Dicen que los discapacitados no merecen nacer, y que los médicos deben recomendar abortarlos.

El Congreso de Tlaxcala aprobó la tarde de este jueves, modificaciones al artículo 243 del Código Penal estatal, con lo que determinó ampliar las causales de aborto, con lo cual toda aquella mujer que decida abortar, bajo los cinco supuestos establecidos, no podrá ser sancionada por ninguna circunstancia o entidad pública o privada dentro del estado, informó el portal local Línea de Contraste.

De acuerdo a los aprobado por los legisladores tlaxcaltecas —por 24 de 32 votos posibles—, toda aquella mujer que decida abortar deberá estar considerada entre las siguientes causales: conducta culposa de la mujer; inseminación artificial no consentida; peligro de muerte o daño grave a su salud; violación, o que el producto nonato registre malformaciones genéticas o congénitas. En este último caso, se deberá contar con la autorización del padre o de la madre para realizar el aborto.

Esto podría retrasar la votación de la Suprema Corte de Justicia. Incluso los Ministros de la Corte podrían decir que ya desaparece el caso que presentó Tlaxcala. Pero NO es una buena noticia. No es justo acabar con la vida de unos niños en gestación, y mucho menos diciendo que los discapacitados no merecen nacer. Sienta un retraso triste en el derecho a la vida.

El Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte abundó que la ciudad vive una crisis de valores en donde se presenta al aborto como la única alternativa que el gobierno ofrece para desarrollo.

El aborto representa el fracaso de la labor de los gobiernos en materia de juventud, ya que no existen alternativas para el desarrollo saludable de la población, lo que ha repercutido directamente en la desintegración familiar y el debilitamiento del tejido social, consideró el Diputado Orlando Anaya del Grupo Parlamentario PAN en la Asamblea Legislativa del DF, dentro del Foro 'Jóvenes en la construcción de iniciativas que trascienden a la vida', organizado por la Comisión de Juventud y Deporte.

El Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte abundó que la ciudad vive una crisis de valores en donde se presenta al aborto como la única alternativa que el gobierno ofrece para desarrollo. Resaltó quede desde el 24 de abril de 2007 hasta el 20 de abril del año en curso se han practicado más de 137 mil abortos tan solo en el sector público.

"Se ha tratado de promover el aborto como una salida fácil, lo que es el reflejo exacto de la ineptitud del gobierno de poder educar, de poder brindar información concreta para que la gente pueda tener herramientas para la toma de decisiones, hoy vemos con mucha tristeza lo que sucede en los hospitales públicos y como empresas privadas se dedican a comercializar con abortos en la ciudad.

"Ante la necesidad de empleo y educación la única alternativa disfrazada de derecho es el aborto. En el DF carecemos de educación sexual y políticas públicas que permitan un desarrollo adecuado y por el contrario cada vez son más las jóvenes que abortan y mayor el número de embarazos adolescentes, de jóvenes que se involucran con la delincuencia organizada, que adquieren VIH, que padecen diabetes, consumen drogas y alcohol", agregó el legislador.

El Foro 'Jóvenes en la Construcción de Iniciativas que Trascienden a la Vida', llevado a cabo en las instalaciones del Recinto Legislativo, contó con la presencia de: Ex ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoitia; de la Asociación Sexo Seguro A.C. Rosario Laris, de la Comisión de Derechos Humanos A.C, Teresa Guitierrez Espinosa y del Instituto para la Rehabilitación de la Mujer y la Familia, Maria del Carmen Alva, en donde los ponentes coincidieron en la defensa del derecho a la vida

"El derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce pleno es un pre requisito para el disfrute de todos lo demás derechos, de no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter no son admisibles enfoques restrictivos del mismo, pues se encuentra consagrado como uno de los derechos que no pueden ser suspendidos", destacó el Ministro en Retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

"No podemos entender la existencia de ningún otro derecho, sin la existencia y respeto a la vida, pues todos los demás son consecuencias del cumplimiento de esta garantía. El derecho a la libertad, la equidad de género, la salud, la educación, la propiedad, y en general todas las garantías fundamentales que derivan de la vida", sostuvo Anaya González.

Fortalecer la Ley de Salud en materia sexual, de protección a mujeres embarazadas y de cuidados pediátricos, impulsar políticas públicas de prevención y atención al embarazo adolescente y de salud sexual entre jóvenes, así como la difusión de la información sobre los efectos nocivos e irreparables a la salud de las mujeres que practican un aborto, fueron las necesidades urgentes a atender por las autoridades y gobierno, señaladas durante el Foro.

