La participación social constituye un pilar para la transformación de las escuelas en comunidades educativas.

Nancy Sánchez Arias, jefa del departamento de Participación Social en el puerto de Ensenada informó que el SEE a través del área de Participación Social y Formación Valoral en las escuelas, en este ciclo escolar que inicia 2015-2016 seguirá privilegiando la formación en valores, el diálogo y el quehacer colaborativo con acciones de trabajo con directivos, docentes, padres de familia, alumnos, asociaciones y organismos de la sociedad civil.

Mencionó que durante el ciclo escolar pasado, por parte del área de Formación Valoral se atendió a 2 mil 437 padres de familia de las escuelas de educación básica con talleres como: "Construyendo familias con valores", "Convivencia escolar sana y pacífica", "Responsabilidad de los padres en la educación de los hijos", entre otros temas.

Asimismo dijo Sánchez Arias, se atendieron a 3 mil 129 alumnos de primaria y secundaria con talleres sobre valores como: "Conociendo mi persona", "Autoestima", "Convivencia Escolar", "Reconociendo mis valores", entre otros temas.

Finalmente mencionó, "en el área de Consejos Escolares se conformaron 738 Asociaciones de Padres de Familia (APF) y Consejos escolares de Participación Social (CEPS), además de que se realizó el 80% de la captura de las sesiones y asambleas ante la plataforma nacional del Registro Público de Consejos Escolares (REPUCE)".

El Gobierno del Estado, continuará cercano a la gente realizando su ardua labor de fomentar los valores en familia dando la oportunidad de que los niños y jóvenes, elijan un camino de estudio y trabajo para ser ciudadanos ejemplares como los que necesita Baja California y el país. 

Alrededor de 5 mil personas realizaron una marcha para manifestar su apoyo a la promoción de la familia nuclear y del matrimonio entre un hombre y una mujer con fines procreativos.

Lo anterior, luego de que un grupo de 12 legisladores del Congreso local (en su mayoría del PRD), busca modificar el Código Familiar del estado para reconocer legalmente la figura de matrimonio igualitario, esto es, entre personas del mismo sexo.

El proyecto se encuentra actualmente en exhaustivo análisis dentro de los grupos parlamentarios del PAN y del PRI, quienes la semana pasada pospusieron la firma del dictamen.

No obstante, se prevé que dicho ordenamiento (con o sin modificación), sea aprobado en lo que queda de la LXXII Legislatura local, misma que concluye a finales del mes de septiembre.

Por tal motivo, agrupaciones y representantes de la sociedad civil afines al matrimonio entre un hombre y una mujer se congregaron la tarde del sábado pasado en la Plaza Villalongín, de donde caminaron por la Avenida Madero hasta llegar a la sede del Congreso del estado.

A lo largo del trayecto, los cientos de manifestantes portaron pancartas para defender la figura del matrimonio y de la familia natural.

Durante los mensajes que se pronunciaron frente al Congreso local se dijo que eliminar la definición del matrimonio como la unión entre un hombres y una mujer con fines de procreación, "sería un acto discriminatorio para quienes nacimos, vivimos y queremos contraer matrimonio con dicha finalidad y, por tanto, una violación de nuestros derechos y libertades, lo cual constituiría una violación de nuestros derechos humanos protegidos por el Artículo 1º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos".

La familia de origen natural es la que da fortaleza a la sociedad

Expusieron que la familia es de origen natural y que sociológicamente está demostrado que de su fortaleza depende la salud de la sociedad, pues en ella se aprende a vivir, a convivir, a ser útil a los demás.

También hubo oradores que señalaron la inconveniencia de que se otorguen niños en adopción a las parejas homosexuales, pues ello dificulta su desarrollo equilibrado.

Además de las mantas que hacían alusión a la familia, también hubo otras que calificaron de "vendidos" a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aprobaron la adopción de niños por parte de parejas homosexuales.

