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Herminio Corral asegura: “En temas jurídicos sobre el matrimonio gay tenemos ciertas diferencias, visiones diferentes de lo que es la visión de la familia, la institución del matrimonio”. El político recordó que su partido no ha apoyado en ninguna entidad las uniones homosexuales como matrimonio.
“Respetamos cualquier preferencia, cualquier diferencia, cualquier divergencia”, dijo el Presidente estatal de Acción Nacional en Baja California Sur, aunque precisando que sólo en el terreno de lo privado, ya que en el ámbito jurídico seguro existen diferencias, sostuvo.
Cabe recordar que recientemente, la diputada presidenta de la Comisión de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública del Congreso del Estado, Dora Elda Oropeza Villalejo, miembro del mismo partido, prefirió no opinar solas uniones homosexuales; por lo que el Presidente del partido ha salido a declarar sobre el tema.
El Ministerio de Sanidad polaco ha multado con 16,900 euros al hospital donde un ginecólogo se negó a practicar un aborto legal, pese a los serios daños del feto, una sanción que el médico afectado califica de represiva por criminalizar su negativa a asesinar un niño.
El médico Bogdan Chazan alegó razones de conciencia para no llevar a cabo el aborto y tampoco dirigió a la paciente a otro centro médico, lo que según el ministerio justifica la multa para el hospital de la Sagrada Familia de Varsovia. Esa multa es como un rescate por la vida de un niño.
"El centro cobraría 400 euros por llevar a cabo el aborto y ahora debe pagar 70.000 zloty (16,900 euros) por negarse. No es justo", lamentó Chazan en declaraciones a medios polacos donde recordó que abortar es un asesinato.
“Si se aprueba la ley del aborto habrá desobediencia”, amenazó el organismo denominado Asamblea Feminista de Madrid, quien ha entregado firmas contra la reforma de la ley de aborto que protege al niño y a la mujer embarazada.
El anteproyecto de Ley del aborto propuesto por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha provocado el rechazo de movimientos feministas, en España. Amnistía Internacional considera que el texto planteado por el Ejecutivo “vulnera” los derechos humanos y ha puesto en marcha distintas acciones para evitar su aprobación.
El organismo internacional ha enviado también una carta a la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, suscrita por 176 colectivos, para pedir la retirada del anteproyecto. Marta Mendiola, responsable de derechos económicos sociales y culturales de esta organización declara que el nuevo texto es “una medida regresiva con serios impactos sobre el derecho a la salud que hace peligrar la vida de mujeres y niñas, en especial, las que están en situación de vulnerabilidad”
La portavoz de la Asamblea Feminista de Madrid, Justa Montero, anunció que el calendario de movilizaciones abortistas sigue abierto y advierte de que su presión no va a parar. “Si se aprueba la ley, habrá desobediencia civil en la práctica y la vamos a librar todas las organizaciones feministas y todos los sectores que apoyan el derecho a decidir de las mujeres. Esta ley no se puede aceptar”, concluye Montero.
Parlamentarios mundiales apoyan en el Congreso la reforma legal del Gobierno: “Tenemos el deber de reducir los abortos y de acabar con su trauma para la mujer. Nada es más importante ni más progresista que defender el derecho humano a la vida”.
“Sin la mujer no existe la vida”. Con palabras de reconocimiento a la mujer y a la maternidad, comenzaba el diputado nacional por el PP José Eugenio Azpíroz su intervención en el Seminario Internacional por el Derecho a la Vida, que se celebra en la Sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados de España, organizado por Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, en el que participan parlamentarios de 18 países europeos y americanos de las más varadas corrientes ideológicas, así como expertos mundiales multidisciplinares, de las áreas de la Ciencia, el Derecho o el Pensamiento.
Azpíroz, también secretario general de la Asociación mundial y transversal que organiza este destacado Seminario, reclamaba así “un compromiso real y efectivo con el derecho a la maternidad, que preste un especial apoyo a las mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado o en situación de dificultad, dispensándole en necesario apoyo social, sanitario, económico y presupuestario”, señalaba, subrayando este último punto, como garantía del tal reclamado apoyo.
