Entre otras cosas, cuestionan que se presente el aborto como «interrupción legal del embarazo» (ILE) creando así confusión y una mejor predisposición al aborto en el ciudadano medio.

La Corporación de Abogados Católicos adhirió a la declaración de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina y de otras asociaciones y grupos de ciudadanos preocupados y alarmados por la aparición del llamado «Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo» y advirtió que el documento ministerial «contraría severamente normas superiores y vigentes», por lo que «vulnera derechos, sosteniendo ampararlos». Cuestionó que se presente el aborto como un «derecho humano», siendo que es un acto condenable y un delito, y que «invada un área exclusiva de la libertad de las personas al pretender regular el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, eliminando ese derecho directamente como tal en determinados casos».

La entidad advirtió que «la edición de este «protocolo» muestra la audacia de sus mentores, pues la misma no sólo viola expresas disposiciones de la Constitución Nacional, tratados internacionales que la República Argentina ha hecho propios y -sin duda- principios que emanan del derecho natural. Exhibe un desparpajo en el dictado de normas que regulan conductas ilegales que se vuelven obligatorias, sanciones por incumplimiento, creación de derechos inexistentes en contraposición con normas superiores y un claro exceso de facultades del Poder Ejecutivo».

Los abogados católicos también enumeran algunos de los puntos del «protocolo» que «contrarían severamente normas superiores y vigentes, tornando al documento en una pieza que vulnera derechos, sosteniendo ampararlos», entre ellos cuestionan que se presente el aborto como un «derecho humano», siendo que es un acto condenable y un delito; se introduzca una nueva denominación «interrupción legal del embarazo» (ILE) creando así confusión y una mejor predisposición al aborto en el ciudadano medio; e invade un área exclusiva de la libertad de las personas al pretender regular el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, eliminando ese derecho directamente como tal en determinados casos.