Falta de infraestructura, personal, que no se garantice el debido proceso a los solicitantes de asilo, o el desconocimiento por parte de las mismas autoridades, es a lo que se enfrentan los migrantes.

La segunda vez que Arlen José huyó de Honduras guardaba en el bolsillo lo equivalente a mil pesos mexicanos y la cicatriz fresca de un balazo en el gemelo de su pierna izquierda.

Al momento de salir con lo puesto de San Pedro Sula, su ciudad natal, el hondureño de 18 años llevaba al menos dos meses recluido en su casa. Tenía pánico a dejarse ver por el vecindario, narra en entrevista con Animal Político en el albergue Tochán, en el DF, porque tras ser deportado de Estados Unidos –a donde migró en un primer intento- los mareros a los que había conseguido evadir unos meses antes para evitar ser reclutado a la fuerza lo esperaban para darle sentencia.

“A la Mara vos no le podés decir no”, dice el joven con una sonrisa cansada mientras se acaricia la aparatosa marca de la pierna, como si aún recordara el tacto frío del plomo abrasándole la piel.

Ahora Arlen está en México. Después de que en Estados Unidos le negaran ayuda para solicitar ante un juez la condición de refugiado –el abogado de oficio se encogió de hombros cuando el hondureño le argumentó que no podía ser deportado porque su vida corría peligro si regresaba a su país-, Arlen consiguió, gracias a la ayuda de activistas religiosos y a organizaciones de la sociedad civil, que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR) le concediera asilo tras meses de trámites burocráticos.

Cuestionado si conocía las dificultades que enfrentan miles de centroamericanos para conseguir refugio, Arlen admite que es consciente de que su historia con un final feliz es una rara excepción en México, país que a pesar de su histórica imagen de lugar de asilo para las personas que huyen por algún motivo, no está abriendo la puerta. Al contrario, según las estadísticas de la COMAR, de las 4 mil 589 solicitudes recibidas en 2013 –la cifra se cuadriplicó en comparación con 2012, cuando se recibieron mil 296- sólo se aprobaron mil 134. Es decir, que apenas un 24.7% de las peticiones de refugio fueron aceptadas. El resto recibió la orden de ser expulsados de México y devueltos a las colonias de las que salieron huyendo.

“México está muy lejos de ese otro México de los años 80, cuando se hablaba de un país muy solidario con los refugiados. Ahora estamos viviendo retos muy fuertes de violencia, y sin embargo México no está a la altura. No está adoptando un grado de solidaridad mayor en relación a la violencia que se vive en Centroamérica, ni está teniendo en cuenta las necesidades de protección internacional que tienen tanto centroamericanos, como los mexicanos que migran a Estados Unidos”, expone en entrevista Nancy Pérez, directora de Sin Fronteras, organización de la sociedad civil que, junto con otras 150 organizaciones de 14 países de las Américas, presentó el pasado lunes 27 de octubre en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el documento ‘Iniciativa Cartagena +30’; un estudio en el que las organizaciones exponen los avances y desafíos en materia de protección internacional en toda la región latinoamericana.