Varios organismos a favor de la vida representaron la voz de miles de ciudadanos para pedir que no se vote a favor del aborto.

El día de hoy a las 11 am fueron entregadas 142,900 firmas en la Suprema Corte de Justicia para pedir a los Ministros no voten a favor de la Acción de Inconstitucionalidad por el delito de aborto.

Las firmas fueron entregadas por ConParticipación, Red Familia, UNPF, VIFAC, PasosXlaVida, Derechos del Concebido, BeWoman y Unión de Voluntades.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de votar entre estos días. La llamada de seguirse sumando está en pie. La meta de firmas a recolectar es de 200 mil.

El evento es una muestra de solidaridad y apoyo hacia las madres que atraviesan por un embarazo inesperado y como compromiso por parte de la sociedad para apoyar a este sector.

El sábado 25 de abril se realizará la Cuarta Marcha por la Vida para exigir la derogación de las leyes que permiten el aborto en esta capital y para exigir políticas públicas que apoyen a las mujeres embarazadas que atraviesan por una situación vulnerable.

La marcha también busca promover la defensa de la vida ante la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare que el aborto no es un delito e imponga ese fallo en todo México.

Este evento, indica el Siame, que comenzará en el Monumento a la Madre a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, está organizado por diversas organizaciones de la sociedad civil como Pasos por la Vida, Red Familia, Be Woman, AMSIF, World Youth Alliance, Alianza de Maestros, Unión Nacional de Padres de Familia y UNMOSS Mujeres.

La marcha se realiza al cumplirse siete años de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Ángel Souberville Gutiérrez, director de Pasos por la Vida, informó que desde que esta práctica se lleva a cabo de manera legal, se han realizado más de 135 mil abortos solo en hospitales y centros de salud del Gobierno del Distrito Federal, "lo cual significa que 135 mil mujeres se vieron solas y lastimadas por el aborto y que esta cifra es el equivalente a 5 mil salones de clases vacíos de niños que nunca tendrán la oportunidad de vivir de nuevo".

El lema para este evento es "Caminemos Juntos" como muestra de solidaridad y apoyo hacia las madres que atraviesan por un embarazo inesperado y como compromiso por parte de la sociedad para apoyar a este sector.

El director de Red Familia, Mario Romo Gutiérrez, criticó la acción de inconstitucionalidad promovida por el estado de Tlaxcala, que se tratará en próximos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la cual se eliminaría el delito del aborto en cualquier etapa de la gestación en todo México, en caso de que los jueces aprueben la medida con más de ocho votos a favor.

La marcha comenzará con un Festival por la Vida en el Monumento a la Madre a las 10:00 a.m., para salir a las 11:30 por Reforma, con rumbo a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal donde los miles de asistentes, entre jóvenes, familias, grupos sociales y religiosos darán lectura a una serie de medidas a favor de la vida.

También guardarán un minuto de silencio en memoria de todos los bebés abortados y sus madres lastimadas por la ley del aborto.

Es positivo que hombre y mujer participen y repartan responsabilidades familiares, sin embargo es riesgoso cuando de fondo se busca imponer una perspectiva de género.

La Secretaría de las Mujeres (Semujer) imparte pláticas prematrimoniales con perspectiva de género.

La finalidad es fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones de pareja, sin embargo se corre el riesgo de no tomar en cuenta que las diferencias entre hombre y mujer los hacen complementarios entre sí.

Las referencias que se usan para sustentar esta perspectiva son estadísticas del INEGI basadas en el número de hombres casados que cocinan, lavan y planchan.

Con estas pláticas la Semujer busca cumplir con las disposiciones estatales, nacionales e internacionales y reitera la obligación a ambos contrayentes de asistir a la sensibilización previa al enlace matrimonial para que sepan sus compromisos y derechos en la pareja. Pero claramente su intención prioritaria es promover la equidad de género.

El aborto es la puerta abierta para suprimir a las próximas generaciones que garantizan la permanencia de la sociedad.

El Arzobispo de Avignon, Mons. Jean Pierre Marie Cattenoz, manifestó su profunda preocupación por el grave daño que está ocasionando el aborto en Francia, una realidad cada vez más visible, que cuenta con el apoyo del gobierno para liberalizarlo aún más e instaurar políticas que faciliten su práctica.

ACI Prensa dialogó el 17 de abril con el Prelado luego que la asamblea parlamentaria francesa aprobara una ley que suprime los siete días de reflexión en el que una mujer decide si aborta o no.

