Hillary Clinton, salió en defensa de la organización abortista Planned Parenthood (PP), de quien se ha demostrado que trafica con órganos de fetos abortados. Clinton llamó a combatir la intención de los republicanos de retirar los fondos públicos a PP.

Hillary Clinton aseguró que los republicanos, que por lo general prefieren que el gobierno federal no intervenga en las vidas de los ciudadanos, quieren favorecer un gobierno central fortalecido para hacer eficaz su oposición al aborto y para facilitar sus esfuerzos para retirar los fondos públicos a Planned Parenthood.

En una apasionada intervención, Clinton gritó:

«No les importa tener un gobierno fuerte para interferir con el derecho a elegir (ndr: a matar al no nacido) de la mujer y para intentar acabar con Planned Parenthood. Ellos están cómodos con un gobierno fuerte cuando se trata de eso. Me enferma».

Planned Parenthood es una multinacional abortista de la que se ha descubierto y denunciado que practica la venta de órganos de los fetos humanos abortados en sus clínicas. Tal hecho ha provocado la petición de retirada de fondos públicos a dicha organización.

La más que probable candidata a la presidencia de EE.UU por el partido demócrata, llegó a decir recientemente que los gobiernos deberían dedicar recursos coercitivos para forzar a las religiones a redefinir sus dogmas religiosos tradicionales. 

Más de 2,000 expertos en disciplinas como medicina, derecho y educación de 31 países de todo el mundo, firmaron para pedir la abolición de los vientres de alquiler.

La Asociación de Profesionales por la Ética publicó una carta donde más de 2,000 expertos en disciplinas como medicina, derecho y educación de 31 países de todo el mundo, firmaron para pedir la abolición de los vientres de alquiler, pues se trata de "una nueva forma de explotación de la mujer y de tráfico de personas".

Maternidad Subrogada

La declaración afirma que la gestación por sustitución, también conocida como "maternidad de alquiler" o "útero subrogado", constituye una violación de los derechos fundamentales de la madre gestante y del hijo concebido.

Los firmantes de la declaración solicitan que los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales como garantes del respeto a los Derechos Humanos, se comprometan en la abolición universal de la maternidad subrogada. Exigen también la prohibición de la inscripción en el Registro Civil a favor de los padres no biológicos de los niños nacidos mediante la gestación por sustitución como medida disuasiva ante esta práctica.

Dicha declaración y los nombres de sus firmantes se entregaron en el Parlamento Europeo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

El vientre de alquiler, también llamado maternidad subrogada o gestación por sustitución, es la transacción económica en la que una mujer alquila su útero para gestar un bebé -que puede tener con ella lazos genéticos o no- y por el que recibe una remuneración, vulnerando derechos fundamentales y diversas legislaciones internacionales.

Los contratos de subrogación del útero son indiscutiblemente, una manera de explotación de la mujer que vende o alquila su cuerpo por dinero, o por algún otro tipo de compensación. En muchos países, la subrogación se encuentra invariablemente unida a las redes de prostitución, trata de personas y otras actividades delictivas.

Las madres de alquiler son tratadas como un producto para usar y después tirar, pues durante el embarazo el contacto entre la madre de alquiler y los padres que la han contratado se hace estrecho, todo son atenciones, pero una vez que el procedimiento jurídico termina, la pareja contratante desaparece y la madre de alquiler se convierte en un elemento innecesario y molesto, resintiendo todo el peso de la explotación, de la separación del bebé, de la cosificación del embarazo, de los intereses creados de una transacción comercial que implicaba a personas completas y no a productos de compra-venta. 

El gobierno de Perú está promoviendo el aborto en un evento contra la violencia de la mujer que se realiza en la capital peruana con el aval de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Del 13 al 15 de octubre se realiza en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Lima (Perú), la XII Reunión del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI), que pertenece al ámbito de la OEA.

En la primera fecha con el aval de la ministra de la Mujer de Perú, Marcela Huaita, expusieron representantes de distintas organizaciones feministas promotoras del aborto, como Promsex –cuestionada por recibir dinero de Planned Parenthood–, DEMUS, Flora Tristán y Casa de la Mujer.

Antes de ejercer como ministra, Huaita trabajó en Manuela Ramos, otra ONG promotora del aborto vinculada con el escándalo de esterilizaciones forzadas a mujeres en la década de 1990.

El presidente de Perú, Ollanta Humala, tiene programado asistir al evento el 15 de octubre. Hace poco, Humala y su esposa expresaron su apoyo a la despenalización del aborto en casos de violación.

Los líderes pro-vida y expertos en bioética brasileños Felipe Nery Martins Neto, Glauciane da Silva Teixeira e Isabella Mantovani Dias de Oliveira criticaron que mientras que "el eje central de la reunión debería haber sido discutir cómo los Estados deben hacer frente a la cuestión de la violencia contra las mujeres", lo que encontraron en el evento fue "declaraciones lamentables y contrarias a las leyes y al sentir de la gente de nuestros países".

Martins Neto es presidente del Observatorio Interamericano de la biopolítica, da Silva Teixeiraes doctora en Microbiología, y Mantovani es experta en bioética y salud familiar.

