Desde que los estudiantes emprendieron movilizaciones de protesta, el gobierno estatal de Guerrero suspendió completamente el abasto de víveres para alimentar a los alumnos, así como el pago mensual de las becas.

“A partir de que comienza el movimiento, el 26 de septiembre, el gobierno nos dejó de mandar el poco apoyo que nos daba –explica un representante del comité estudiantil, asignado a la Cartera de Raciones, cuya identidad se mantiene bajo reserva, por seguridad–. Desde el primer momento (de las movilizaciones) nos cortaron las raciones de comida, y esto es lo que hace el gobierno para debilitarnos.”

Cada semana, detalla el representante estudiantil, el gobierno estatal está obligado a entregar financiamiento para que la Normal adquiera, directamente con proveedores, los alimentos que sus alumnos consumen, y que son complementados con los vegetales y granos que los mismos estudiantes cultivan. Sin embargo, advierte el normalista que coordina las labores de preparación de alimentos, en el actual periodo de movilizaciones “el financiamiento quedó totalmente suspendido (…) y esto es algo que suelen hacer las autoridades cada vez que realizamos alguna movilización, así lo hicieron durante las protestas de 2011 y 2012 (por el asesinato de dos normalistas, a manos de policías federales y ministeriales de Guerrero), les gusta dejarnos sin comida para presionarnos, para que dejemos de protestar, pero como nosotros ya conocemos esta forma de actuar de las autoridades, tan pronto como empezamos el movimiento llamamos a la solidaridad y ésta es efectiva, hasta el momento: las organizaciones civiles, los egresados, los estudiantes de otras universidades del país, los vecinos y ciudadanos de Guerrero saben que en estos casos las autoridades siempre nos suspenden las raciones alimenticias, y ellos mismos (los organismos civiles y la ciudadanía) son los que nos están apoyando, difundiendo, acopiando víveres… así es como este movimiento continúa“.

El apoyo del gobierno estatal, aclara el representante de los normalistas, “la verdad que no es mucho, aunque éste es un internado del sector público, y obviamente nos tienen que estar mandando alimentos las autoridades, esa es su obligación, pero desde finales de septiembre esto no ha sido así, sin explicación, simplemente dejaron de enviar los recursos”.

En la Normal de Ayotzinapa, detalla, los 520 alumnos suelen recibir tres raciones de comida, “un desayuno ligero, una comida fuerte, y una cena también ligera, pero como ahora nos estamos alimentando con los víveres que nos ha donado la ciudadanía, tenemos que racionar aún más los alimentos, y sólo estamos haciendo dos comidas: una a las 9 de la mañana y una a las 4 de la tarde… en la noche, comemos cualquier cosa.

La supresión del abasto alimenticio, sin embargo, no es el único medio de presión económica que han emprendido las autoridades contra los normalistas, señala otro integrante del comité estudiantil que forma parte de la academia de cuarto año (el último nivel de estudios de esta Normal), sino que “como forma de reprimirnos también nos suspendieron el pago de las becas a todos los estudiantes“.

Tal como explicó el representante estudiantil, los 124 alumnos del cuarto y último año de formación en la Normal de Ayotzinapa (80 que cursan la licenciatura en educación primaria, y los 44 que cursan la licenciatura en educación física) tiene derecho a una beca mensual de mil pesos, proveniente del presupuesto estatal, así como a otra beca de 750 pesos que vienen del presupuesto federal. Y ambas becas, detalló, tanto la que otorga el gobierno estatal como la que otorga el gobierno federal, que sirven a los estudiantes para financiar sus traslados y alimentación a las escuelas donde deben realizar prácticas docentes, dejaron de pagarse tras la emboscada policiaca sufrida en Iguala.

Asimismo, las autoridades estatales también suspendieron la entrega de recursos económicos que, para el pago de fotocopias, están obligadas a entregar a los 520 estudiantes de todos los niveles formativos de la Normal de Ayotzinapa, y que asciende a 38 pesos por alumno al mes.

El dolor crónico agudo es comparable a la situación que viven las personas que están bajo tortura.

“En México el acceso a servicios de cuidados paliativos y medicamentos esenciales para el tratamiento del dolor es muy limitado… Cuando los cuidados paliativos están disponibles, a menudo es debido a los esfuerzos de los médicos o los abogados de los pacientes y no es resultado de una política deliberada del gobierno, el sistema de salud o asegurador”, concluye el Informe, el cual se basó en 115 entrevistas con pacientes, médicos, especialistas en el tema y funcionarios del sector salud realizadas entre 2011 y 2014.

Para Diederik Lohman, el autor del Informe, el dolor crónico agudo es comparable a la situación que viven las personas que están bajo tortura.

