La Corte Suprema de Justicia panameña abrió las consultas para decidir si declara inconstitucional o no la norma que define el matrimonio como la unión entre hombre y mujer.

Panamá podría convertirse en el primer país de Centroamérica en permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo si prosperan dos demandas que la Corte Suprema de Justicia revisa desde principios de este año.

Una de ellas aboga por declarar inconstitucional el artículo 26 del Código de Familia, que define el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, y otra un párrafo del Código de Derecho Internacional Privado que prohíbe expresamente la inscripción de uniones gais o lesbianas celebradas en el exterior.

La discusión ocurre en todos los círculos sociales de Panamá desde que la Corte Suprema pidió a los procuradores de la Administración y de la Nación sus opiniones, en mayo. Se trata de una consulta obligatoria que los magistrados elevan poco antes de fallar.

Rigoberto González, el procurador de la Administración, aseguró al tribunal que “el Código de Familia no es inconstitucional en la medida en que se interprete que así como un hombre y una mujer pueden, voluntariamente, contraer matrimonio, personas del mismo sexo también pueden hacerlo”.

Pero días después, la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, consideró que “no es discriminatorio ni inconstitucional evitar el matrimonio igualitario”.

Alumnos de la principal universidad católica del país mostraron su apoyo en un foro académico reciente, organizaciones católicas y evangelistas dijeron que alegarán en contra en la Corte, en las redes sociales los insultos y los aplausos a los activistas LGBT son comunes, y entre los políticos sobran las opiniones disonantes.