijo que la sequía en el norte del país eleva la competencia por el recurso. Ahí están las grandes industrias que se pelean por el agua para consumo humano, destacó.
La veda es un espacio de reflexión para que los votantes determinen por quién votarán en la elección del 7 de junio.
El Instituto Nacional Electoral aprobó que en el primer minuto de este jueves 4 de junio inicie el periodo conocido como veda electoral.
La veda implica el fin de las campañas y que durante los tres días previos a la elección no se pueda difundir propaganda política o electoral, no se realicen reuniones o actos públicos de campaña, no se difundan encuestas ni sondeos que midan las preferencias electorales y permanezcan vigentes las prohibiciones de difusión de mensajes gubernamentales o informes anuales de labores de los servidores públicos.
Solo se podrán difundir campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
En estos tres días de veda los candidatos y partidos deberán retirar la propaganda electoral que se encuentre en un radio de 50 metros de los lugares donde se instalarán las casillas electorales.
En la sesión del martes de la primera sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado presidente Constancio Carrasco Daza reiteró que el periodo de veda electoral es el cual en el que no hay posibilidades de que los partidos políticos hagan propaganda.
En la misma sesión la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa aclaró que el periodo de veda es para las campañas políticas, no para la cobertura noticiosa, ni para los espacios noticiosos.
"Si un canal de televisión en este tiempo de veda se pone a hacer referencias o retoma campañas y análisis, etcétera, estaríamos en otro tipo de posible violación, pero no tendría nada que ver el periodo de veda con lo que un canal de televisión decida o una empresa de televisión o de radio decida como contenidos", dijo.
¿Qué estará prohibido del 4 al 7 de junio?
- Campañas, spots, propaganda política, actos o reuniones públicas de candidatos y partidos.
- La difusión por cualquier medio de comunicación impreso, electrónico, radio o televisión los resultados de encuestas o sondeos de opinión que muestren preferencias electorales.
- La realización y difusión de informes anuales de labores o gestión de los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno.
- La difusión de mensajes gubernamentales.
- Colocar o dejar propaganda electoral en un radio de 50 metros de los lugares donde se instalarán las casillas electorales.
¿Qué está permitido del 4 al 7 de junio?
- Cobertura noticiosa y análisis respetando el principio de equidad.
- Difusión de campañas de información de las autoridades electorales.
- Difusión de campañas de información de servicios educativos y de salud.
- Difusión de campañas de información necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
¿Cuándo pueden volver a difundirse resultados de encuestas?
Los resultados de encuestas o sondeos elaborados el día de la elección podrán hacerse públicos a partir de la hora del cierre oficial de las casillas en todo el país, a partir de las 8 de la noche del centro de México.
Existe una gran urgencia porque el sector salud de todo el país tenga una mejoría, los ciudadanos tienen derecho a recibir atención pronta y adecuada.
El recorte a 11 hospitales e institutos ya le está pegando a los pacientes.
El domingo pasado, el Hospital Dr. Manuel Gea, uno de los más afectados, negó la atención a Aída Herreras, quien tras una caída se abrió la cabeza.
El gasto para hospitales y centros de investigación fue recortado en mil 450 millones de pesos.
Al Hospital Dr. Manuel Gea se le redujeron 412 millones de pesos, 26 por ciento de su gasto original.
Otro afectado es el Hospital Juárez, donde hay carencia de personal y medicamentos.
"Trabajo en las noches y tengo que atender a ocho pacientes, en promedio. Son pacientes oncológicos", afirmó una enfermera, quien pidió omitir su nombre.
"Ha habido ocasiones en que no tenemos jeringas. Muchas veces faltan antibióticos o analgésicos, que son básicos para su tratamiento".
Un gobierno abierto mejora las condiciones de vida de los ciudadanos, pues detona un mejor ejercicio del gasto y limita las condiciones para que haya opacidad y actos de corrupción.
El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) desarrollan una metodología para "mapear" el ejercicio de los recursos federales a nivel local, informó ayer Alan Hudson, director ejecutivo de Global Integrity, que participa como asesor.
Indicó que el seguimiento se diseñará para varios rubros del gasto en 12 entidades del País.
"Así que se ve que va a haber un enfoque en el sector educativo, de salud, energético, desarrollo social y considerar el proceso de contratación público en relación a cada uno de estos sectores.
"La idea es identificar los retos e invitar al aprendizaje y a políticas informadas, y estamos basándonos en el Banco Mundial y otras agencias del Gobierno Mexicano", señaló el activista en voz de la traductora, al participar en el foro "Gobierno abierto co-creación desde lo local", en el IFAI.
Hudson explicó que el análisis se realizará desde dos perspectivas. La primera es la disponibilidad de los datos y la normatividad relativa a que los ciudadanos puedan acceder a ellos; y la segunda son los problemas que la personas interesadas en conocer esa información enfrentan al momento de querer disponer de ella.
"El mapeo para seguir el dinero tiene un elemento de arriba hacia abajo y otro elemento de abajo hacia arriba.
"De arriba hacia abajo se refiere a entender, por lo menos en papel, la posibilidad que tienen las personas para seguir el dinero, esto se hace a través del panorama regulatorio, la disponibilidad de datos, las oportunidades de participación y la capacidad de la sociedad civil para utilizar los datos.
"El elemento de abajo hacia arriba se refiera a la innovación, y es lo que estamos haciendo en el IFAI, por eso estoy aquí y supongo que por eso me invitaron", señaló.
