La necesidad de reforzar la institución matrimonial se presenta claramente al observar fenómenos como el que ocurre actualmente en España.

Miles de parejas deciden romper su relación después de las vacaciones de verano y sus demandas abarrotan los juzgados a partir de octubre. Hasta aquí, lo habitual. Pero esta vez ha ido un poco más lejos.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2014, en España se han registrado 27.266 peticiones de divorcio, un 12,5% más que en el mismo periodo de 2013, según una encuesta del Consejo General del Poder Judicial publicada este lunes. Tres de cada cinco (16.456) se han presentado de mutuo acuerdo. El resto (10.810) han sido no consensuadas.

El psicólogo cordobés José Manuel Aguilar, que ha recibido en su consulta a más de 1.800 parejas con problemas, incide en que septiembre es, sin duda, el mes en el que más rupturas se producen.

“Durante el año se suelen aplazar los problemas, ya sea porque la pareja apenas coincide o porque, cuando lo hace, está demasiado cansada para discutir. Pero en verano pasa muchas horas junta, y ahí es cuando ambos se dan cuenta de que la relación está rota, que chocan por nimiedades y que les falta comunicación", explica este profesional con casi dos décadas de experiencia.

Tras una tendencia a la baja que comenzó en 2007 y que se acentuó con la llegada de la crisis, la cifra de rupturas empezó a subir de nuevo en 2010 y continúa haciéndolo poco a poco. “Sin duda es un indicador de que las familias han experimentado una leve mejora económica; hace no tanto, muchos matrimonios no se divorciaban porque no podían costearse el procedimiento”, opina Aguilar. José Luis Utrera, titular del Juzgado de Familia número 5 de Málaga, no lo ve tan claro: “Entre 2006 y 2007 mucha gente se aprovechó del llamado divorcio exprés para regularizar su situación; a partir de ahí se ha ido recuperando el nivel. Donde sí influye es en la forma: la gente prefiere hacerlo de mutuo acuerdo porque es más barato”. El magistrado, que ha divorciado a más de 15.000 matrimonios, calcula que de esta forma cuesta unos 1.500 euros, frente a los 3.000 que te llevan por lo contencioso. Si se decide recurrir, solo las tasas de apelación son unos 800.

Las peticiones de mutuo acuerdo han aumentado en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias y Navarra. Si se consideran todas las causas de disolución (divorcio, separación y nulidad), el mayor aumento proporcional se ha dado en Madrid, con un crecimiento del 29,2%. La media nacional está en el 12,2%, y solo una comunidad, Cantabria, muestra una evolución negativa (descienden un 3,9%). Estas grandes diferencias también se observan si se toman los datos en función de la población. Por ejemplo, en el País Vasco se disuelven 44 matrimonios por cada 100.000 habitantes, mientras que en Canarias lo hacen 73, un 65% más.

La economía también hace mella en el aumento de procedimientos para modificar las condiciones pactadas tras la separación, como la guardia y custodia o la pensión alimenticia de los hijos. Así, de julio a septiembre se han iniciado 1.928 procedimientos de modificación de medidas consensuadas, un 20,3% más que en el mismo periodo del año anterior, y 6.839 procedimientos de modificación de medidas no consensuadas, un 10% más. “El conflicto no acaba con la sentencia de divorcio. Y claro, es más fácil negociar cuando hay buenos ingresos que cuando uno o ambos padres están en el paro”, sostiene Utrera.

Previsor, el magistrado lanza una reflexión de cara a enero, justo después de la Navidad, cuando las rupturas vuelven a pegar ese repunte. Los motivos son similares a los del verano. “Lo malo no es divorciarse, sino divorciarse mal. Y lo que nosotros percibimos en los juzgados es que en muchos casos los intereses de los adultos, las cuestiones económicas, están por encima de los hijos. Con el agravante de que a veces se les utiliza como instrumento en una guerra que no es suya”, concluye.

Buscan que abortar sea más fácil y “seguro”.

