Cada año el Gobierno de Nuevo León incumple la aplicación del presupuesto estatal y gasta a su discreción los recursos que se excede y los extras que ingresan.

A lo largo de su sexenio, el Gobernador Rodrigo Medina ha ejercido anualmente entre 10 mil y 20 mil millones de pesos más hasta el 34 por cientode lo avalado por los legisladores.

Esto sucede porque la Administración presupuesta menos de lo que recibe de ingresos, y la autoridad tiene la facultad de aplicar esos recursos excedentes sin necesidad de pedir autorización del Congreso.

Según especialistas en finanzas, esta variación presupuestal de hasta el 34 por ciento es una mala práctica que no se justifica y muestra una falta de disciplina del Estado.

"El Congreso es el que da la autorización política para poder disponer de los recursos de los ciudadanos", recalcó Carlos González Barragán, catedrático en la Universidad de Harvard.

"Por lo tanto, bajo esta premisa, ningún Ejecutivo tiene autorización para salirse de su presupuesto".

A más tardar el 20 de noviembre de cada año, el Gobernador envía su iniciativa de ley de ingresos y egresos del año siguiente para que sea analizada y avalada por los Diputados locales.

Para el 2015, el 10 de diciembre se aprobó un presupuesto por 75 mil millones 441 mil 683 pesos, 11 por ciento superior al del 2014.

Pero, si tiene ingresos adicionales a lo autorizado, el Ejecutivo puede disponer de ese dinero por su cuenta, de acuerdo con el Artículo 40 de la Ley de Administración Financiera para el Estado.

"Cuando existen este tipo de excedentes", dijo González, "es posible dar discreción para su gasto, pero lo que esto genera en el largo plazo es un acolchonamiento del presupuesto en el que siempre se subestiman los ingresos".

Los años del Gobierno de Medina con mayor gasto adicional fueron 2012 y 2013, con 20 mil y 18 mil millones de pesos por arriba de lo autorizado.

Para el 2014, los Diputados aprobaron ingresos y egresos por 68 mil millones de pesos, pero el Ejecutivo ya ajustó la cantidad y espera ejercer 82 mil 153 millones, 14 mil millones más, equivalente a un 21 por ciento.

Marco Cancino, director de la consultora Inteligencia Pública, señaló que el Estado debería transparentar la aplicación de los ingresos adicionales para reducir la discrecionalidad y posibles espacios de corrupción.

"Debería de haber reportes mensuales", señaló, "e inclusive boletines que informen del incremento de los ingresos no previstos y cuál será su destino.

"Tal vez lo procedente sería que se establecieran en los presupuestos estatales criterios bien definidos, que establezcan cuál debería ser el destino de los recursos adicionales".

El 18 de noviembre, organismos intermedios y empresariales alertaron de una crisis financiera en el Gobierno. Alberto Fernández, presidente de Coparmex, planteó lo que deberá cumplir el próximo Gobernador.
"Lo que exigimos como mínimo", recalcó, "es que se cumpla el presupuesto".