Un gobierno abierto, aseguró el especialista, mejora las condiciones de vida de los ciudadanos, pues detona un mejor ejercicio del gasto y limita las condiciones para que haya opacidad y actos de corrupción.
"El argumento general indica que si las personas no pueden seguir el dinero, ese gobierno no está abierto", definió.
Joel Salas, comisionado del IFAI, quien coordina la Comisión de Gobierno Abierto del organismo, consideró que la apertura de la administración pública, así como la inclusión de la sociedad en la supervisión y participación del ejercicio del gasto, ayudan a disminuir la corrupción y la impunidad.
"Al iniciar estos ejercicios de gobierno abierto a nivel local creemos que enfrentamos dos grandes retos. El primero es renovar el vínculo de confianza entre la población y las autoridades públicas. La corrupción y la impunidad han desgastado ese vínculo y ahora tenemos la oportunidad en la transparencia, la colaboración y la participación, de que sean las herramientas útiles para reconstruirlo", consideró.
La estrategia es impulsar y fortalecer la responsabilidad social, a través de un modelo de gestión para el desarrollo de buenas prácticas "de cuidado y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia".
El gobierno de México se ha comprometido a erradicar y prevenir las peores formas de trabajo infantil en 2016 y a reducir por lo menos un 60 por ciento el número de niñas, niños y adolescentes en esa condición para 2018, por lo que creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida.
En este sentido, la Secretaría del Trabajo señaló que el registro de la convocatoria para que las empresas puedan obtener el distintivo "México Sin Trabajo Infantil" (MEXSTI) cerrará el próximo 16 de febrero, y podrán participar los centros que apliquen políticas de prevención y erradicación del trabajo de menores.
Así como aquellos que establezcan esquemas de protección de los adolescentes en edad permitida para trabajar; participen de la corresponsabilidad intersecretarial en la protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; y promuevan el trabajo digno o decente.
La dependencia indicó que pueden obtener el distintivo, empresas e instituciones de los sectores público, privado y social, así como organizaciones sindicales que cuenten con procesos, políticas y programas para prevenir y erradicar el trabajo infantil.
Algunos académicos critican esta postura porque consideran que afecta al sistema democrático.
Figuras públicas como el poeta Javier Sicilia y los sacerdotes Alejandro Solalinde y Miguel Concha llaman a la ciudadanía a no votar en las elecciones de este año, bajo el argumento de que ir a las urnas es avalar a partidos políticos corruptos o incluso ligados con el crimen organizado.
Este llamado hace eco a la demanda de los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, quienes rechazan la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre que los jóvenes fueron asesinados, y quienes dicen que no permitirán la celebración de los comicios hasta que sus hijos sean localizados con vida.
Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz, dijo al respecto que está trabajando en la creación de un comité que "refunde" el sistema político a través de la organización civil, no con métodos violentos, y cuyo primer objetivo sea boicotear las elecciones de este año, en las que se deben renovar la Cámara de Diputados y cientos de cargos a nivel local.
"Nuestra primera apuesta sería boicotear, en el buen sentido de la palabra, (...) las elecciones. Ya sea por el voto en blanco o por el voto nulo", señaló en entrevista.
Con esto, agregó, se busca que la inasistencia de los ciudadanos a las votaciones sea "un gran pliego petitorio" para los políticos, es decir, una muestra del rechazo social a su desempeño actual.
"(Ir a) esas urnas es decir sí al argumento de la PGR (sobre Ayotzinapa), sí a que nos sigan extorsionando, sí a que no haya justicia, sí a que siga el 95% de impunidad, eso es lo que vamos a ir a convalidar", dijo.
Lee: El INE aprueba medidas extraordinarias para las elecciones en Guerrero
La crítica al boicot
Algunos académicos rechazan este llamado a boicotear los comicios, porque lo consideran contrario a la democracia.
"Aquí lo importante es preguntar: no quieren la democracia electoral, ¿y entonces qué tipo de democracia quieren?, ¿cuál es la alternativa de régimen político que quieren? Varias de esas posturas requieren la implantación de un régimen o tipo chavista o tipo castrista. Hay que ir a una argumentación más elaborada. Dicen no a todo, ¿pero entonces, cuál es la propuesta?", dijo en entrevista el investigador José Fenández Santillán, del Tecnológico de Monterrey.
Mientras tanto, Javier Aparicio, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirma que es peligroso que un gobernante no llegue al cargo por la vía electoral, ya que tendría problemas de legitimidad.
"Sí me sorprende un poco que gente que está enterada del asunto como Javier Sicilia y demás, gente que está preocupada por el estado de derecho, te pida esas cosas que notoriamente van contra el estado de derecho", dijo.
Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), principal árbitro del país en la materia, han dicho que el organismo tiene la obligación constitucional de organizar los comicios y que tomarán las medidas necesarias para que así sea. También aseguran que los preparativos marchan con normalidad en la mayor parte del territorio, salvo en algunas localidades de Guerrero donde hay protestas sociales.
"Habría que preguntarnos a quién beneficiaría que no hubiera elecciones. Supongamos que a Guerrero lo gobierna el narco, entonces, ¿suspendemos las elecciones para que siga gobernando un narco?", comentó Aparicio.
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Un adulto mayor, si así lo quiere, puede iniciar un negocio, desarrollar una idea, cumplir un sueño. El camino es difícil pero las ganas y experiencia de vida son más cuando un adulto mayor toma la decisión de emprender, coinciden expertos.
