Ni autoridades ni CNDH apoyan a migrantes que se animan a denunciar a extorsionadores.

Edwin Alexander Medina Rosales, quien declara ser hondureño y tener 30 años, fue capturado en flagrancia, en Tierra Blanca, Veracruz, el 12 de enero de 2014, junto con otros dos delincuentes, cuando extorsionaba a migrantes centroamericanos en las vías del tren. Diez meses después, el mismo sujeto reaparece –lunes 24 de noviembre– en Hidalgo, libre y en acción, es decir, asaltando a más migrantes, en la misma ruta que siguen los trabajadores que buscan llegar desde la frontera sur al norte por las rutas ferroviarias. Esta vez actuaba junto con el guanajuatense Roberto Sotelo Govea.

Los dos presuntos secuestradores fueron internados ayer en el Cereso de Tula, gracias a que los migrantes que sobrevivieron al asalto insistieron en levantar una denuncia ante el Ministerio Público de Tlaxcoapan, comunidad aledaña, donde se inició la averiguación previa 16/TLAX/973/2014 por los delitos de robo y lo que resulte.

Pero a pesar de que los migrantes manifestaron desde un principio su determinación de denunciar penalmente a sus agresores –decisión nada fácil, en su condición de indocumentados–, las autoridades locales tardaron 16 horas (desde las 2.30 de la tarde hasta las cuatro de la madrugada) en abrir la averiguación previa. En ningún momento los migrantes, hondureños y guatemaltecos, entre ellos una mujer y dos menores, fueron asistidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque se solicitó su intervención a través de Javier Tapia, de la Quinta Visitaduría. Tampoco fueron notificados sus representantes consulares.

La mujer paquistaní fue acusada de blasfemia y condenada a muerte en el mes de Octubre.

Más de 250 mil personas han firmado una petición en la plataforma ciudadana CitizenGo para que el gobierno de Estados Unidos presione a Pakistán y libere a la cristiana Asia Bibi, pues no es posible confiar en “la independencia judicial” de un país “que no distingue entre ley civil y religiosa”.

“Los misioneros y ONGs que trabajan en Pakistán saben que el gobierno jamás se atrevería a hacer nada que pudiera incomodar a Estados Unidos. Por eso lo más útil en este momento es escribir a la embajada y pedir que se movilice, que despliegue toda su estrategia diplomática para liberar a Asia Bibi”, señala la iniciativa lanzada por el grupo Asia Bibi Freedom.

Los organizadores recordaron que el 16 de octubre el tribunal de apelaciones de Lahore ratificó la condena a muerte de la madre cristiana, acusada falsamente de haber cometido blasfemia contra el Islam.

Ese día, indicaron, varios mulanes –sacerdotes islámicos-, “hicieron acto de presencia en la sala” cuando la defensa iba a presentar sus alegatos. Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el esposo Ashiq Masih recordó que los líderes religiosos musulmanes gritaban continuamente en el tribunal “¡Blasfemia! ¡Mátenla!”.

“¿Alguien cree que en un tribunal de un país islamista puede juzgar con la independencia, neutralidad y objetividad necesaria con la presencia intimidatorio de 20 mulanes?, ¿es posible la independencia judicial en un país que no distingue entre ley civil y religiosa cuando los ‘guardianes de la fe’ supervisan un proceso judicial?”, cuestionaron los organizadores.

Denunciaron que “en el caso de Asia Bibi se han vulnerado todas las garantías. No ha tenido derecho a un juicio justo desde el momento en que el poder religioso ha estado ‘supervisando’ el proceso.

Tampoco ha podido defender su inocencia ante unas acusaciones falsas. Y en tercer lugar, la mera existencia de la Ley Antiblasfemia de Pakistán ya supone un grave atentado al derecho fundamental a la libertad religiosa”.

“La familia de Asia Bibi ha dicho que recurrirá al tribunal Supremo, máxima instancia judicial. Pero visto lo ocurrido en el tribunal de Apelaciones no cabe albergar demasiadas esperanzas. Es la hora de la diplomacia. Y Estados Unidos tiene mucho que decir”, afirmaron.

En ese sentido, se indicó que la petición será enviada “al embajador de Estados Unidos en Pakistán, Richard Olson”. El texto dirigido al diplomático afirma que “Occidente no puede mirar para otro lado mientras la injusticia y la barbarie se consolidan. Es nuestra responsabilidad”.

Una iniciativa de Ley de la Familia fue congelada hace casi 10 años debido a la definición que se intentó hacer de establecer a la familia como la unión entre un hombre, una mujer y los hijos.

El diputado local del PAN, Francisco Treviño Cabello, propuso este miércoles la creación de una Comisión de la Familia, que atienda los temas relacionados con el núcleo de la sociedad, así como las reformas necesarias para su conservación y fortalecimiento.

