Impulsa programa para evitar que jóvenes sean reclutados por el "narco". Comenzará en las colonias altas de Acapulco.

En uno de los estados con mayor tasa de homicidio juvenil del país y con la máxima de llevar a Dios a donde el Estado no entra —como las colonias abandonadas de Acapulco—, la Iglesia católica está en proceso de lanzar un programa con el que busca evitar que jóvenes sean reclutados como carne de cañón para el narcotráfico. Es una tarea para la que no se pudo elegir una región más simbólica y fértil para las organizaciones criminales: parroquias en las zonas más conflictivas del puerto, justo en una de las ciudades más peligrosas de México.

"Queremos construir la paz desde un principio. Es entrar en contacto con jóvenes en situación de riesgo y rehabilitarlos. Ya estamos buscando y contactando a pandilleros, grafiteros, franeleros, regetoneros, todos aquellos que estén en vulnerabilidad o marginación, y que son caldo de cultivo del crimen organizado", dijo a MILENIO Tomás Perulero Muñoz, encargado del proyecto de atención juvenil de la arquidiócesis de Acapulco. El plan es arrancar en las colonias altas del puerto a finales de febrero.

Desde hace varias semanas y de cara al momento en el que proyecto inicie formalmente, cuadrillas de jóvenes vinculados a la Iglesia se han dado a la misión de peinar 12 de las colonias más inseguras de la ciudad. Como comandos lanzados a territorio hostil; se les ha pedido insertarse entre sus "tribus urbanas" más violentas y ganarse su confianza. No es tarea fácil: entre éstas se encuentran algunas de las pandillas de las que los cárteles de la droga han aprendido a nutrirse de nuevos reclutas con suma eficiencia.

Los comandos cristianos tendrán por tarea identificar a jóvenes en riesgo de caer en delincuencia o que ya han delinquido y que puedan ser rehabilitados mediante "terapia psicosocial". Después, para continuar con su rehabilitación, esos muchachos serán invitados a uno de los nuevos centros juveniles de paz que la arquidiócesis de Acapulco ha establecido en una decena de parroquias de la ciudad en los últimos meses.

Por razones de seguridad, la ubicación exacta de los nuevos centros juveniles de paz se mantiene en reserva para no arriesgar a los jóvenes que recibirán asistencia, entre ellos muchachos a los que el crimen organizado ya ha tratado de reclutar como halcones, sicarios o soplones. Solo se sabe que son zonas con altísimos índices de homicidio y secuestro, características comunes en la periferia acapulqueña, en donde la Secretaría de Gobernación ha ubicado cinco de las colonias de más alta incidencia violenta en el país: Jardín Palmas, Progreso, Barrio de Petaquillas, Renacimiento y Emiliano Zapata. Todas sufren de tasas de homicidio que rivalizan con las de Centroamérica.

El proyecto fue elaborado con asistencia de la Conferencia del Episcopado Colombiano y la experiencia que tuvo la Iglesia en zonas conflictivas de Bogotá, Barranquilla y Cali. En su versión mexicana, llevará por título Centros Integrales de Acompañamiento y buscará suplir algunos de los principales vacíos sociales en la vida de los jóvenes que habitan en el Acapulco marginal.

Tendrá muchos potenciales clientes: en Guerrero, 26 por ciento de la población se ubica entre los 15 y 29 años de edad, una etapa particularmente vulnerable a la violencia y cooptación criminal. Las tasas de delincuentes menores de edad son de las más altas del país: tan solo en 2012, 10 mil jóvenes guerrerenses fueron procesados por algún delito, entre ellos 562 por homicidio, 146 por secuestro, 276 por robo de vehículo y mil 607 por lesiones.

En esencia, "queremos tener mecanismos de encuentro y ayudarles con actividades deportivas, talleres de habilidades y atención psicosocial. Queremos rescatarlos antes de que cometan un error", comentó Perulero.

La estrategia es impulsar y fortalecer la responsabilidad social, a través de un modelo de gestión para el desarrollo de buenas prácticas "de cuidado y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia".

El gobierno de México se ha comprometido a erradicar y prevenir las peores formas de trabajo infantil en 2016 y a reducir por lo menos un 60 por ciento el número de niñas, niños y adolescentes en esa condición para 2018, por lo que creó la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida.

En este sentido, la Secretaría del Trabajo señaló que el registro de la convocatoria para que las empresas puedan obtener el distintivo "México Sin Trabajo Infantil" (MEXSTI) cerrará el próximo 16 de febrero, y podrán participar los centros que apliquen políticas de prevención y erradicación del trabajo de menores.

