Existe un "silencio institucional" en torno al problema de las familias de las personas privadas de su libertad, que cancela cualquier oportunidad de un óptimo desarrollo social y económico.

Académicos solicitaron al Senado de la República emprender reformas a la Constitución Política, así como al anteproyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de modificar o eliminar artículos que criminalizan la pobreza y obstruyen la reinserción social.

Durante la presentación del libro "Vulnerabilidad y Silencio. El Impacto Carcelario en las Familias Penitenciarias", los especialistas destacaron que, de no establecerse políticas públicas que atiendan la falta de oportunidades para los familiares de los internos, no será posible acabar con el círculo de violencia en el país.

La senadora Angélica de la Peña, quien presidió esta actividad, apuntó que existen avances importantes en el sentido de eliminar términos discriminatorios como "readaptación", a fin de sustituirlo con reinserción.

"Debemos encontrar la salida correcta para la reinserción social; el Estado debe fijar los caminos para que, al acabar de cumplir su pena, la persona que haya cometido un delito sea reinsertado en la sociedad, esta es la ruta que se siguen las democracias más avanzadas", enfatizó.

Waldo Fernández González, diputado federal del PRD, anunció por su parte que en la Cámara de Diputados se impulsará una iniciativa para crear políticas púbicas que atiendan las circunstancias que enfrentan las familias de las personas que se encuentran en prisión.

Advirtió que de seguir la tendencia de elevar las penas, sin que se aplique la justicia social a través de políticas públicas, "no se acabará con el círculo vicioso pobreza-violencia" pues en México las penas impuestas a una persona que violenta la ley se extienden a su familia, debido a la imposibilidad de una auténtica reinserción social.

Destacó que, acorde a la investigación publicada, más del 60 por ciento de las familias de las personas encarceladas en Nuevo León, devengan ingresos "ligeramente" mayores a los de pobreza extrema; en tanto que 29 por ciento se encuentran en pobreza, y siete de cada 10 familiares de un interno reportan no recibir ayuda alguna.

El legislador refirió que si bien estas cifras corresponden a Nuevo León, se replican a nivel nacional en cada uno de los centros penitenciarios de las entidades federativas; apuntó que, si bien debe sancionarse cualquier violación a la ley, también es una realidad que padres, hijos, cónyuges y los prisioneros son mexicanos con derechos, igual que el resto de la población.