Solamente 6.5 por ciento de los pacientes fueron atendidos ahí, aunque el objetivo era descentralizar la demanda de servicios médicos de alta especialidad en otros hospitales.

Los seis hospitales regionales de alta especialidad (HRAE) creados por el gobierno federal a partir de 2006, no cumplen con la misión de mejorar el acceso a la atención médica de enfermedades complejas y graves. A pesar del tiempo transcurrido, más de 93 por ciento de los servicios de alta especialidad se proporcionan en los institutos nacionales de salud y hospitales federales ubicados en la ciudad de México.

Solamente 6.5 por ciento de los pacientes fueron atendidos en los HRAE, los que se suponía, según ha dicho la Secretaría de Salud (Ssa), son suficientes para descentralizar la demanda de servicios médicos de alta especialidad.

Además de acercar este tipo de atención clínica a las personas en las diferentes regiones del país, esas unidades médicas contribuirían a bajar la presión que enfrentan los institutos y hospitales federales que hoy están saturados, pues reciben enfermos de cualquier lugar de la República.

En la revisión de la cuenta pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró diversas anomalías en el funcionamiento de los HRAE, por las cuales emitió 19 recomendaciones y 157 para el desempeño.Otras cinco fueron atendidas por la Ssa en el transcurso de la investigación que concluyó el 20 de noviembre de 2014.

Entre otros, la ASF encontró que la Ssa desconoce o al menos no pudo acreditar que cuenta con el estudio técnico que determine las unidades médicas que pueden convertirse en centros regionales de alta especialidad o las necesidades de nueva infraestructura que se requiere para ello.

En 2003 se creó el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud, a partir del cual se determinó construir los HRAE que actualmente se encuentran en Guanajuato (El Bajío); Mérida,Yucatán; Oaxaca, Oaxaca; Ixtapaluca, estado de México y Ciudad Victoria, Tamaulipas. También está el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, el cual cuenta con el Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez y el Hospital Ciudad Salud en Tapachula.

Durante 2013, la Ssa reportó la atención de un millón 340 mil 100 personas en hospitales federales, institutos, centros nacionales y los HRAE. En estos últimos atendieron sólo a 6.5 por ciento de los enfermos (90 mil 399) pero ninguno de esos hospitales contaba con la certificación de calidad que previa revisión de instalaciones y procedimientos clínicos otorga el Consejo de Salubridad General (CSG).

La ASF destaca que los HRAE dispusieron de un presupuesto de 4 mil millones de pesos. De este monto, 42 millones se destinaron a conservación y mantenimiento de infraestructura. También contaron con 2 millones 720 mil 400 pesos para la formación y desarrollo de recursos humanos, aunque no justificaron las necesidades de especialistas necesarios para su operación.

La ASF concluyó que la Ssa y los HRAE no han cumplido con la meta de garantizar el acceso a la atención médica de alta especialidad en el país.

Además, la dependencia federal no tenía los estudios que podrían guiar la adecuación de las carteras de servicios de los HRAE y de esa manera atiendan las enfermedades de la población que vive en las regiones que les corresponde atender.

Aunque el aborto sigue siendo legal, se ha puesto a salvo a los menores de edad.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha querido dar un nuevo golpe en la ley del aborto y ha añadido en la ley actual una modificación. Se trata de una propuesta de ley por la que se impedirá a las jóvenes menores de edad de 16 y 17 años que puedan interrumpir su embarazo si no tienen el consentimiento de sus progenitores. Hasta ahora las jóvenes menores de edad, podían practicarlo sin previo consentimiento.

De hecho, el pasado año, según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo, un 3.6% de jóvenes menores de edad practicaron abortos sin el consentimiento de sus progenitores. Las asociaciones más liberales llaman a este proyecto de ley "contrarreforma" y la tachan de retrograda. Insisten en que, al menos 400 casos de jóvenes menores de edad interrumpieron su embarazo el pasado año por causas mayores: riesgo de violencia de género, abuso dentro de la propia familia, falta de recursos o padres en el extranjero.

La nueva ley del aborto, más conservadora que la anterior, fue la que hizo que el ex Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón tuviese que dimitir y se acabara su carrera política cuando era uno de los posibles sucesores al frente de la presidencia del Gobierno con el Partido Popular.

Esta modificación de la ley surge en un año electoral. Los, partidarios del derecho a la vida de una manera global, ya han dicho que no quedarán quietos y que protestarán con manifestaciones y concentraciones en contra del Gobierno.

Se han "diseñado" estos bebés sin respetar su dignidad como personas y en el proceso se han desechado embriones "defectuosos".

Los tres primeros bebés examinados en la fase embrionaria con karyomapping, una herramienta de detección de las enfermedades genéticas, han nacido, dijo que la empresa que presta el servicio.

Para las parejas que están en riesgo de transmitir enfermedades genéticas a su descendencia, la tecnología ayuda a determinar qué embriones son viables para la implantación después de la fertilización in vitro (FIV) libre de enfermedad.

Aunque el diagnóstico genético preimplantacional (DGP) ha estado disponible durante décadas, karyomapping aprovecha los avances en la secuenciación genética que han reducido el precio, el tiempo y la complejidad del proceso. Por lo tanto, el principal beneficio de karyomapping es la cantidad disminuida de tiempo que toma para que las parejas tengan el resultado por el que pagan.

