La necesidad de reforzar la institución matrimonial se presenta claramente al observar fenómenos como el que ocurre actualmente en España.

Miles de parejas deciden romper su relación después de las vacaciones de verano y sus demandas abarrotan los juzgados a partir de octubre. Hasta aquí, lo habitual. Pero esta vez ha ido un poco más lejos.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2014, en España se han registrado 27.266 peticiones de divorcio, un 12,5% más que en el mismo periodo de 2013, según una encuesta del Consejo General del Poder Judicial publicada este lunes. Tres de cada cinco (16.456) se han presentado de mutuo acuerdo. El resto (10.810) han sido no consensuadas.

El psicólogo cordobés José Manuel Aguilar, que ha recibido en su consulta a más de 1.800 parejas con problemas, incide en que septiembre es, sin duda, el mes en el que más rupturas se producen.

“Durante el año se suelen aplazar los problemas, ya sea porque la pareja apenas coincide o porque, cuando lo hace, está demasiado cansada para discutir. Pero en verano pasa muchas horas junta, y ahí es cuando ambos se dan cuenta de que la relación está rota, que chocan por nimiedades y que les falta comunicación", explica este profesional con casi dos décadas de experiencia.

Tras una tendencia a la baja que comenzó en 2007 y que se acentuó con la llegada de la crisis, la cifra de rupturas empezó a subir de nuevo en 2010 y continúa haciéndolo poco a poco. “Sin duda es un indicador de que las familias han experimentado una leve mejora económica; hace no tanto, muchos matrimonios no se divorciaban porque no podían costearse el procedimiento”, opina Aguilar. José Luis Utrera, titular del Juzgado de Familia número 5 de Málaga, no lo ve tan claro: “Entre 2006 y 2007 mucha gente se aprovechó del llamado divorcio exprés para regularizar su situación; a partir de ahí se ha ido recuperando el nivel. Donde sí influye es en la forma: la gente prefiere hacerlo de mutuo acuerdo porque es más barato”. El magistrado, que ha divorciado a más de 15.000 matrimonios, calcula que de esta forma cuesta unos 1.500 euros, frente a los 3.000 que te llevan por lo contencioso. Si se decide recurrir, solo las tasas de apelación son unos 800.

Las peticiones de mutuo acuerdo han aumentado en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias y Navarra. Si se consideran todas las causas de disolución (divorcio, separación y nulidad), el mayor aumento proporcional se ha dado en Madrid, con un crecimiento del 29,2%. La media nacional está en el 12,2%, y solo una comunidad, Cantabria, muestra una evolución negativa (descienden un 3,9%). Estas grandes diferencias también se observan si se toman los datos en función de la población. Por ejemplo, en el País Vasco se disuelven 44 matrimonios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Canarias lo hacen 73, un 65% más.

La economía también hace mella en el aumento de procedimientos para modificar las condiciones pactadas tras la separación, como la guardia y custodia o la pensión alimenticia de los hijos. Así, de julio a septiembre se han iniciado 1.928 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 20,3% más que en el mismo periodo del año anterior, y 6.839 procedimientos de modificación de medidas no consensuadas, un 10% más. “El conflicto no acaba con la sentencia de divorcio. Y claro, es más fácil negociar cuando hay buenos ingresos que cuando uno o ambos padres están en el paro”, sostiene Utrera.

Previsor, el magistrado lanza una reflexión de cara a enero, justo después de la Navidad, cuando las rupturas vuelven a pegar ese repunte. Los motivos son similares a los del verano. “Lo malo no es divorciarse, sino divorciarse mal. Y lo que nosotros percibimos en los juzgados es que en muchos casos los intereses de los adultos, las cuestiones económicas, están por encima de los hijos. Con el agravante de que a veces se les utiliza como instrumento en una guerra que no es suya”, concluye.