En un comunicado remitido a ACI Prensa, los expertos brasileños señalaron que "vinimos a participar como organizaciones de la sociedad civil organizada", que buscan "un impacto positivo".

Sin embargo, el evento en Perú "fue totalmente diferente a la que normalmente adopta la OEA", pues "el texto base fue elaborado sin contribuciones de la sociedad civil. Las únicas ONGs invitadas a este pseudo diálogo fueron las declaradamente abortistas como Casa de la Mujer, DEMUS, Flora Tristán, PROMSEX".

Como un ejemplo, indicaron que Silvia Loli, funcionaria del Ministerio de la Mujer del Perú y encargada del evento, "dijo que 'el fortalecimiento de la familia es un riesgo de retroceso porque la familia es lo que alimenta la violencia contra la mujer'".

"Y añadió en clara alusión a la despenalización del aborto: 'no se trata de embarazos no deseados, se trata de maternidad forzada, no son 9 meses sino todos los días del resto de su vida'", denunciaron.

Durante el primer día del evento casi todas las ponentes "exigieron la despenalización del aborto en la región", indicaron.

Para los expertos las exposiciones a favor del aborto y contra la familia "crearon un ambiente hostil y antidemocrático. No era posible hablar".

"Si se trata de un tema tan importante y sensible para la sociedad como la violencia contra la mujer, y al final se busca silenciar a sus representantes, ¿puede decirse que existe una preocupación real por las mujeres?", cuestionaron.

Para los expertos brasileños "nuestra conclusión es que asistimos a una orquestación armada y quienes lo condujeron no reflejan la realidad de un estado democrático". 

Esto solo genera más serios cuestionamientos sobre lo que los líderes de Planned Parenthood han permitido hacer a sus clínicas con el dinero y las partes de bebés.

La presidenta de Planned Parenthood Federation of America (PPFA), Cecile Richards, anunció recientemente que su organización dejaría de cobrar "reembolsos" por los órganos y tejidos de bebés que entrega a científicos, en un intento de relajar la presión mediática y las investigaciones que se le sigue en el Congreso. Sin embargo, para los líderes pro-vida estadounidenses, esta medida no es más que una admisión de culpa.

Desde mediados de julio de este año, el Center for Medical Progress (CMP) ha difundido 10 videos en los que revela el tráfico de órganos de Planned Parenthood, que cobra entre 35 y 100 dólares por partes de bebés abortados en sus instalaciones. PPFA se ha defendido argumentando que no vende las partes sino que las dona, y que el dinero que recibe de científicos y otras organizaciones por estos órganos y tejidos constituye un "reembolso".

Planned Parenthood es investigada actualmente por el Congreso de Estados Unidos, que reveló hace pocos días sus primeros hallazgos. En una carta remitida a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos el 13 de octubre, la presidenta de Planned Parenthood anunció la decisión de "no tomar reembolsos por los gastos", y aseguró que con esto "estamos quitando la cortina de humo" de quienes se oponen al aborto.

Sin embargo, para los líderes pro-vida que han encabezado las acusaciones de tráfico de órganos contra Planned Parenthood, la declaración de su presidenta es "una admisión de culpa".

David Daleiden, jefe de la investigación del Center for Medical Progress, indicó en un comunicado que "durante tres meses Planned Parenthood ha tratado de hacer pasar su programa de partes de bebés a cambio de dinero como algo totalmente legítimo. Hoy, la última acrobacia de relaciones públicas de Planned Parenthood sobre su así llamado cambio de 'política' es una admisión de culpa".

Daledein señaló que "si el dinero que Planned Parenthood ha estado recibiendo por partes de cuerpos de bebés fuera realmente un 'reembolso' legítimo, ¿lo cancelaría? Esto prueba lo que el CMP ha estado diciendo todo este tiempo: Planned Parenthood no incurre en ningún gasto real, y los pagos por partes fetales recolectadas siempre han sido un margen de ganancia adicional".

"Esto solo genera más serios cuestionamientos sobre lo que los líderes de Planned Parenthood han permitido hacer a sus clínicas con el dinero y las partes de bebés, e intensifica la necesidad de que el Congreso realice una auditoría y supervisión completa de la empresa criminal irresponsable y el tráfico de partes de bebés de Planned Parenthood", demandó.

Por su parte, Lila Rose, presidenta de la organización pro-vida estadounidense Live Action, señaló en Twitter que los 60 dólares que Planned Parenthood llama "reembolsos" por tejidos fetales son en realidad "ganancia".

La carta de Cecile Richards a los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos "no niega el hecho de que Planned Parenthood está quebrando la ley", advirtió Rose, pues "esta es solo otra distracción".

"Si Planned Parenthood está cumpliendo con la ley, como asegura, ¿por qué cambiaría su práctica de aceptar dinero por partes de bebés abortados?", cuestionó.

Kellie Fiedorek, consejera legal de Alliance Defending Freedom (ADF), coincidió con Daledein y Rose, y aseguró que "el anuncio de Cecile Richards equivale a una admisión de culpa. El incendio iniciado por las fechorías de Planned Parenthood ha estado muy caliente, y ella equivocadamente piensa que esto echará agua sobre el fuego".