Después de casi 20 años en la cima del poder político, Silvio Berlusconi fue expulsado ayer del Parlamento de Italia tras su condena por fraude fiscal. Bajo ninguna circunstancia se puede justificar a alguien que incurre en actos de corrupción.
La expulsión parlamentaria del líder de centroderecha fue posible en virtud de la llamada ley Severino, aprobada durante el gobierno técnico de Mario Monti, en 2012. La norma estipula que resultan inelegibles o, como en este caso, indignos de mantener el escaño, todos los políticos condenados a más de dos años de prisión en sentencia firme.
Berlusconi entró en esta categoría el pasado 1° de agosto, cuando el Tribunal Supremo lo condenó -después de tres procesos y una montaña de pruebas- a cuatro años de prisión (conmutados a un año de arresto domiciliario o trabajo comunitario,) por fraude fiscal en el llamado caso Mediaset.
Desde entonces, varios senadores intentaron salvar al tres veces ex primer ministro italiano de la hecatombe. Pero las nueve enmiendas que fueron presentadas ante el Senado no prosperaron, y el peso de la ley y sus consecuencias políticas cayeron como nunca antes sobre las espaldas del líder del partido Forza Italia.
