Quien gobierne el próximo sexenio también estará comprometido a pagar más de 2 mil millones de pesos cada año por los esquemas de asociación público-privada contratados por la Administración estatal.

La carga financiera que heredará el Gobernador Rodrigo Medina a su sucesor no se limita a la deuda estatal de 60 mil 411 millones de pesos.

Además de la Torre Administrativa, construida desde el sexenio del ex Gobernador Natividad González Parás, Medina agregó tres proyectos que comprometen recursos públicos.

La obra hidráulica Monterrey VI, los vagones de la Línea 3 del Metro y la ampliación del edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones son obras financiadas con esquemas APP.

Por la Torre y el edificio de la AEI ya están corriendo los pagos; por los vagones, las obligaciones comenzarán a partir del año entrante y por Monterrey VI se estima que sea en el 2018.

La mayor cantidad de recursos, y durante un plazo más largo, se pagará por Monterrey VI, contrato otorgado a un consorcio encabezado por una empresa de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, constructor favorecido por el Gobierno de Enrique Peña y dueño de la llamada "Casa Blanca" de la Primera Dama, Angélica Rivera.

Durante 27 años, Agua y Drenaje hará a este consorcio pagos mensuales por 144 millones 999 mil pesos, que representan mil 739 millones al año.

El total pagado por el proyecto, incluyendo construcción, operación y mantenimiento, será de 46 mil 980 millones de pesos.

Además, el Estado paga actualmente 11 millones de pesos mensuales por la Torre, un monto anual de 132 millones.

El esquema por el edificio tiene un plazo de 24 años y 10 meses y al final la autoridad terminará pagando 4 mil 410 millones de pesos, de acuerdo con los reportes de cuenta pública.

A esto se sumarán pagos mensuales por 3.9 millones de pesos -46.8 millones anuales- por una APP a 20 años contratada en marzo pasado para ampliar el edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones.

En total se pagarán 936 millones de pesos.

Este año, asimismo, Metrorrey concesionó la fabricación de 26 vagones nuevos para la Línea 3 del Metro mediante un mecanismo público-privado, por el que deberá pagar 14.6 millones de pesos mensuales durante 19 años.

Esto deriva en un monto anual de 175.2 millones de pesos, para completar 3 mil 332 millones en el periodo.

Con estos esquemas de APP, el próximo Gobernador o Gobernadora tendrá que pagar 354 millones de pesos anuales a partir del 2016, cantidad que crecerá a 2 mil 093 millones en el 2018, cuando comiencen las obligaciones por Monterrey VI.

Pese a la carga, el Tesorero estatal, Rodolfo Gómez, dijo que el Estado tiene capacidad para pagar.

Gómez estuvo el jueves en Washington, donde promovió las APP ante empresarios y estudiantes, y dejó abierta la posibilidad de que el Estado contrate más esquemas de este tipo.

Esta  mujersalvó a más de 3.000 niños condenados al aborto en las favelas de la Baixada Fluminense, prácticamente sin ninguna atención, ni siquiera de su propio país.

Todo comenzó de manera simple, hace 23 años.

Maria das Dores Hipólito Pires, mejor conocida como Dóris Hipólito, llevaba una vida relativamente confortable como profesora de historia y geografía. La dirección de la escuela donde ella enseñaba le pidió que ayudara a algunas chicas que estaban sufriendo las consecuencias devastadoras de haber abortado.

Dóris juntó material provida para intentar ayudar a aquellas muchachas y difundió el material y la misión entre otros parroquianos.

Con el apoyo del obispo Don Werner Siebembrok y la Legión de María, el pequeño grupo formado por Dóris comenzó a ayudar, en las periferias y favelas, a las mujeres que pensaban que no tenían ninguna alternativa que no fuera abortar.

Aunque el aborto sea ilegal en la mayoría de los casos en Brasil, existen muchas «clínicas» que los realizan ilegalmente en la Baixada Fluminense, una región con 3 millones de personas y con muchas carencias sociales.

Dóris va a la puerta de esas «clínicas» e intenta hablar con esas madres, muchas de las cuales son farmacodependientes y/o están sufriendo mucha presión por parte de terceros para abortar. Ella las incentiva para que tengan a sus hijos, ofreciéndoles apoyo para continuar el embarazo y, principalmente, para transformar sus vidas.

Hace ocho años, Dóris dio un paso muy valiente con el apoyo de su familia: dejar el trabajo y trabajar a tiempo completo con aquellas mujeres desesperadas.

En 2007, encontró a un mujer sin casa, embarazada, con deficiencias físicas y mentales, que vivía debajo de un puente. Dóris alquiló una pequeña casa para cuidarla. No tardó nada en que apareciera en la casa una segunda mujer embarazada también agobiada por las necesidades extremas. Y otra, y otra, y otra más. Dóris entonces estableció formalmente la Casa de Amparo Provida.

Además de mantener un lugar seguro y lleno de cariño para cuidar de esas mujeres y sus hijos, Dóris ayudó a montar centros provida en iglesias locales para que las mujeres embarazadas contaran con más asistencia.

Tanto en estos centros como en la Casa de Amparo, las mujeres embarazadas encuentran formación profesional, atención médica y un lugar donde trabajar y vivir con dignidad, resolviendo las necesidades de los bebés.

