El movimiento pide que no se cambie la ley sobre el tema, proponen en su lugar facilitar la adopción, mejores servicios de salud, apoyo económico para las madres, mejores guarderías, mejores opciones de empleo, etc.

"El grupo "Coahuila por la vida" entregó ayer al Congreso del Estado una adición de 4 mil firmas para dar un total de 31 mil rúbricas de ciudadanos coahuilenses en contra de que se emita una iniciativa para la despenalización del aborto.

Aunque la propuesta de ley aún no ha sido presentada oficialmente a los diputados, cuatro integrantes del grupo "Coahuila por la vida" acudieron ayer a las instalaciones del Congreso para entregar a la Oficialía Mayor una adición de 4 mil 79 firmas en contra de la legalización del aborto. Pretenden que sean tomadas en cuenta para cuando llegue la iniciativa del Ejecutivo.

"Estas firmas son adicionales a las que ya habíamos venido a entregar y en ellas expresamos el sentir de más coahuilenses a favor de la vida. Creemos que hay otras soluciones, que se puede apoyar a la mujer con otras iniciativas, y la invitación es a la sociedad para que sigan participando en esta lucha que hemos emprendido", comentó Guillermo Riojas, integrante del movimiento social.

El ciudadano manifestó que aunque el movimiento no pertenece a ningún partido político, ya recibieron el respaldo del Partido Acción Nacional y de algunos militantes del Partido Revolucionario Institucional, además de que seguirán buscando apoyo de los actuales diputados.
Reiteró que en las últimas semanas han estado llevando a cabo actos públicos extendiendo el mensaje del derecho a la vida a la ciudadanía, y para ello cuentan con el apoyo de otros grupos y asociaciones que se unieron a la causa.

El propósito del movimiento es en los próximos meses reunir alrededor de 100 mil firmas para terminar de entregarlas al Congreso del Estado. Aseguran que las leyes actuales en maternidad, específicamente en el artículo 361 relativo al aborto, mantiene esa opción en caso de malformaciones genéticas, violación o riesgo de muerte en la madre.

Los integrantes del movimiento solicitaron tener una conversación con la diputada Verónica Martínez García, presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, sin embargo ello finalmente no se dio debido a que se encontraba en sesión.

Barack Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en utilizar las palabras "lesbiana", "bisexual" y "transgénero" en un discurso del Estado de la Unión.

"Como estadounidenses, respetamos la dignidad humana, incluso cuando estamos amenazados, es por eso que he prohibido la tortura y he trabajado para asegurar que nuestro uso de las nuevas tecnologías como los drones esté adecuadamente regulado", dijo Obama. "Es por eso que defendemos la libertad de expresión, somos defensores de presos políticos y condenamos la persecución de las mujeres, o las minorías religiosas, o las personas que son lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. Hacemos estas cosas no solo porque son correctas, sino porque nos hacen más seguros".

Los comentarios fueron una sorpresa, pero no del todo inesperados para un presidente que ha hecho de los derechos LGBT un enfoque tranquilo, pero constante de su mandato.
Obama también fue el primer presidente en mencionar a las personas transgénero en cualquier discurso, y el año pasado firmó una orden ejecutiva para ampliar la protección contra la discriminación en el lugar de trabajo, para los trabajadores homosexuales y transexuales en el gobierno federal.

Y él también ha llamado al matrimonio gay como un "derecho civil", a raíz de la decisión del Tribunal Supremo para abordar el tema de una vez por todas.

"He visto como el matrimonio gay va de un tema divisivo utilizado para separarnos de la historia de libertad en todo nuestro país, un civil, a un derecho civil ahora legal en estados que 7 de cada 10 estadounidenses llaman hogar", dijo Obama.

Naciones Unidas lamenta que tras una emergencia, la educación es interrumpida, postergada o negada durante el proceso de reconstrucción.

Un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) revela que, a pesar de los esfuerzos realizados en la pasada década, aún permanecen fuera de las aulas de primaria y secundaria 121 millones de niños y adolescentes en todo el mundo.

Desde 2007, señala, la tasa de menores excluidos de la educación se ha mantenido prácticamente sin cambios, de 9 por ciento en niños de 6 a 11 años (58 millones), y cercana a 18 puntos porcentuales en adolescentes que no logran ingresar al primer nivel de secundaria (63 millones). Es decir, la probabilidad de que un joven esté fuera del primer grado de secundaria es prácticamente el doble que la de los niños en edad de cursar la primaria.