Nuevo León cuenta con una iniciativa de Ley de la Familia congelada desde hace casi 10 años, la cual no prosperó debido a la de¬finición que se intentó hacer de establecer a la familia como la unión entre un hombre, una mujer y los hijos.

Sin embargo, dejando esta defi¬nición de lado, el diputado local del PAN explicó que el Congreso del Estado requiere contar con una Comisión de Dictamen que pueda encargarse de hacer las reformas necesarias para ésta. “Para atender la problemática que vive la institución familiar hoy en día, se requiere de la transversalidad en las políticas en materia familiar, contemplando todos los campos de desarrollo: educación, trabajo, vivienda, servicios sociales, cultura, deporte y salud, mediante la incorporación del enfoque de familia en los planes y programas de gobierno.

“Al ser la familia la institución social básica transmisora de valores, se podrán afrontar de manera más efi¬caz los cambios sociales, laborales y demográ¬ficos, lo que sólo puede traducirse en la auténtica realización del bien común, y por ende, no puede estar exenta de la vigilancia de este Congreso”, añadió.

Dicha Comisión se estaría encargando de tratar temas como las iniciativas relativas al fortalecimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad; Legislación de políticas, planes y programas tendientes a la promoción, desarrollo y fortalecimiento de los valores y defensa de la familia en el ámbito estatal; y tener a su cargo la atención de asuntos relacionados con la familia en la rama del derecho civil.

Asimismo generar y promover leyes enfocadas al apoyo familiar a personas vulnerables, niños, jóvenes, mujeres trabajadoras, madres solteras y adultos mayores; representar al Congreso ante los organismos e instancias de Comisión de Familia Estatales, Nacionales e Internacionales; dar cauce y contestación a las peticiones de personas que soliciten la intervención del Poder Legislativo.

La polémica surge al legalizar una práctica que manipula la vida humana.

Luego de que el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, firmara una iniciativa para reformar el Código Civil y permitir la renta de vientres en el estado, se abren una serie de cuestionamientos que sería importante tener en cuenta antes de aprobar una reforma de esta naturaleza.

A decir de los promotores, lo primero que tendría que hacerse sería elaborar un proyecto que esté sustentado y que se realice bajo un marco legal, pero la pregunta de fondo sería ¿nuestro sistema jurídico está lo suficientemente preparado como para regular esta práctica?

Al respecto, la abogada Ingrid Tapia, especialista en el tema comenta: “El tema es muy complejo pero antes que nada, es importante conocer los numerosos riesgos y problemas vinculados con el tema. La experiencia en países como la India nos habla no de una motivación “altruista” de “ayudar” en su anhelo de paternidad a terceros, sino de un creciente mercado de bebés y de un sinnúmero de mujeres que son explotadas con fines reproductivos”.

De acuerdo con la especialista de TAD (THINK• ACTION• DEVELOPMENT), un estudio realizado por Center for Social Researchen 2011, reveló que cerca del 51.7% de las madres de alquiler son analfabetas, en promedio el 40% solo tiene la primaria terminada, y el 38% se dedica al servicio doméstico. “¿Qué nos dicen estos números?, pues que la gran mayoría de mujeres que se alquilan como madres gestantes, son mujeres vulnerables social y económicamente; mujeres que pretenden salir -temporalmente- de su precaria situación económica a costa de ellas mismas, olvidando que su cuerpo no tiene precio, y un hijo menos”.

“Por otro lado, se encuentra lo endeble de nuestra legislación, pues este tipo de explotación de mujeres implica diversas y complejas situaciones que nuestro sistema jurídico no podría regular y resolver satisfactoriamente. Una de las más importantes se refiere a la filiación de la paternidad, es decir, ¿quién, de los distintos padres y madres involucrados en el “pedido” y gestación del bebé tiene derecho sobre él? ¿Cuáles son las circunstancias que lo determinarían?

De acuerdo con la conocida jurista, en la maternidad subrogada pueden existir dos padres: el que paga por el hijo y el que –de ser necesario- aporta el material genético (semen); y hasta 3 madres: la que aporte el material genético (óvulos), la que geste al bebé y la que lo desea y paga por él. “¿Cuál de estos padres/madres lleva la mano a la hora de responder por el bienestar del menor? que finalmente es lo que debería preocuparnos. ¿Qué pasa si la mamá gestante se niega a entregar al hijo? ¿Qué pasa si el hijo nace con algún defecto o malformación y es rechazado por quienes lo encargaron? ¿Y si sólo pagaste por uno y nacen gemelos? Y ¿Si la pareja que lo encargó se separa o uno o ambos cónyuges fallecen durante el período de embarazo? ¿de quién es el hijo ahora?, espero que los legisladores que están promoviendo la legalización de esta práctica tengan las respuestas precisas para que la vida y la dignidad humana prevalezcan por encima de intereses particulares, por legítimos que estos sean”, puntualiza la jurista.