Frente al Congreso se dio lectura, también a una petición de la Red Michoacana por la Familia –organizadora de la marcha-, para que no se elimine del Código Familiar del estado la "correcta definición de matrimonio como la unión legítima de un hombre y una mujer para procurarse ayuda mutua, guardarse fidelidad, perpetuar la especie y crear entre ellos una comunidad de vida permanente".

Entre los argumentos esgrimidos se afirmó que desde que el mundo es mundo, la unión de un hombre y una mujer ha sido el origen de la familia y por ello es reconocida como célula básica de la sociedad.

En la familia, se dijo, es donde se construye la vida social. A partir de ella se da origen a derechos de protección a la mujer y a los hijos. La familia sirve de referencia para determinar el derecho al alimento y a una remuneración justa.

De igual modo, se recalcó que el origen de la familia no es una preferencia –en alusión a las uniones de homosexuales-, sino que es parte de la naturaleza misma de las personas, hombre y mujer, complementarias entre sí. "Por eso es un derecho humano reconocido en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU". 

El estado no puede sustituir a los padres sino colaborar con ellos, y solo en los casos en que los padres no cumplan su papel, se puede hablar de la necesidad de un rol subsidiario del propio estado.

El presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, cardenal Ricardo Ezzati, se reunió este lunes con la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, Estela Ortiz, en el marco de la presentación del proyecto de ley de protección de la infancia al Congreso. Al finalizar este encuentro, el arzobispo de Santiago dijo que «los derechos de los niños, son derechos y hay que cuidarlos».

El cardenal señaló que luego de esta conversación se queda con la impresión de que mediante este proyecto de ley se pretende «mirar la persona del niño en su integralidad, es decir, en lo que significa pertenecer a un grupo humano, y por consiguiente hay que educar, justamente, a vivir los propios derechos en el respeto al derecho de todos los demás».

El presidente de la Conferencia Episcopal de Chile manifestó en esta reunión su opinión sobre el importante rol de los padres en la crianza y cuidado de los niños, rol social que, a su juicio, no debe ser reemplazado por el Estado a menos que dichos progenitores no cumplan con su rol de cuidadores.

«Justamente porque son niños, y porque los padres tienen el deber y el derecho de hacerlos crecer, el Estado no puede sustituir a los padres de familia, sino que debe actuar como una gran colaborador», señaló. Y enfatizó que en aquellos casos en que los padres no cumplan su rol, surge «el rol subsidiario del Estado».

Se espera que este proyecto de ley sea presentado al Congreso Nacional durante este año. 

El informe ha salido en medio del escándalo de tráfico de órganos de bebés abortados en las clínicas de Planned Parenthood, la trasnacional abortista más grande del mundo.

Una clínica de Planned Parenthood en Alabama (Estados Unidos) enfrenta una investigación por no informar sobre un posible caso de abuso sexual luego de someter a una menor de 14 años a dos abortos en cuatro meses.

Según las investigaciones del departamento de salud estatal, la joven visitó en dos ocasiones la clínica en la ciudad de Mobile, Alabama, en abril de 2014. La historia médica señala que su corta edad la menor "ya había dado a luz dos hijos en embarazos separados".

En agosto la menor regresó a la clínica. De acuerdo a los exámenes realizados el 18 de agosto "éste era el segundo aborto en cuatro meses". Sin embargo, añadieron, "no hay documentación en el reporte médico de la posibilidad de que fuera sospechosa de ser víctima de abusos por lo que las autoridades no realizaron ningún informe al respecto ni vieron la necesidad de hacerlo".

Alabama tiene una ley que obliga a las personas relacionadas con niños como médicos, personal sanitario o profesores, a informar a las autoridades si "hay sospechas de que el niño es víctima de abuso o de un trato negligente".

Además de no denunciar la presunta violación de la menor, la clínica de Mobile también habría infringido la ley estatal respecto al consentimiento de los padres para realizar un aborto a una menor; y la distribución de la píldora abortiva RU-486 a una paciente con bajos niveles de hemoglobina sin la aprobación de un médico.

Además, según un documento encontrado en el lugar algunos trabajadores de la clínica ni siquiera lavan sus manos de manera frecuente, lo que infringe el protocolo estatal de control de infecciones.