En muchas ocasiones es la misma familia la que vende a la niña a las mafias que les aseguran que la llevan a la capital del país para que trabajen en el servicio doméstico.

Jose Luis Olaizola es padre de nueve hijos. Luego de ser un exitoso abogado cambió las leyes por la literatura. Ahora, tras más de 30 libros publicados en 40 años y habiendo ganado varios premios, entre ellos el Premio Planeta, Olaizola preside “Somos Uno”, una ONG que trabaja para sacar a niñas de la prostitución en Tailandia.

Según explica el escritor hace unos 12 años entró en contacto con él Rasami Krisanami, una profesora de español de la Universidad de Bankok (Tailandia) que le pedía traducir al tailandés su novela ‘Cucho’, con la que había ganado el premio Barco de Vapor. “Y me pedía también los Derechos de Autor, porque los iba a destinar a actividades sin ánimo de lucro”, explica y precisa que se los cedió “más que por generosidad por pereza”.

Sin embargo, al poco tiempo recibió una edición de ‘Cucho’ traducido al tailandés. “Yo no entendía nada, pero vi que era mi libro por la portada”, asegura Olaizola.

Junto a su libro la profesora de español había enviado una fotos de una escuela y de un huerto muy modesto que habían construido con los derechos de autor. “Entonces me di cuenta de que en España sería un ‘donnadie’ pero que en Tailandia me había convertido en un mecenas”, explica el ganador del Premio Planeta.

Invitado por la profesora de español, Olaizola y su mujer visitaron Tailandia y, según cuenta, “nos encontramos con el drama de la prostitución infantil y con el trabajo del misionero jesuita Alfonso de Juan que intentaba combatirla”.

“En el momento en el que conocí al P. Alfonso de Juan, había 50.000 prostitutas menores de 15 años en Bankok. Y eso hizo que me volviera a España tremendamente impresionado, sin embargo pensaba que yo ya había hecho bastante cediendo los derechos de mis libros. Pero esto era el inicio de una aventura”, recuerda el escritor.

Una vez en España Olaizola dio alguna conferencia sobre lo vivido durante ese viaje, “con ese drama a cuestas comencé a contarlo no sé muy bien por qué, y me di cuenta de que la gente respondía dándome dinero y ayudas”, explica.

Llegó a recaudar más de 3.000 euros en una sola sesión para ayudar al P. Alfonso de Juan, “yo pensaba que con eso ya estaba todo hecho, pero al final terminé constituyendo una ONG”.

“Yo soy el presidente de la ONG, mi mujer Marisa es la vicepresidenta y mis ocho hijos los consejeros. Es una ONG artesanal y familiar, con gasto cero. Llevamos 10 años con ‘Somos Uno’ y hasta ahora hemos recogido cerca de 2 millones de euros que en Tailandia es una fortuna inmensa. Hemos logrado escolarizar a cerca de 2000 niñas, 200 de ellas ya están en la universidad”, explica el escritor.

El hecho de que “una niña de los arrozales, de lo más ínfimo de la sociedad tailandesa, que es carne de prostíbulo entre en la universidad es, como dice el P. Alfonso, ‘cambiar el mundo poco a poco’”.

“Lo conté en mi novela ‘La niña del arrozal’, en muchas ocasiones la familia se deja engañar y porque les conviene y les parece que no es tan grave. Por 50 ó 100 euros venden a la niña. Muchas de ellas no saben ni tailandés, porque sólo conocen el dialecto de las montañas y se sienten perdidas y al poco de llegar al prostíbulo contraen el sida”, cuenta.

Cada una de las niñas que el P. Alfonso escolariza gracias a ‘Somos Uno’ cuesta 100 euros y según explica Olaizola “poco a poco se va creando una conciencia”.

La maternidad subrogada es una práctica comercial muy extendida en los últimos años en Tailandia, gracias a un vacío legal.

El proyecto de ley, que prevé penas de hasta 10 años de prisión para quienes obtengan beneficios de una gestación por cuenta ajena, fue adoptada el jueves “casi por unanimidad”, explicó el viernes a la AFP el diputado Wallop Tungkananurak.

“Queremos poner fin a la idea de los extranjeros de que Tailandia es una fábrica de bebés”, añadió.

La junta en el poder desde un golpe de Estado el pasado mayo anunció su intención de acabar con el comercio de las madres de alquiler tras una serie de escándalos mediáticos, como el de una pareja australiana que abandonó a un niño con síndrome de Down a la joven de 21 años que lo había gestado mientras se llevaba del país a su hermana gemela sana.

Según el consejo médico de Tailandia, más de un centenar de clínicas privadas se han especializado en la reproducción asistida, por medios que incluyen los vientres de alquiler.

La junta ha prometido estudiar caso por caso los expedientes de cientos de bebés que se habrían quedado bloqueados en Tailandia con sus padres biológicos, muchos de los cuales proceden precisamente de Australia.

El sitio web contendrá datos de los 25 millones de alumnos de educación básica del país, estadísticas generales, niveles educativos, tipo de escuela y se pueden consultar por entidad, municipio y localidad.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) puso en marcha el sitio web del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), el cual contiene información, confiable y estructurada, de los 25 millones de alumnos de educación básica del país, estadísticas generales, niveles educativos, tipo de escuela, desagregados por entidad, municipio y localidad.