Actualmente, se realizan cerca de 300 mil abortos anuales en Francia. "El drama de nuestra sociedad es que hay una pérdida de conciencia sobre el valor de la vida", comentó el Arzobispo, que dijo además que esta situación se agrava con liberalismo y el materialismo de la sociedad actual para la cual "ya no hay límites".

El Arzobispo denunció luego que "hay una contradicción entre lo que dicen los científicos y los legisladores. Los primeros dicen que el embrión es un organismo complejo y saben que ya hay una persona en él. En cambio, los últimos actúan como si no hubiera una vida humana en él y quieren acceder a las demandas de aquellos que tampoco lo consideran como un ser vivo".

"Cuando se realizan las votaciones en el parlamento se decide sobre la vida humana. No es un asunto que se deba tomar a la ligera. Este tipo de asuntos deben ser decididos por todo el mundo y no por un puñado de personas (que apoyan el aborto). En la asamblea legislativa no se oye la voz de toda la sociedad civil.", señaló a ACI Prensa.

Para concluir, el Arzobispo de Avignon alentó a todos los fieles a defender siempre la vida y a expresar su opinión con libertad en la esfera pública: "creo que los católicos y especialmente los jóvenes deben defender la vida desde su concepción. Los médicos, científicos y ginecólogos saben que en ese embrión hay vida; y los legisladores se niegan a reconocer que en el embrión hay vida humana. Tenemos que demostrarles que no es así".

La ley que suprime el tiempo de espera de siete días entre consultas fue propuesta por la ministra de salud Marisol Touraine. Antes de su aprobación, se requerían dos consultas médicas antes de practicar el aborto. Ambas citas estaban espaciadas por el plazo de una semana. Además, se consideraba que, si el caso era muy urgente, el tiempo de espera se reduciría a 48 horas. El objetivo de este tiempo era que la mujer decida si realmente quería abortar o no. Este tiempo se consideraba importante porque la ley francesa dicta que se puede abortar hasta las 12 semanas de gestación.

Este hecho viola gravemente el derecho de libertad religiosa y el derecho a la libertad de conciencia, consagrados en la Constitución.

El Secretario Adjunto de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), P. Pedro Mercado Cepeda, denunció que el Ministerio de Salud de Colombia intenta legalizar la eutanasia sin aprobación del Congreso y violando la libertad religiosa y objeción de conciencia de los profesionales de la salud.

En una nota dirigida el 12 de abril al Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria Uribe, el P. Pedro Mercado Cepeda, también representante del Episcopado para las Relaciones con el Estado, señaló que su despacho fue informado recientemente de la intención del ministerio colombiano de "reglamentar la práctica de la eutanasia en Colombia a través de una resolución".

El P. Mercado Cepeda expresó que ante este panorama "el Episcopado colombiano quiere reafirmar su clara, firme e inamovible condena ética y moral a la eutanasia directa, que constituye un grave atentado contra la dignidad del enfermo y contra la inviolabilidad del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo 11 de nuestra Constitución".

Además, indicó, "en marzo de 2013, una sentencia del Consejo de Estado estableció que el Ejecutivo no puede excederse en su potestad reglamentaria desconociendo las competencias propias del poder Legislativo".

"La Corte Constitucional no está capacitada para atribuir a los organismos estatales –en este caso al Ministerio de Salud– competencias propias del Poder Legislativo. Tal acto, afectaría gravemente el orden y el equilibrio de poderes establecidos en la Constitución de 1991", advirtió.

El secretario adjunto de la CEC subrayó que "el Ministerio de Salud y Protección Social no está capacitado legalmente para reglamentar la eutanasia porque no existe, hasta el momento, legislación emanada por el Congreso de la República sobre esta delicada materia".

Por tanto, advirtió, la resolución planeada por el Ministerio de Salud, está "afectada por vicios de nulidad".

El representante del Episcopado para las Relaciones con el Estado criticó expresó la preocupación de los Obispos colombianos porque la resolución del Ministerio de Salud "llega incluso a legitimar la práctica de la eutanasia no voluntaria (aquella que se realiza sin el consentimiento expreso y actual del paciente)" y omite controles judiciales establecidos en la legislación colombiana.

"La normativa abriría así las puertas a numerosos abusos, que se sumarían a los que ya padece diariamente el pueblo colombiano, sometido a servicios sanitarios deficientes, gracias a un sistema de salud que privilegia el interés económico privado por encima de la dignidad y de los derechos de los pacientes", denunció.

