Muchos hispanos indocumentados permanecen escépticos y afirman que no vale la pena arriesgarse a salir de las sombras por los nuevos beneficios temporales ofrecidos por la Casa Blanca.

En un discurso a la nación el jueves por la noche, Obama ofreció detalles sobre un decreto que permitirá a unos 4.4 millones de padres de ciudadanos estadunidenses y residentes permanentes vivir temporalmente en Estados Unidos, sin la amenaza de una deportación.

Aunque las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos conocían los detalles del discurso, muchos hispanos indocumentados permanecían escépticos y afirmaban que no valía la pena arriesgarse a salir de las sombras por los nuevos beneficios temporales ofrecidos por la Casa Blanca.

“No quiero seguir viviendo a escondidas”, dijo Martínez, una salvadoreña de 34 años, y agregó que sería feliz de inscribirse y pagar una multa para evitar ser deportada.

“Pero si remueven el programa, eso significaría la deportación automática”, añadió, y dijo que ella y su marido, también indocumentado, podrían estar mejor fuera de la vista de las autoridades hasta que se llegue a una solución permanente.

Aunque la medida de Obama para padres de niños que son ciudadanos estadunidenses o residentes legales permanentes podría ofrecer un estatus temporal a hasta 5 millones de inmigrantes, sus muchas limitaciones superan a sus beneficios, según expertos.

“Es un paso en la dirección correcta, pero no va a cumplir su objetivo”, dijo Cheryl Little, una veterana abogada de inmigración y directora de Americans for Immigrant Justice, con sede en Miami.

“La acción aplazada no es estatus legal, simplemente es una prórroga temporal de la deportación”, agregó.

Los postulantes elegibles tendrán que entregar todos los documentos relevantes a las autoridades inmigratorias, incluyendo información sobre por cuánto tiempo han estado en el país, su fuente de ingresos y lugar de trabajo.

Los inmigrantes que han vivido ilegalmente en Estados Unidos por muchos años pueden tener miedo a postular al programa ante la posibilidad de que los deporten en el futuro si se acaba su estatus temporal, así como también a multas elevadas y exposición a cuentas médicas impagas, dijo Mark Hugo López, del Centro Hispánico Pew.

“Quién sabe quién será el próximo presidente y si puedan retirar esta protección”, comentó.

También es posible que los inmigrantes carezcan de la documentación apropiada para probar su elegibilidad, agregó, lo que se traduce en una enorme incertidumbre respecto a los beneficios que pudiera traer la postulación al programa.

La Acción Aplazada para Arribos durante la Niñez (DACA, por su sigla en inglés) ofrece un permiso de trabajo de dos años para adultos jóvenes de entre 15 y 30 años que hayan sido llevados a Estados Unidos en forma ilegal durante su niñez.

La acción ejecutiva de Obama es la medida más significativa para proteger a inmigrantes no autorizados desde 1986, cuando el Congreso aprobó una legislación que permitió obtener la residencia a casi tres millones de inmigrantes ilegales en el país, y finalmente la ciudadanía estadunidense.

La coerción de padres o pareja, o de un tercero, con o sin violencia doméstica, es el 44.4 por ciento de la causa por la cual las mujeres buscan abortar.

¿Cómo están, queridos amigos de Yo Influyo? Los saluda Alejandra Diener.

Voy a continuar platicando del estudio que sacó el Melisa Institute, en Chile, sobre el aborto provocado relacionado con la mortalidad materna.

Recuerdan ustedes que hablamos que en los países en donde más permitido está el aborto más mortalidad materna por aborto provocado se da. Y en países en donde está prohibido el aborto, como lo es

Chile, que desde 1989 lo prohibió, la mortalidad materna por aborto provocado es casi nula.

Más que ser provida o prochoice, más que nada, hay que ser personas que buscan prevenir el aborto. Prevengamos el aborto. Eso es a lo que los exhorto a todos ustedes.