En el informe Subsanar la promesa incumplida de la educación para todos: conclusiones de la iniciativa global por los niños fuera de la escuela, destaca que en América Latina hay 6.6 millones de niños y adolescentes que no están escolarizados, mientras que África occidental y central tienen la tasa más alta en ese sector de población, con 31.3 millones.

Agrega que entre las principales causas de la inasistencia a la escuela se incluyen los sistemas educativos y sus entornos, ya que los menores menos favorecidos siguen marginados, pese a los esfuerzos realizados para lograr la educación para todos.

Después de 15 años de la definición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Unesco y el Unicef reconocen que no se alcanzará en 2015 la meta de lograr la universalización de la educación primaria para que todos los menores concluyan ese nivel de enseñanza.

Señalan que si bien 50 por ciento de los niños y adolescentes que no asisten a la escuela radican en pocos países, la mayoría en África central y occidental, en otras regiones del mundo donde se han presentado mayores avances en la matriculación se detectó que los menores más desfavorecidos –considerado el último 10 por cientoantes de alcanzar la cobertura total– no se han beneficiado de los resultados positivos de sus respectivas naciones.

En estas naciones, entre las que se incluye México, se podría estar generando creciente atención a la educación prescolar y secundaria, antes de concluir su labor para garantizar la primaria universal.

De acuerdo con los datos recabados, de los 58 millones de niños que no cursan el nivel básico, se estima que 23 por ciento asistió alguna vez a la escuela, pero la abandonaron; 34 por ciento podrían ingresar en el futuro y 43 por ciento probablemente nunca lo harán.

El informe subraya que atender a la población más marginada en su acceso a la educación demanda políticas más específicas y mayores recursos. Agrega que entre las principales causas que afectan a los niños y adolescentes que no pueden ir a la escuela se incluyen conflictos bélicos, roles de género, empleo infantil, pobreza familiar, hablar una lengua nativa y enfrentar alguna discapacidad.

De manera concreta la norma determina que la responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye dentro de las primeras doce semanas, cuando el embarazo sea resultado de precaria situación económica.

En Michoacán el aborto por condición de pobreza ya no es delito, esto conforme lo establece el nuevo Código Penal del Estado, con lo que nuestra entidad es la segunda en incluir en su norma esta causa de exclusión de responsabilidad por dicha práctica.

De manera concreta la norma determina que la responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye dentro de las primeras doce semanas, cuando el embarazo sea resultado de precaria situación económica.

Publicado el pasado 17 de diciembre, el nuevo Código Penal establece en su capítulo V, artículo 146 que la responsabilidad penal por el delito de aborto se excluye en esas 12 primeras semanas cuando el aborto "sea resultado de una violación, de una inseminación artificial no consentida, de una procreación asistida no consentida o precaria situación económica", dichas causas deberán encontrarse debidamente justificadas.

Asimismo la responsabilidad se excluye cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud; cuando el producto presente una malformación grave en su desarrollo según dictamen médico; y cuando sea resultado de una conducta imprudente de la mujer embarazada".

De acuerdo con el informe "Omisión e Indiferencia, derechos reproductivos en México", del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), datos de la Secretaría de Salud federal, señalan que en 2010 el aborto significó 11 por ciento de las muertes maternas. "Con datos de los tribunales superiores de justicia, obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, en el periodo del 1 de abril de 2007 al 31 de julio de 2012 en 19 entidades federativas existen 127 sentencias por el delito de aborto.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación presentó cifras en relación con el número de denuncias de mujeres que acuden a los servicios de salud en busca de atención post aborto, durante el período 1992-2007, las cuales consisten en aproximadamente mil causas penales y averiguaciones previas tramitadas en relación con este el delito, lo que resulta en un promedio de 62.5 mujeres denunciadas y/o procesadas al año en el país" Refiere GIRE que el aborto es, en todas las entidades federativas, un delito con causales de exclusión de responsabilidad penal, "de la revisión de la legislación se puede concluir que la normativa de la mayoría de los estados carece de perspectiva de género y de bases científicas.

"En más de diez códigos penales se refieren a la mujer que aborta como la madre; en 28 definen al aborto como la muerte del producto de la concepción, cuando según la Organización Mundial de la Salud aborto es la interrupción del embarazo y el embarazo inicia con la implantación y no con la concepción, es decir, cuando el óvulo fecundado se adhiere a la pared del útero y no en el momento de la fecundación, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide, a lo que pareciera referirse el término concepción.

"Incluso aunque se mantenga el término concepción en la legislación de estos estados, con fundamento en el artículo primero constitucional, dicha acepción se deberá interpretar como implantación, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros ("Fecundación in Vitro") vs. Costa Rica".