Muchas de las mujeres que Dóris recibió se volvieron voluntarias en este mismo trabajo. La hija de una de las mujeres que ella ayudó hace veinte años es hoy voluntaria en la acogida y el cuidado de otras mujeres en situación de gran vulnerabilidad.

La presión política va en aumento en Brasil para que el aborto libre sea legalizado en el país. Existen grupos de ideología feminista radical que trabajan contra la acción provida realizada por Dóris. Ella ya recibió amenazas por teléfono, incluso amenazas de muerte.

Una mujer que fue a inspeccionar la Casa de Amparo vio fotos de los niños que fueron salvados del aborto y exclamó: «Esta casa nunca debería haber existido».

Hoy, Dóris espera ampliar las instalaciones y ya cuenta con la donación de un terreno, pero el proyecto está paralizado por falta de fondos.

Aun con sus limitaciones, Dóris ya fue testigo del triunfo de la vida de 160 niños que fueron salvados de abortos ilegales sólo este año.

Banxico considera que las presiones cambiarias que ha tenido la moneda nacional, y otras divisas, obedecen a la expectativa de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos.

La depreciación del peso frente al dólar, la debilidad de la economía mundial y el escenario social que se vive en México en las últimas semanas han deteriorado el balance de riesgos de la actividad económica y la inflación del País, comentó la Junta de Gobierno del Banco de México.

Aunque la Junta manifestó que la evidencia estadística muestra que los movimientos cambiarios tienen muy bajo efecto en el alza de los precios, no dejó de mostrar su preocupación respecto al impacto que podría tener en la inflación la depreciación sostenida de la moneda nacional.

"Podría representar un riesgo al alza para la inflación, si bien dicho riesgo se compensa en parte por la holgura prevaleciente en la economía. En balance, se estima que los riesgos para la inflación se incrementaron respecto a la decisión anterior", se explica en el comunicado del Banco Central.

Banxico considera que las presiones cambiarias que ha tenido la moneda nacional, y otras divisas, obedecen a la expectativa de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos, así como a la desaceleración de la economía mundial y la caída de los precios de los commodities.

Como esas condiciones no cambiarán en el corto plazo, el Banco Central señaló que no puede descartarse que en el futuro se intensifique la volatilidad en los mercados financieros internacionales.

En tanto, el Banco Central anunció su decisión de mantener en 3 por ciento el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día.

Los funcionarios de los órganos garantes del acceso a la información podrían ser sancionados si tras ordenar la publicación de datos, una instancia acusa que con ese ejercicio se afectó su labor.

Los senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM) modificaron de último minuto la iniciativa de Ley General de Transparencia que crearon junto con la sociedad civil para introducir un artículo con el que se podría sancionar la publicación de información.

Esta contradicción —una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con un artículo que sanciona que los órganos a cargo publiquen información— es para la sociedad civil “una medida para garantizar la opacidad, colocando una cuerda en la garganta de los funcionarios a cargo de garantizar el derecho de acceso a la información”.

El artículo 208 establece que “será causa de sanción imputable a los servidores públicos de los organismos garantes (el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI; o los equivalentes estatales) revelar indebidamente datos confidenciales o información que afecte el cumplimiento de las funciones o pueda ocasionar daños o perjuicios a los sujetos obligados (instancias de Estado obligadas a entregar información ante una solicitud)”.

La sociedad civil lo explica así:

“Si yo pido información sobre la masacre de migrantes en San Fernando y el IFAI decide abrirla, pero según la PGR, entregar esa información afecta sus funciones porque no le permite seguir con la averiguación, entonces habría una sanción para el IFAI. Si no se elimina este artículo, sociedad civil considera que el balance de la Ley ya no es tan positivo. Este artículo va a limitar la función de los órganos garantes al ordenar la apertura de información, no se van arriesgar a ser sancionados”, dijo en entrevista Ana Cristina Ruelas, oficial del programa de Acceso a la información de Artículo 19.

Según Ana Cristina, una de las virtudes de esta ley es que se introduce la facultad del órgano garante de hacer una prueba de interés público —es decir, una prueba para determinar el impacto en la sociedad sobre cierto tipo de información que debería ser pública y no reservarse, privilegiando el derecho a la información—. Sin embargo, con el artículo 208, se abre una puerta para sancionar al IFAI o a los organismos estatales si privilegian ese derecho y ordenan publicar los datos.

“Estando en riesgo van a elegir no hacer la prueba de interés público y se lo va a dejar al poder judicial. Afecta la independencia del órgano garante y a la mera hora los mecanismos de protección del derecho que tienen pues se vuelven otra vez sujetos a la autoridad del poder ejecutivo o de cualquier otro sujeto obligado”.

En la creación de esta iniciativa participaron el Colectivo por la transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas junto con senadores de los cuatro partidos (PRI, PAN, PRD, PVEM). Sin embargo, este artículo se agregó fuera de las mesas de negociación y horas antes de la presentación del documento.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública debe estar aprobada en febrero próximo, según los límites establecidos tras la reforma en la materia. La propuesta de ley que presentaron en el Senado el 2 de diciembre pasado recoge y mejora la que entregó en septiembre el mismo IFAI y la que presentó sociedad civil en abril de este año.