Así como aquellos que establezcan esquemas de protección de los adolescentes en edad permitida para trabajar; participen de la corresponsabilidad intersecretarial en la protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; y promuevan el trabajo digno o decente.

La dependencia indicó que pueden obtener el distintivo, empresas e instituciones de los sectores público, privado y social, así como organizaciones sindicales que cuenten con procesos, políticas y programas para prevenir y erradicar el trabajo infantil.

Este hecho tiene efectos económicos nocivos para las mujeres no solo a nivel personal, sino en el funcionamiento de la economía nacional.

El Pleno de la Cámara de Senadores demandó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STy PS) información detallada sobre la implementación de un Programa Nacional Preventivo y de Sensibilización que prevenga y desaliente el despido por embarazo y la discriminación laboral en todos los centros de trabajo en el país, con perspectiva de género.

Lo anterior, al destacar que de acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica de los Hogares (ENDIREH 2011), informó que en el país hay 18.4 millones de mujeres ocupadas, de las cuales 22.6 por ciento se declararon víctimas de violencia laboral en los 12 meses previos a la entrevista, ya sea por recibir un menor sueldo que el de sus pares hombres, bajo las mismas condiciones de trabajo, o tener una menor oportunidad de ascenso.

Por esa razón, los senadores consideraron necesario que en el reporte que envíe la dependencia se incluya el número de mujeres despedidas por embarazo a nivel nacional y las acciones realizadas para investigar los hechos y, en su caso, fincar las responsabilidades correspondientes.

Al respecto, se precisa en el texto que el 14.9 por ciento de todas las mujeres de 15 años y más, que alguna vez en su vida han trabajado o solicitado trabajo, declararon que les han solicitado el certificado de no gravidez como requisito para su ingreso al trabajo, o por embarazarse las despidieron o bajaron el salario, no obstante que la legislación laboral lo prohíbe, según la ENDIREH 2011.

En un segundo dictamen, avalado también por el Pleno senatorial, se acordó solicitar a la procuradurías Federal de la Defensa del Trabajo, estatales y del Distrito Federal, informen el número de denuncias realizadas por el despedido a mujeres: por embarazo o por condición de maternidad; las empresas o instituciones públicas que han incurrido en esas prácticas y las acciones implementadas para tutelar el derecho de las afectadas.

En este sentido, informe, en su caso, de las acciones promovidas contra servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas, en términos de ley, y los casos en que ha procedido una denuncia por el delito de discriminación por restricción o negativa de derechos laborales cometidos en contra de mujeres, ya sea por su condición de género, embarazo o maternidad.

Además, las procuradurías General de la República, Generales de Justicia de los estados y del Distrito Federal, tendrán que exponer los casos en los que se inició una averiguación previa por la comisión del delito de discriminación por restricción o negativa de derechos laborales, en contra de la mujer, por su condición de género, por embarazo o maternidad, así como en las que se ha derivado en el ejercicio de la acción penal, y consignación.

En el Estado la maternidad subrogada no está ni permitida ni prohibida.

Pese a que el Código Civil para el Estado de Chihuahua no contempla la maternidad subrogada, por lo cual ni está permitida ni prohibida, mujeres ofertan el alquiler de su vientre para gestar hijos de matrimonios que no puedan procrear, se observa en diversos anuncios publicitados en Internet.

El precio en el que las chihuahuenses ofrecen la renta de su matriz va de los 350 mil a los 700 mil pesos.

En México, sólo ocho de los 32 estados han reformado su Código Civil para legislar la maternidad subrogada o renta de vientres.

Se trata de Tabasco, el Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Hidalgo, Zacatecas y San Luis Potosí.

La diputada local Mayra Díaz señaló que a pesar de que Chihuahua es todavía una sociedad conservadora, el tema de la 'renta de vientres' deberá analizarse por especialistas y si es necesario reformar el Código Civil tendrá que hacerse.

"Hasta el momento no sé si hay o no una iniciativa al respecto, pero esta legislatura tendremos que hacerlo si es una realidad que se está dando", expuso.

Señaló que actualmente si una mujer renta su vientre y a la hora del nacimiento se arrepiente y opta por quedarse con el niño, es legal porque la madre es la que procrea.

En los comentarios adjuntos a los anuncios donde chihuahuenses ofrecen vientres en alquiler, las respuestas de mujeres que no han podido procrear hijos son en general de agradecimiento, es decir, no se ven expresiones de rechazo ni crítica negativa.

En varias de estas notas señalan que no cuentan con dinero para poder pagar una renta de matriz, en tanto que en otros sí hay matrimonios que denotan interés y expresan que están dispuestos a rentar el vientre durante los nueve meses.