Ni autoridades ni CNDH apoyan a migrantes que se animan a denunciar a extorsionadores.
Edwin Alexander Medina Rosales, quien declara ser hondureño y tener 30 años, fue capturado en flagrancia, en Tierra Blanca, Veracruz, el 12 de enero de 2014, junto con otros dos delincuentes, cuando extorsionaba a migrantes centroamericanos en las vías del tren. Diez meses después, el mismo sujeto reaparece –lunes 24 de noviembre– en Hidalgo, libre y en acción, es decir, asaltando a más migrantes, en la misma ruta que siguen los trabajadores que buscan llegar desde la frontera sur al norte por las rutas ferroviarias. Esta vez actuaba junto con el guanajuatense Roberto Sotelo Govea.
Los dos presuntos secuestradores fueron internados ayer en el Cereso de Tula, gracias a que los migrantes que sobrevivieron al asalto insistieron en levantar una denuncia ante el Ministerio Público de Tlaxcoapan, comunidad aledaña, donde se inició la averiguación previa 16/TLAX/973/2014 por los delitos de robo y lo que resulte.
Pero a pesar de que los migrantes manifestaron desde un principio su determinación de denunciar penalmente a sus agresores –decisión nada fácil, en su condición de indocumentados–, las autoridades locales tardaron 16 horas (desde las 2.30 de la tarde hasta las cuatro de la madrugada) en abrir la averiguación previa. En ningún momento los migrantes, hondureños y guatemaltecos, entre ellos una mujer y dos menores, fueron asistidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque se solicitó su intervención a través de Javier Tapia, de la Quinta Visitaduría. Tampoco fueron notificados sus representantes consulares.