El Distrito Federal es la única entidad del país donde es legal abortar; interrupción legal del embarazo es como se le conoce, En el marco del análisis y discusión del proyecto presupuestal para el 2015, resulta vital “fortalecer la operación de los programas de interrupción del embarazo”.

Así lo afirmó Miriam Saldaña Cháirez, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al destacar la importancia de asignar mayores recursos al programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Lo anterior porque se busca garantizar una excelencia en la atención médica de las mujeres decididas a llevar a cabo el procedimiento, antes de las 12 semanas de gestación,contribuyendo a disminuir la mortalidad por esta causa. Ignoró algún comentario sobre el efecto de esta ley en la vida humana en gestación.

La ILE se realiza en 14 hospitales y 12 Centro de Salud, donde los médicos se apegan a los Lineamientos Generales de Organización y Operación de los Servicios de Salud, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, explicó la diputada.

No pagarán impuesto general a las empresas, al hospedaje, a remuneraciones personales, traslado de dominio de bienes inmuebles, placas vehiculares, de alcoholes y del Registro Público de la Propiedad.

El gobierno de Sonora emitió un decreto que exenta del pago de siete impuestos dentro del Presupuesto Estatal para el próximo año, a residentes de siete municipios del río Sonora afectados por el derrame tóxico de la mina de Cananea, ocurrido en agosto pasado.

En un comunicado, el Ejecutivo estatal precisó que la exención incluye al impuesto general a las empresas, al hospedaje, a remuneraciones personales, traslado de dominio de bienes inmuebles, placas vehiculares, de alcoholes y del Registro Público de la Propiedad.

Adelantó que para obtener el beneficio, los solicitantes deberán acreditar que residen en los municipios afectados por la contingencia minera, los cuales son Huépac, Aconchi, Ures, Banámichi, Baviácora, Arizpe y San Felipe de Jesús.

Indicó que el decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero próximo y mantendrá su vigencia durante el siguiente ejercicio fiscal.

El gobernador estatal, Guillermo Padrés, expresó que la medida es una forma de apoyar directamente a los más de 25 mil sonorenses afectados por el derrame de tóxicos en el Río Sonora y agregó que el decreto incluye la condonación de los recargos generados por adeudos de años anteriores en estos mismos conceptos.

“En su momento pusimos en marcha acciones como Salvemos al Río y el Fideicomiso Río Sonora, ahora decidimos continuar con el apoyo a todos los sonorenses que resultaron afectados quitándoles ese peso que puede ser el pago de impuestos cuando sus economías se vieron afectadas”, explicó.

Con la contratación de un hermano, primos, yerno y sobrinos, el llamado "Jefe Apolo" incurre en un conflicto de interés y sería objeto de una sanción que podría ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo.

Diez familiares del actual encargado de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, Luis Rosales Gamboa, están contratados en distintos puestos de dirección en la dependencia, con lo cual, incurre en un conflicto de interés y sería objeto de una sanción que podría ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo, según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los

Servidores Públicos Federales –que rige a los funcionarios capitalinos–.

Rosales Gamboa, conocido como “Jefe Apolo”, es titular de la Subsecretaría de Operación Policial, la más importante en la Secretaría, encargada prácticamente de todos los agrupamientos policiales y operativos realizados en la Ciudad de México.

En conjunto, los familiares del subsecretario (hermano, yerno, cuatro primos y cuatro sobrinos) reciben un sueldo mensual de 463 mil 812 pesos; los salarios por laborar en el área que Rosales dirige desde 2012, van de 23 mil pesos y hasta 94 mil pesos.

La legislación Federal, establece que los servidores públicos deben “abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción (…) de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar (…) o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refieren”.

Pero el “Jefe Apolo” sí interviene en el nombramiento de los cargos, pues entre las facultades como subsecretario está “proponer al Secretario la permanencia, adscripción o remoción de los mandos de las unidades que se encuentren bajo su adscripción”, según se explica en el reglamento interior de la dependencia.