La circular enviada por el gobierno estatal es de carácter obligatorio, por lo que los colegios deben tomar las "medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos" de los estudiantes trans
Las medidas promueven que el estudiante sea llamado por su “nombre social” y se mantenga el nombre legal en la documentación y su “derecho a utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios que considere adecuado a su identidad de género”.
También, los colegios deberán facilitar el uso de “baños inclusivos” u otras alternativas “de acuerdo al proceso que estén viviendo” y previo acuerdo con la familia y “promover espacios de reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo” en la materia a la comunidad educativa.
La circular es de carácter obligatorio, por lo que los colegios deben tomar las “medidas administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos” y la “vulneración de uno o varios” de ellos “constituye una infracción de suma gravedad”, describe el texto.
La publicación del texto se da en el contexto de dos discusiones actuales de temática infantil: la discusión en primera instancia del proyecto de ley de Identidad de género que permitiría el cambio de nombre y sexo en el Registro Civil para mayores de 18 años.
La segunda es la discusión en primera instancia del proyecto Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez que crearía normas y políticas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños.
El documento de la Superintendencia de Educación de Chile también fue publicado con las “Orientaciones para la Inclusión de Personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex” con el objetivo de “apoyar el desarrollo de prácticas respetuosas e inclusivas” al interior de los establecimientos.
En rueda de prensa y luego del término 113° asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile, el Obispo de San Bernardo, monseñor Juan Ignacio González, expresó que el documento “impone por la vía administrativa a todos los colegios de Chile una serie de prácticas que ni siquiera están aprobadas por la ley y están en discusión en el parlamento”.