“Con la metodología convencional tuvimos que en casi todos los casos las pruebas de diseño específicos del paciente para detectar anormalidades. Para eso se necesita una gran cantidad de tiempo y recursos, y no era raro que las parejas esperen meses”, Michalis Konstantinidis, PhD, un científico en reprogenética, dijo a MedPage hoy. “Ahora, con este método, el tiempo se acorta, se puede hacer en unas 2 a 4 semanas. Los pacientes pueden comenzar el ciclo de FIV después, y a veces pueden comenzar durante la selección.”

Endocrinólogos reproductivos contactados por MedPage hoy llaman karyomapping otra herramienta para ayudar a los pacientes que se preocupan por transmitir enfermedades genéticas a su descendencia, aunque no es ampliamente utilizado todavía. Otra compañía de secuenciación genética, Illumina, también ofrece la tecnología.

“Este es considerado el” inevitable evolución ‘de los estudios genéticos para nuestro campo “, Robert Greene, MD, endocrinólogo reproductivo en Syracuse, Nueva York, dijo a MedPage hoy. “La carrera… ha sido en la fabricación de la técnica práctica. Sólo se adoptó clínicamente si cumple esas consideraciones prácticas.

Greene dijo que en la actualidad, muchos centros utilizan una técnica llamada hibridación genómica comparada, aunque algunos todavía usan la vieja técnica de hibridación in situ fluorescente (FISH) para el diagnóstico genético preimplantacional.

Al igual que con otras formas de DGP, karyomapping puede detectar enfermedades genéticas como el síndrome de Down, la fibrosis quística y el síndrome X frágil. Konstantinidis dijo que la herramienta 60 puede detectar trastornos genéticos y se ha realizado en más de 1000 embriones hasta la fecha.

En última instancia, la tecnología puede ser útil para el 2% de la población en riesgo de transmitir enfermedades genéticas, según Santiago Munné, PhD, fundador y director de reprogenética, que asciende a un número significativo de pacientes que recibieron los 4 millones de embarazos que ocurren en los EE.UU. cada año.

La ley de voluntad anticipada debe ser llevada a consulta popular en la elección constitucional más próxima.

Diputados locales propusieron organizar foros de consulta y reuniones públicas de información y audiencia, para conocer la opinión de la ciudadanía tamaulipeca en relación con la necesidad de una Ley Estatal de Voluntad Anticipada y de Derechos de las Personas en Fase Terminal.

El diputado Alfonso de León Perales presentó una iniciativa de punto de acuerdo ante el Congreso del Estado, en la que recomienda llamar a consulta a expertos en medicina, organizaciones sociales y religiosas, así como organismos defensores de los derechos humanos y cualquier persona que pueda aportar información y opiniones atinentes al tema de la eutanasia.

Recordó que el 21 de marzo del 2013, la entonces bancada panista presentó una iniciativa para crear La Ley de Derechos de los Enfermos en Fase Terminal, mientras que el cuatro de abril del mismo año, el diputado priista Reynaldo Garza Elizondo promovió la creación de una Ley de Derechos de las Personas en Fase Terminal.

El 25 de agosto de ese mismo año, las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos declararon improcedentes ambas iniciativas, bajo el siguiente argumento: "Las Comisiones dictaminadoras consideramos necesario que esta acción legislativa se reserve hasta en tanto se lleven a cabo foros de consulta ciudadana y de reflexión, a fin de allegarse propuestas y opiniones que permitan, en su oportunidad, implementar un proyecto de ley elaborado con la certeza plena de su viabilidad para cumplir eficazmente su propósito".

En base a ese resolutivo, señala de León Perales, de Movimiento Ciudadano, es que su representación parlamentaria está impulsando la realización de una consulta pública, para saber lo que opinan los tamaulipecos en relación con la necesidad de una Ley en la materia, y de encontrarse el consenso necesario, proceder a la emisión de la misma.

Dijo que otras entidades del país, como el Distrito Federal, ya cuentan con la Ley de Voluntad Anticipada, donde se define la "voluntad anticipada" como "La decisión personal de ser sometido o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos, que pretendan prolongar la vida cuando se encuentre en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona".

Algunos beneficios de una Ley de Voluntad Anticipada son: respalda el derecho del paciente a decidir sobre los cuidados que recibirá en la última etapa de su vida; permite que los familiares y el personal de salud se enfoquen en la mejor atención disponible para el paciente, y ayuda a disminuir costos de atención hospitalaria para el paciente y sus familiares.

También ayuda a reducir el desgaste de familiares y cuidadores, y el enfermo tiene la posibilidad de morir en el lugar que más convenga, que puede ser el hospital o casa, recibiendo la mejor atención disponible.

De León Perales dijo que, por otra parte, "hoy día existen concepciones diversas y encontradas, acerca de cuál debe ser el alcance o límite natural, jurídico, ético, científico o moral del ejercicio del derecho humano a la vida hasta sus últimas consecuencias".

Y añadió: "el asunto cobra trascendencia, sobre todo en aquellos casos en que existe ya un pronóstico de enfermedad incurable, progresiva y mortal, a corto o muy corto plazo de las personas".