La norma del Ministerio de Salud, señaló, "viola también gravemente el derecho de libertad religiosa y el derecho a la libertad de conciencia consagrados en la Constitución", pues desconoce "la obligación ética y moral de las personas e instituciones sanitarias católicas (o pertenecientes a otras confesiones religiosas) a no dar cumplimiento a esa norma por motivos de conciencia o de identidad religiosa, ética o moral".

El secretario adjunto de la CEC advirtió que aún en el caso de que el Ministerio de Salud la legalizara "ni el personal sanitario católico ni las instituciones de salud vinculadas a la Iglesia Católica practicarán la eutanasia bajo ninguna circunstancia".

En Hidalgo ya se ofrece como un nuevo "servicio" sin importar que en ese Estado se respeta la vida y el aborto es un delito.

Con precios de hasta seis mil 900 pesos, se ofrecen servicios de interrupción de embarazos a través de anuncios espectaculares instalados en Pachuca y otras localidades hidalguenses.

Los abortos, de acuerdo con lo que se informa a través de un servicio telefónico gratuito 01 800, se practican en clínicas ubicadas en distintos puntos del Distrito Federal.

Como si se tratase de un servicio de salud orientado al bienestar de la mujer, se relata el doloroso proceso, sin informar sobre los riesgos físicos y psicológicos a los que se expone y sin mencionar que lo que se "extrae" del cuerpo es una vida, la cual en el estado de Hidalgo, si es reconocido.

"No hay problema alguno. Aquí son legales los abortos", señaló la operadora que atiende a las potenciales interesadas.

"Recibimos a mujeres de todos los estados de la República".

La firma que se identifica como "Marie Stoppes" ofrece detalles de los procedimientos que se ofrecen, y los mínimos exámenes a los que son sometidas las personas.

Una mujer que se hizo pasar por embarazada solicitó informes desde la capital hidalguense. "Vi un anuncio especular con este número telefónico", dijo.

Del otro lado de la línea le informaron: "Te puedo ofrecer desde un servicio de interrupción (de embarazo) VIP o plus, que tiene un costo de 6,900 pesos que te incluye una plática de asesoría para que sepas en qué consiste el procedimiento; una prueba de hemoglobina para comprobar el tiempo de gestación y si tienes anemia y un ultrasonido de lectura".

El sistema de aspiración, añade la informante, consiste en introducir una sonda de plástico flexible con punta redondeada. En este servicio "no sientes nada ni te das cuenta de nada y tiene una duración de 5 a diez minutos".

Con la técnica "tradicional", el costo es de 5 mil 500 pesos y hay otro servicio más económico de 3 mil 750 pesos, con la diferencia en este último que la paciente está todo el tiempo consciente.

Otro tipo de abortos, mediante la administración de medicamentos, que se practica de la semana a cuatro a diez de gestación, tiene costo de 2 mil 450 pesos.

Mediante cita y un número confidencial las interesadas pueden acudir a las clínicas Polanco, Coyoacán, Ixtapalapa y Perisur.

Expuso a las mujeres que provienen de Hidalgo se les ofrece la clínica que está cerca del Metro Camarones o Ferrería.

En otra interrogante de la aparente interesada, la operadora telefónica precisó: "No tienes problema legal. No si acudes al Distrito Federal."

En Hidalgo, el aborto es delito y se castiga con prisión, de acuerdo con la legislación vigente.

La Unión Nacional de Padres de Familia llama a proteger el derecho fundamental de la vida desde el momento de la concepción.

La Unión Nacional de Padres de Familia exigió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no avale la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala al Código Penal, que modificó el Congreso del estado sobre las causales que contempla el delito del aborto.

En conferencia de prensa, Consuelo Mendoza García, presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, AC, destacó que el supuesto "derecho al aborto" nunca ha sido declarado como tal por ningún organismo internacional y de derechos humanos.

"Todo lo que se opone a la vida y viola la integridad de la persona es una forma de agresión contra la civilización humana", dijo.

Refirió que si se obtienen ocho votos en favor de la acción de inconstitucionalidad en sesión del Pleno se crea jurisprudencia.

Mendoza García señaló que se ha puesto en marcha a nivel nacional una campaña Un voto por la vida, que consiste en que niñas y niños realicen un dibujo acompañado por una frase donde se expresen a favor de la vida.

Los resultados de esta campaña se presentarán a todos los ministros de la Suprema Corte en una conferencia de prensa que dará en su propio recinto el próximo 23 de abril.

Concluyó al señalar que los padres de familia y la ciudadanía en general "han conferido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una gran responsabilidad que exige coherencia, que debe ser reflejada en el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos, como es el de la vida".