Pero ¿cómo lo vamos a prevenir? Vamos a prevenirlo haciendo algo por las mujeres en situaciones vulnerables. Por ejemplo, este estudio habla de la disminución de la morbilidad por aborto provocado, que sería dado gracias a la expansión gradual en el país chileno de programas preventivos por parte de la sociedad civil.

En México tenemos a Vifac y a Yoliguani, entre otras, que son casas-hogar que dan acogimiento a las mujeres que se sienten totalmente abandonadas y que la única opción que ven ellas es el aborto.

El aborto no es la solución. Eso es lo que la “cultura de la muerte” nos está vendiendo costantemente, eso es lo que la “cultura del descarte” nos hace creer; y a las mujeres, ofuscadas por su situación, las lleva a consumir de esta industría del aborto, que es la industria de la muerte más terrible.

Este estudio chileno del Melisa Institute, comandado por el doctor Elard Koch, nos habla que la coerción de padres o pareja, o de un tercero, con o sin violencia doméstica, es el 44.4 por ciento de la causa por la cual las mujeres buscan abortar.

También está la interferencia por espectativas de vida, el 22.8 por ciento; el ocultamiento del embarazo por temor o reacción de padres o pareja, esto es el 20. 4 por ciento; otro porcentaje, quizá el más bajo, y lo que la gente dice es proaborto, es que ¿por qué vamos a hacer que esa mujer tenga un bebé si fue violada? Resulta que en este estudio que han hecho estos científicos chilenos que el abuso sexual reiterado, violación e incesto lleva a la mujer a pensar en el aborto, en 2.1 por ciento; el abandono de la pareja, en 1.9 por ciento; y problemas de tipo psicológico o emocional, el 1.9 por ciento.

Por lo que estamos viendo, el mayor porcentaje, que es alrededor de un 70 por ciento, es por violencia doméstica, por abandono de hogar, porque los papás y las parejas no apoyan a las mujeres. Es entonces que ellas no se sienten entendidas, comprendidas, y amadas; y por eso es este embudo que las lleva a decidirse por el aborto. Pero no es porque lo estén haciendo por propia voluntad, sino porque el mundo les ha cerrado las puertas y las ha descartado.

Por eso, los invito a prevenir el aborto. ¡Prevengamos el aborto! ¿Cómo? Dándoles soluciones de vida a las mujeres en situaciones vulnerables.

Malas dietas y falta de ejercicio son responsables de casi 10% de todas las enfermedades.

Organizaciones internacionales y 170 gobiernos se comprometieron este miércoles a combatir la malnutrición y dijeron que aunque la hambruna ha disminuido, la mitad de la población mundial es afectada de alguna manera por problemas nutricionales.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaron que la hambruna global ha bajado 21 por ciento desde 1992.

Sin embargo, personas que viven en una misma comunidad o incluso en el mismo hogar sufren en forma variable de hambre, deficiencias en micronutrientes y obesidad.

La FAO y la OMS llamaron a políticos, científicos, sociedad civil y sector privado a renovar esfuerzos para fijarse objetivos más ambiciosos y erradicar la desnutrición en el planeta.

Parte de nuestro desequilibrado mundo muere aún de hambre, y otra parte se ceba hasta la obesidad, hasta tal punto que la esperanza de vida vuelve a retroceder, recordó Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al arrancar la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2).

Las agencias se reunieron en una conferencia aquí con ministros de Salud, Alimentación y Agricultura de 170 países y adoptaron la Declaración de Roma sobre la alimentación y un marco de acción que incluye 60 recomendaciones para luchar contra la desnutrición, las carencias alimenticias y la obesidad.

La directora general de la OMS, Margaret Chan, declaró a los delegados que la desigualdad social y de ingresos, y las brechas entre los niveles de nutrición son las más altas de las que se tenga memoria.

Algo está mal. Parte de nuestro desequilibrado mundo aún se muere de hambre, mientras otras partes se llenan de comida a un nivel de obesidad tan propagado, que reduce las cifras de expectativa de vida y dispara el costo en salud a cifras astronómicas, sostuvo Chan.

