Desde el año 2010, logrado el aborto libre, la izquierda se ha lanzado a lograr la eutanasia libre para que se pueda matar también al final de la vida. En España ya hay seis leyes pro-eutanásicas y tres más están en camino en Asturias, Valencia y Madrid.

Logrado el objetivo del aborto libre, alcanzado por la izquierda española en 2009, la primavera de 2010 alumbró en Andalucía la primera ley de eutanasia en España.

Desde entonces, otras cinco Comunidades Autónomas han seguido sus pasos, tomando como modelo la impulsada fundamentalmente por el PSOE, IU o Podemos.

Ciudadanos registró el pasado mes de diciembre una proposición de ley de eutanasia que pretende unificar los preceptos dispersos en las normas autonómicas y que incluye “la sedación terminal a instancias del paciente y cuando el dolor no se pueda controlar”.

En el Partido Popular en general, se han mostrado contrarios a apoyar abiertamente el suicidio asistido o una ley de eutanasia como la que proponen otros grupos basada casi en exclusiva en la voluntad del paciente por encima del criterio médico.

Pero sí han llegado a acuerdos hasta aprobar leyes por unanimidad en Galicia y la Comunidad vasca, por ejemplo.

En la actualidad, además de Andalucía, cuentan con una ley que permite, e incluso obliga, a poner en marcha prácticas eutanásicas: Aragón, Baleares, Canarias, Galicia y País Vasco. Todas ellas han partido del modelo andaluz.

A este grupo de seis habrá que incorporar las que se están impulsando por los gobiernos en la Comunidad Valenciana y en el Principado de Asturias, ya en tramitación avanzada.

En la Comunidad de Madrid, el PSOE presentó una proposición de ley en el mes de mayo de 2015 que fue apoyada por todos los grupos para iniciar su tramitación, aunque con matices.

El Partido Popular de Madrid, a través de su portavoz de Sanidad Diego Sanjuanbenito, manifestó entonces que apoyaría medidas para mejorar la atención a los enfermos y a sus familias, que rechazaría “cualquier eutanasia encubierta” o “sedación final inadecuada”.

Ante la situación migratoria en la frontera norte de México, gobernadores de los estados de esta región y el titular de la Conago, Graco Ramírez, demandaron la creación de un “fondo de fronteridad”, que estaría destinado a solventar los costos de repatriación y estancia de migrantes.

En una reunión de trabajo, los mandatarios de los estados fronterizos entre los que estuvieron Javier Corral y Jaime Rodríguez, urgieron la cooperación del Gobierno Federal en problemáticas como migración, crimen organizado, y el precio de la energía eléctrica y los combustibles.

De acuerdo con la Declaración Nuevo Laredo, a la que llegaron los gobernadores durante el encuentro, exigieron un cambio en políticas públicas de migración, para que pasen del enfoque de seguridad nacional hacia uno con acento en seguridad humana.

Además, ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca el próximo 20 de enero, exigieron acciones inmediatas por parte de la Federación para defender las relaciones bilaterales y el libre comercio de América del Norte, así como para atender la deportación de millones de connacionales.

En ausencia de la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, los funcionarios anunciaron la conformación de la Alianza Política de Gobernadores de la Frontera Norte, a través de la cual impulsarán sus demandas, como la no reducción de los fondos de seguridad y el incremento al fondo de apoyo al migrante.

Finalmente, anunciaron la promoción de reuniones con autoridades de la frontera sur de Estados Unidos, para lograr una agenda que fortalezca la franja como región binacional.

Acompañando a Ramírez estuvieron Javier Corral, gobernador de Chihuahua; Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas; Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, y Francisco Vega, gobernador de Baja California

¿Sabes cuál es la principal variable que aboca a los menores a una adicción?

Un día, en medio de una discusión, Gabriel (nombre ficticio) le partió la nariz a su padre. ¿El motivo? Le había desconectado el router y le dejó sin internet.

La violencia, al principio solo verbal, había ido en aumento desde que en casa se descubrió lo que hacía Gabriel: cada mañana, en lugar de ir a clase, se dirigía a la FNAC, un centro comercial en Madrid, para pasar horas jugando y probando de manera gratuita diferentes videojuegos.

Cuando saltó la alerta en el colegio, los padres no supieron reaccionar bien y optaron por la vía del castigo severo. Tras varias discusiones subidas de tono y el mencionado episodio de violencia filioparental, al final todos acudieron a un profesional para abordar el tratamiento: no solo para Gabriel, sino para toda su familia.

El VI Barómetro de la Familia The Family Watch, patrocinado por Madrid Vivo y presentado la semana pasada en Madrid, ha puesto de manifiesto que la adicción de los menores a internet, a los videojuegos y a las redes sociales es una de las principales preocupaciones de las familias españolas.

La encuesta, realizada por GAD3, señala que casi el 100 % de los encuestados manifiesta su preocupación por los riesgos de la red, y para un 62,5 % la comunicación en las familias ha empeorado a pesar de las nuevas tecnologías.

El barómetro revela que ha aumentado la percepción de que los jóvenes están consumiendo cada vez más alcohol y pornografía, una tendencia que discurre paralela a una disminución de la comunicación en el seno de las familias.

El estudio apunta también a las actividades en familia como posible solución, junto a la necesidad de que los padres sean más estrictos con sus hijos en asuntos como el consumo de alcohol, el empleo de internet y redes sociales, o los horarios de llegada a casa.

"Una hija vale por 10 hijos", fue el desesperado mensaje del gobierno de Corea del Sur.

Lo emitió hace tres décadas, cuando la brecha de género era tan alta que por cada 100 niñas, nacían en el país asiático 116,5 niños.

La preferencia por los hijos varones, a quienes se consideraba garantes del linaje y sostén de la familia, se remontaba a siglos atrás.

Pero en la década de 1980 se había alcanzado un pico.

"Existía la idea de que las hijas dejaban de formar parte de la familia cuando se casaban", le dice Park-Cha Okkyung, la directora ejecutiva de la Asociación Coreana de Mujeres Unidas, a la BBC.

Así, en un intento de reducir la incidencia de los abortos selectivos —una de las razones de la brecha — , en 1988 se promulgó una ley que prohibía a los médicos revelar a los padres el sexo del feto.

Al mismo tiempo, cada vez más mujeres accedían a la educación formal y se incorporaban al mercado laboral, desafiando así la convención de que era el hombre el que proveía al hogar.

La estrategia funcionó, aunque fue la combinación de una serie de factores la que permitió equilibrar la población del país asiático en términos de género.

En su informe titulado ¿Por qué está disminuyendo la preferencia por los hijos en Corea del Sur? y publicado en 2007, el Banco Mundial reconocía el esfuerzo y determinaba que era "la primera nación en Asia en revertir la tendencia de una brecha de género creciente".