Cabe recordar que a principios del mes en curso la SCJN admitió el recurso de acción de inconstitucionalidad promovido por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Francisco Mixcóatl Antonio, en contra de las recientes reformas al Código Penal de Tlaxcala, mediante las cuales se criminaliza aún más la interrupción del embarazo.

Las reformas a los artículos 238, 239 y 240 del Código Penal establecen una pena de tres a cinco años de prisión, más multa de 72 a 217 días de salario mínimo a quienes cometan el delito de aborto. Incluso por riesgos de salud de la mujer, y en caso de violación, se tendrá que dar parte al Ministerio Público para que autorice el procedimiento.

Ante el próximo debate en la SCJN sobre el aborto en México, es importante conocer lo que ocasionó un caso como éste en los Estados Unidos.

A comienzos de 1970, Norma McCorvey alegó que ella había sido violada por una pandilla y estaba embarazada. Las abogadas Sarah Weddington y Linda Coffee, recién graduadas de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, necesitaban una "cliente" para poder atacar la ley que desde hacía 100 años prohibía el aborto en Texas. Ellas convencieron a Norma de que debería procurar un aborto en lugar de tramitar la adopción para su bebé.

El caso fue litigado subsecuentemente varias veces hasta llegar al Tribunal Supremo, con el resultado de que en 1973 se legalizó el aborto en los 50 estados de la Unión. Mientras se litigaba el caso, la bebé nació y fue dada en adopción. En 1987, McCorvey admitió que ella en verdad no había sido violada y que el padre de su bebé era una persona a la que ella conocía y había pensado que quería. El relato de los pandilleros que la violaron era todo mentira.

Si bien el caso Roe vs. Wade legalizó el aborto, en la misma fecha Doe vs. Bolton permitió el aborto a petición durante los nueve meses de embarazo, y fue el medio legal que facilitó la aprobación del Tribunal al establecimiento de más de 2.200 abortuarios en todo el país.

Sandra Cano fue "Mary Doe" en Doe vs. Bolton

Sandra Cano ahora dice que ella fue una participante ingenua del fraude al nivel más alto de justicia del país. Sandra era una joven madre de tres hijos, estaba embarazada y enfrentaba el trámite de divorcio contra su esposo que estaba encarcelado por abuso de menores. Los trabajadores sociales le habían quitado sus tres niños a Sandra. Los estuvieron pasando de uno a otro mal ambiente. Sandra quería mucho a sus hijos. Estaba casi al borde de la locura debido a sus problemas y fue así que llegó a pedir ayuda a Legal Aid Services [servicios de ayuda legal]. El ofrecimiento de los abogados de N.O.W. para sacarle de encima todos sus problemas, obtener el divorcio y recuperar la custodia de sus hijos sonaba demasiado bueno para ser verdad.

Cuando los abogados le sugirieron que querían hacer un trato con ella que incluyera abortar al bebé, Sandra manifestó claramente que nunca haría eso. Pero los abogados no sólo ignoraron sus objeciones sino que pasaron sobre ella. Cuando Sandra se dio cuenta que habían usado su caso para legalizar el aborto a petición, dijo: " ¿...cómo podía yo imaginarme un plan tan grotesco que tuviera como fin dar a las personas de una sociedad civilizada permiso para matar a sus propios hijos? ...En verdad yo nunca pensé que ellos usarían mis angustias personales por recuperar a mis hijos para su plan de legalizar el aborto a petición."

Irónicamente, al igual que en el caso del bebé McCorvey, el bebé Cano llegó a término, nació y fue dado en adopción. Sin embargo, debido a estos dos casos, 35.000.000 de bebés han perdido sus vidas por aborto.

Sarah Weddington fue la abogada

Sarah Weddington, la abogada que litigó el caso Roe vs. Wade en el Tribunal Supremo, pronunció un discurso en el Instituto de Ética de la Educación, en Oklahoma. Allí explicó por qué defendió la improvisada historia y los falsos cargos de violación de la mesera de Texas "Jane Roe", hasta llegar al Tribunal Supremo: "Mi conducta pudo no haber sido totalmente ética. Pero lo hice por lo que pensé fueron buenas razones." Tulsa World 24-V-93.

La revista Playboy facilitó el financiamiento

Hugh Heffner, fundador de Playboy, alega haber hecho una gran cosa por las mujeres: "Probablemente Playboy estuvo más involucrada en Roe vs. Wade que cualquiera otra compañía. Nosotros aportamos los fondos para esos primeros casos y además escribimos el amicus curiae en el caso Roe." Miami Herald 18-XI-92.