La página de internet también muestra información sobre discapacidad, medios de acceso al servicio educativo, tiempos de traslado y resultados de la prueba Enlace.

El director del portal, Sergio Zavala Mendoza, indicó que el portal podrá ser consultado por investigadores, tomadores de decisión, autoridades, encargados de procesos de evaluación y planeación, así como la sociedad en su conjunto.

Al hablar sobre la información de los trabajadores que podrá ser consultada, Zavala Mendoza precisó que se podrá tener información sobre sexo, nivel educativo y tipo de escuela. Además se podrán consultar datos sobre formación académica, funciones que desempeña y trayectoria, así como el “Detalle de la Nómina Educativa Federal 2013”, dado que “no hay facultad para solicitar información a los estados”.

El portal también exhibirá datos sobre la disponibilidad de servicios con que cuentan los planteles, como luz, agua, drenaje, Internet, condiciones de infraestructura y consejos de participación social.
Con el lanzamiento del portal, la SEP cumple con la reforma educativa y reafirma su compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, aseguró el subsecretario de Planeación y Evaluación Educativa de la SEP, Javier Treviño.

“El inicio de la operación del Portal del SIGED representa uno de los trabajos más ambiciosos emprendidos por la SEP para dar cumplimiento al mandato constitucional emanado de la Reforma Educativa “, expuso.

Añadió que la página www.siged.sep.gob.mx facilitará la búsqueda de escuelas, el conocimiento sobre las condiciones de los planteles, así como la formación y trayectoria de sus maestros.

El subsecretario de Educación Básica, Alberto Kuri Naime, explicó que la información educativa se mostrará en tableros de datos estadísticos y se complementa con el acceso a la información registral de alumnos, maestros y escuelas.

“El Portal de Sistema de Información y Gestión Educativa constituye un extraordinario esfuerzo para consolidar la información del Sector y facilitar así su acceso, tanto a las autoridades educativas, como a la sociedad en general”, puntualizó.

Las directrices no se aplicarán a chequeos de seguridad en aeropuertos y fronteras y no serán de cumplimiento obligatorio para agencias policiales locales y estatales.

El gobierno del presidente Barack Obama emitió el lunes directrices que prohíben a las agencias federales del orden etiquetar a la gente por su raza, religión u otras características personales, en unos protocolos que el Departamento de Justicia espera sirvan de modelo para departamentos locales en momentos en que Estados Unidos lidia con cuestionamientos sobre el papel que la raza desempeña en las tareas policiales.

Las directrices, que expanden las establecidas hace una década bajo el gobierno de George W. Bush, requerirán además nuevo entrenamiento y compilación de datos.

Aunque las directrices —que han sido elaboradas desde hace cinco años— no fueron redactadas en respuesta a recientes casos de muertes de hombres negros desarmados a manos de policías blancos, son dadas a conocer en medio de un debate nacional sobre los estándares del uso de la fuerza por la policía, justicia racial y el tratamiento de minorías por las agencias del orden.

“Particularmente a la luz de ciertos incidentes recientes que hemos vistos a nivel local — y las abundantes preocupaciones sobre confianza en el proceso de justicia criminal que tanta gente ha mencionado en toda la nación — es imperativo que tomemos todas las medidas posibles para instituir prácticas policiales buenas y fuertes”, dijo el secretario de Justicia Eric Holder, en alusión a la muerte a tiros en agosto de un adolescente negro desarmado a manos de un policía blanco en Ferguson, Misuri, y la muerte por llave de estrangulamiento de un hombre negro semanas antes en Nueva York.

Jurados investigadores locales declinaron presentar cargos formales contra los policías involucrados. El departamento de Justicia investiga los dos casos.

Las directrices son aplicables a agencias federales bajo el Departamento de Justicia, incluyendo el FBI, la agencia federal antidrogas DEA y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. SE extienden además a agentes de departamentos locales que integren fuerzas especiales conjuntas con agentes federales.

Su impacto práctico está por verse, especialmente porque los agentes policiales locales son mayormente los responsables por paradas de tráfico, respuesta a llamadas de emergencias e interacciones diarias con las comunidades que patrullan, pero el gobierno federal ve las reglas como posible modelo a seguir por las agencias policiales locales y Holder va a reunirse el lunes con funcionarios locales para alentarles a adoptar las directrices federales.

Holder, que hizo de la implementación de las directrices una prioridad antes de dejar el cargo el año próximo, las calificó de “un paso grande e importante para asegurar políticas policiales efectivas” por las agencias federales del orden.

Las directrices extienden una prohibición de la catalogación racial de rutina anunciada en 2003 por el entonces secretario de Justicia John Ashcroft. Grupos de derechos civiles han dicho desde hace tiempo que esas reglas dejaban demasiadas lagunas, al permitir exenciones por razones de seguridad nacional e investigaciones fronterizas y al no extender la prohibición a características más allá de raza y etnia.

Las nuevas directrices eliminarían la exención para las investigaciones fronterizas y de seguridad nacional y extenderían la prohibición de la práctica a razones religiosas, origen nacional género, orientación sexual e identidad sexual — aunque los agentes pueden considerar esos factores si tienen información que vincula a una persona de esas características a un delito o amenaza específica.