El profesor de sociología de la Universidad de Virginia, W. Bradford Wilcox, aseguró que promover una cultura que favorezca el matrimonio y la vida familiar puede der el medio más eficaz para reducir las desigualdades sociales y económicas en Estados Unidos. 

Wilcox presentó numerosos estudios sobre el estado de la familia y los beneficios de un matrimonio estable. Explicó que una familia estable en donde los padres están casados proporciona un “capital humano” que ayuda a los esposos y a sus hijos a lograr el éxito. Los hijos de padres casados tienen más posibilidad de tener éxito a nivel académico y en la vida en general. Asimismo, tienen menos riesgo de caer en la pobreza, el abuso, la negligencia, encarcelamiento y embarazo adolescente.

El experto señaló que los cambios sociales, económicos y culturales se han “fusionado para socavar el matrimonio”. En su informe se indica que el cambio en la estructura de la familia extra matrimonial es responsable del 41 por ciento del aumento en la desigualdad económica desde 1975. Los hijos de padres casados en situación de pobreza tienen mejores oportunidades económicas en comparación a quienes crecen sin sus padres o estos cohabitan sin estar casados.

Mientras que los movimientos pro aborto siguen con su campaña, perfectamente diseñada, de establecer en toda Europa el aborto como un derecho, un reducto de ginecólogos polacos se niega a abortar ya que "daña su fe".

Tres mil médicos polacos han dado un paso en la defensa de la vida del no nacido y han firmado una declaración en la que se niegan a aplicar tratamientos que contradigan sus creencias personales. Este grupo de ginecólogos justifican su decisión en la objeción de conciencia y en el hecho de que en muchas ocasiones la ley polaca, de las más restrictivas respecto al aborto de toda Europa, les obliga a realizar operaciones que atentan contra su conciencia.

Esta firma masiva de ginecólogos polacos se produce tras el conocido ya como caso "Chazan". El Doctor Bogdan Chazan es un obstetra de reconocido prestigio en su país, quien hace unas semanas se negó a practicar un aborto a una mujer cuyo feto presentaba daños cerebrales. Este hecho ha reabierto en todo el país el debate sobre ética médica.

Lourdes Méndez, diputada española del PP por Murcia, habla así de claro defendiendo la necesidad de la reforma legal: «La Ley Aído del aborto es un engaño para las mujeres, al contemplar como un "derecho" algo que todo el mundo considera un mal».

La diputada es una de las impulsoras y ponentes participantes en el reciente Seminario Internacional por la Vida, celebrado los pasados 3 y 4 de julio en el Congreso de los Diputados, organizado por Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia, que reunió a parlamentarios de diverso signo ideológico de 16 países americanos y europeos y a destacados expertos mundiales en los campos de la Ciencia, el Derecho y el Pensamiento, para acabar afirmando en la Declaración de Madrid la necesidad de legislar para proteger a la mujer y al concebido frente a la lacra del aborto, defendiendo la dignidad de toda vida humana, especialmente la de los más indefensos y desprotegidos, como son los no nacidos que presentan alguna discapacidad.

«Existen muchísimos estudios que demuestran que el aborto puede tener consecuencias de carácter físico y psíquico para la mujer. El Síndrome Post Aborto (SPA) no es un invento, es una realidad que afecta a la conciencia de la mujer, no sólo en culturas cristianas, sino por todo el mundo. Miembros de partidos de izquierda como de derecha, exceptuando a algunos radicales, defienden que ninguna mujer quiere abortar, y se unen en la idea de que el aborto no es bueno para la mujer. ¿Quién gana con el aborto? Las clínicas abortistas», denuncia la diputada.

La nueva ley del Aborto que prepara el Gobierno español vuelve al sistema de indicaciones que establecía la de 1985, aunque es más restrictiva porque acota las anomalías y enfermedades graves del feto que permitirán abortar. Un paso adelante en la defensa de la vida, frente a la cultura de la muerte.

Se mantienen los mismos supuestos que la ley de 1985: Violación y que el embarazo cause un daño físico o psicológico a la madre.
Se considera que el hecho de que el feto padezca una “anomalía incompatible con la vida” (o una enfermedad extremadamente grave) también causa per se un daño psicológico a la mujer, de la misma forma que una violación. Así, en estos casos no será necesario aportar un informe psiquiátrico que confirme la existencia de ese daño. En el caso de malformaciones o cualquier otra circunstancia (económica, social, etc.) también se podrá abortar si se acredita ese daño. Justicia baraja dejar en un solo informe psiquiátrico los dos que se pedían en el anteproyecto, siguiendo las indicaciones del Comité de Bioética.
Se mantienen los plazos hasta las doce semanas en el supuesto de violación y hasta las 22 si hay daños físicos o psíquicos para la madre.