“Yo he trabajado en HRW muchos años, desde 1997 en Rusia, y estaba entrevistando a muchas víctimas de tortura en la policía o en el ejército o en conflictos armados y vi que los testimonios de pacientes con dolor severo por cáncer no tratado y los testimonios de víctimas de tortura tradicional son muy parecidos, ambos grupos dicen que es un dolor inaguantable y que harían lo que sea por acabar con él.

“Muchas víctimas de tortura tradicional tienen la opción de confesar, como lo exigen los torturadores, pero el paciente con dolor severo no, si su médico no tiene los medicamentos o los conocimientos para manejar este dolor, no hay ninguna opción, no hay ninguna salida”, dijo Lohman en entrevista.

Agregó que aunque México tiene una Ley de avanzada, pues reconoce el derecho a recibir cuidados paliativos y control del dolor, no siempre se lleva a la realidad.

Entre las entrevistas realizadas por HRW para elaborar el informe hay ejemplos de mujeres y hombres con enfermedades crónicas que relatan sufrir un dolor insoportable y las dificultades para acceder a un tratamiento.

Solo en el DF, Jalisco, Durango y Guanajuato, los tres principales esquemas de salud -el IMSS, el ISSSTE y el IMSS- garantizan en al menos uno de sus hospitales el derecho a los cuidados paliativos y el control del dolor.

Lohman reconoció que a diferencia de lo que ocurre normalmente con los informes de HRW, cuando los cambios se dan una vez que se publicó el estudio y los gobiernos se incomodaron, en México ha habido reformas en los últimos meses que los obligó a actualizar sus conclusiones varias veces, ello debido al empuje de la sociedad civil. Entre ellos enumeró la emisión de la norma oficial mexicana en la materia, las flexibilizaciones por parte de Cofepris para la prescripción de morfina, entre otros. Sin embargo, dijo, los pacientes todavía no viven estos cambios y el desafío más importante será que los directores de los hospitales y de las unidades de atención primaria se den cuenta de la importancia de contar con estos servicios.

El Informe destaca que México tiene pendiente finalizar los cambios legales en materia de cuidados paliativos iniciadas en 2009 con la reforma de la Ley General de Salud, principalmente para eliminar la restricción de que solo aquellos pacientes con un pronóstico de seis meses de vida, a los que considera en situación terminal, puedan recibir estos servicios.

Llama también al gobierno mexicano a invertir en infraestructura, acercar estos servicios a los pacientes, además de capacitar especialistas, pues HRW detectó que apenas un puñado de escuelas de Medicina en el país incluyen el tema en su plan de estudios.

Ante ello, HRW concluye que México incumple con los estándares internacionales de derechos humanos que dictan que los servicios de salud deben estar al alcance de todos los sectores de la población.

Según una encuesta realizadas por varias organizaciones provida locales, considerarían factible que el aborto se realizara una vez que el bebé hubiese nacido.

En palabras de varios activistas en favor de los derechos de la infancia, una parte de los estudiantes encuestados en universidades como las de Minnesota, Florida u Ohio estarían de acuerdo el aborto post parto. Muchos de ellos, incluso, aceptarían que el niño fuese asesinado antes de los 4 ó 5 años de edad ya que -según afirman- hasta esa edad no son consciente de sí mismos.

No son mayoría pero cada vez son más

«En casi todos los campus que visitamos hay personas que piensan que es moralmente aceptable matar a los bebés después de su nacimiento. Aunque no es un punto de vista mayoritario, cada vez está ganando más adeptos», ha explicado en la Web del diario estadounidense Mark Harrington, uno de los voluntarios que ha llevado a cabo la encuesta.

Al parecer, esta idea proviene de Peter Singer, cuyas teorías habrían sido explicadas y difundidas en los diferentes campus. Éste filósofo defendió en 1979 una teoría que afirmaba que los bebés humanos no nacen conscientes de sí mismos y que, por lo tanto, su vida no vale más que la de un cerdo, un perro o un chimpancé.

Solo uno de cada cuatro individuos saben que padecen hepatitis C.

La hepatitis C es un virus de transmisión sanguínea que representa un importante problema de salud pública en México y el mundo, señaló en conferencia de prensa la doctora María Teresa Rizo Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Hepatología.

La experta precisó que en México, alrededor de 1.4 por ciento de la población está diagnosticada con ese padecimiento, el cual cada año presenta cerca de 20 mil nuevos casos.

La también integrante de la Clínica de Hepatitis Viral de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisó que aproximadamente sólo uno de cada cuatro individuos saben que padecen hepatitis C, la cual representa la tercera causa más común de mortandad en hombres y la séptima en mujeres en edad económicamente activa.

En año 2012 se detectaron dos mil defunciones por cirrosis en México y a nivel global la OMS estima que 150 millones de personas están infectadas por el virus de la hepatitis C, el cual causa a escala global más de 350 mil muertes.

En América Latina y El Caribe se estima que entre siete y nueve millones de adultos están infectados con el virus.