La funcionaria afirmó que debería haber reglas sobre consumo máximo de alimentos para proteger a la población de enfermedades vinculadas a la dieta.

De acuerdo con la declaración sobre nutrición, las malas dietas y la falta de ejercicio son responsables de casi 10 por ciento de todas las enfermedades y discapacidades.

Chan criticó el intento por contener la propagación del virus del ébola en África occidental con la prohibición a la carne de caza. Si se prohíbe la caza, venta y consumo de esta comida, la gente muere de hambre, comentó.

Tenemos que ir más lejos. Nuestra responsabilidad es transformar estos compromisos en resultados concretos. Espero que en esta conferencia anunciemos objetivos que vayan más allá de lo que ya ha sido fijado insistió José Graziano da Silva, director general de la FAO.

Los debates y les mesas redondas proseguirán hasta el viernes en la sede de la FAO en Roma, donde el papa Francisco es esperado esta mañana.

La versión aprobada en el Congreso Nacional mantiene las sanciones penales de dos a tres años de prisión en contra de todas las mujeres que se provocan un aborto y en contra de todos los que cooperan con la interrupción de su embarazo.

Amnistía Internacional (AI) advirtió hoy de que si el presidente dominicano Danilo Medina promulga como ley la reforma del Código Penal, que mantiene la plena penalización del aborto y fue aprobada ayer por el Congreso Nacional en el país, se estaría violando los derechos de las mujeres y las niñas.

La organización recordó en un comunicado difundido en Santo Domingo que, en junio de 2013, la cámara baja dominicana aprobó un proyecto de reforma del Código Penal, que introdujo una excepción a la prohibición total del país sobre el aborto.

"Esto permitió la posibilidad de despenalizar el aborto cuando la vida de la mujer estuviera en peligro por el embarazo", expresó la organización defensora de los derechos humanos.

Sin embargo, sostuvo que tras las presiones de la Iglesia Católica, el Senado eliminó esta disposición, y ayer la Cámara de Diputados aprobó la versión de la cámara alta.

"El personal médico o farmacéutico que facilita o asiste en abortos también es castigado con una pena de prisión entre cuatro y 10 años", expuso Amnistía Internacional.

Además, la organización explicó que si una mujer muere como consecuencia del aborto, la sanción penal en contra de las personas que hayan facilitado o asistido en la interrupción del embarazo de la fallecida se incrementa a entre 20 y 30 años.

Este código, que ya fue aprobado por el Senado en junio pasado, deroga el viejo Código Penal que data de hace 130 años.

La iniciativa, que llevaba más de 14 años en el Congreso Nacional, contó con el voto favorable de 132 diputados, mientras 11 se abstuvieron y tres votaron en contra.

"La penalización del aborto en todas las circunstancias, como se mantiene en la nueva legislación, viola los derechos de las mujeres a la vida, la salud y la libertad frente a la discriminación y la tortura o los malos tratos, contraviniendo las obligaciones internacionales de derechos humanos de la República Dominicana", dijo Amnistía Internacional.

En este sentido, llamó al presidente Medina a garantizar el acceso al aborto en la legislación y en la práctica, como mínimo, en los casos en los que el embarazo supone un riesgo para la vida o para la salud física o mental de una mujer o niña embarazada, así como en los que el feto no será capaz de sobrevivir fuera del útero, y en aquellos casos en los que el embarazo es producto de una violación o incesto.

La organización defensora de los derechos humanos aseguró que la penalización del aborto disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un "efecto escalofriante" sobre los médicos, que tienen miedo de proporcionar tratamiento para salvar las vidas de mujeres que están en riesgo por el embarazo o que sufren complicaciones de un aborto inseguro.

El Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-INTEC), que forma parte del movimiento feminista y de mujeres, dijo hoy que la decisión tomada por los diputados "reitera la negación de derechos que hemos estado reclamando por años".