Si los niños están sexualizados destruyen su sentido de la vergüenza, su relación con sus padres y su relación con la autoridad.

El Senado de México aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que usa conceptos ambiguos, no reconocidos ni en el Derecho Internacional ni en el Derecho Positivo Mexicano.

Ciertamente es necesario legislar a favor de los más pequeños, y que se busque su bienestar y su desarrollo, garantizándoles verdadera protección, pero lo que esa ley busca es precisamente la desprotección.

De algún modo se trata de arrebatar a los padres de familia la patria potestad.

Los derechos sexuales y reproductivos son unos derechos inventados en el extranjero para llevar a los jóvenes a la promiscuidad y a la corrupción. Incluyen: aborto, esterilización, mutilación genital, reasignación de sexo, libertinaje, anticonceptivos libres y gratuitos, un supuesto “derecho” al placer y todo tipo de desviaciones antinaturales. Entre otras cosas, se permitiría proporcionar a las niñas la píldora anticonceptiva sin el conocimiento y sin el consentimiento de sus padres. Los “derechos sexuales y reproductivos” no existen legalmente, son un invento ideológico sin soporte legal. Ahora falta que esa ley pase a la Cámara de Diputados.

De este elenco se deduce con facilidad que los “derechos sexuales y reproductivos” son, en realidad, un programa de transformación de la moral de la sexualidad y de la vida, una agenda política para el cambio de las costumbres sexuales y familiares de los pueblos, particularmente de los pueblos latinoamericanos de tradición católica. Sobre estos últimos existe una profunda ofensiva cultural y política para cambiar el sentido de sus constituciones y sus programas de educación de la sexualidad.

El término salud reproductiva se divulga masivamente por la ONU. Incluir la llamada salud reproductiva entre los derechos humanos es parte de la "reintrepretación" de los derechos humanos para ponerlos al servicio de un proyecto de poder global de los países centrales. Dicen querer ayudar y proteger a que los jóvenes, y evitar embarazos no deseados, pero de castidad ni hablan.

Frente a la lógica del estatalismo, la soberanía de la familia

Los que promueven los derechos sexuales y reproductivos tienen el claro riesgo de vaciar la riqueza de lo familiar para hacer del individuo un elemento más dependiente de la maquinaria del Estado. Lejos de potenciar la libertad personal de crear una familia, se está favoreciendo un intervencionismo del Estado que reduce las esferas del mundo personal. La aventura de amar como esposo y como esposa, como padres y como hijos es perseguida y sustituida por la presunta comodidad de aniquilar procreación y vida.

El mejor antídoto de una interpretación individualista radical de los derechos humanos es una defensa de los derechos de la familia en los que se plantea un programa integral de acción pública a favor de la vocación al amor del varón y de la mujer.

Finalmente, los “derechos sexuales y reproductivos” plantean un horizonte de vivencia de la sexualidad que resulta desencarnada, calculista, alucinatoria. Sexualidad, vida y familia se mueven dentro de la lógica de lo corporal, que no resulta nunca tan maleable como lo mental o lo imaginario, sino que tiene un imperativo de realismo ante el ser humano. La sexualidad es una dimensión de la persona, de cuya educación o ausencia de la misma se deducen las posibilidades reales de felicidad humana.