Cada año el Gobierno de Nuevo León incumple la aplicación del presupuesto estatal y gasta a su discreción los recursos que se excede y los extras que ingresan.

A lo largo de su sexenio, el Gobernador Rodrigo Medina ha ejercido anualmente entre 10 mil y 20 mil millones de pesos más hasta el 34 por cientode lo avalado por los legisladores.

Esto sucede porque la Administración presupuesta menos de lo que recibe de ingresos, y la autoridad tiene la facultad de aplicar esos recursos excedentes sin necesidad de pedir autorización del Congreso.

Según especialistas en finanzas, esta variación presupuestal de hasta el 34 por ciento es una mala práctica que no se justifica y muestra una falta de disciplina del Estado.

"El Congreso es el que da la autorización política para poder disponer de los recursos de los ciudadanos", recalcó Carlos González Barragán, catedrático en la Universidad de Harvard.

"Por lo tanto, bajo esta premisa, ningún Ejecutivo tiene autorización para salirse de su presupuesto".

A más tardar el 20 de noviembre de cada año, el Gobernador envía su iniciativa de ley de ingresos y egresos del año siguiente para que sea analizada y avalada por los Diputados locales.

Para el 2015, el 10 de diciembre se aprobó un presupuesto por 75 mil millones 441 mil 683 pesos, 11 por ciento superior al del 2014.

Pero, si tiene ingresos adicionales a lo autorizado, el Ejecutivo puede disponer de ese dinero por su cuenta, de acuerdo con el Artículo 40 de la Ley de Administración Financiera para el Estado.

"Cuando existen este tipo de excedentes", dijo González, "es posible dar discreción para su gasto, pero lo que esto genera en el largo plazo es un acolchonamiento del presupuesto en el que siempre se subestiman los ingresos".

Los años del Gobierno de Medina con mayor gasto adicional fueron 2012 y 2013, con 20 mil y 18 mil millones de pesos por arriba de lo autorizado.

Para el 2014, los Diputados aprobaron ingresos y egresos por 68 mil millones de pesos, pero el Ejecutivo ya ajustó la cantidad y espera ejercer 82 mil 153 millones, 14 mil millones más, equivalente a un 21 por ciento.

Marco Cancino, director de la consultora Inteligencia Pública, señaló que el Estado debería transparentar la aplicación de los ingresos adicionales para reducir la discrecionalidad y posibles espacios de corrupción.

"Debería de haber reportes mensuales", señaló, "e inclusive boletines que informen del incremento de los ingresos no previstos y cuál será su destino.

"Tal vez lo procedente sería que se establecieran en los presupuestos estatales criterios bien definidos, que establezcan cuál debería ser el destino de los recursos adicionales".

El 18 de noviembre, organismos intermedios y empresariales alertaron de una crisis financiera en el Gobierno. Alberto Fernández, presidente de Coparmex, planteó lo que deberá cumplir el próximo Gobernador.
"Lo que exigimos como mínimo", recalcó, "es que se cumpla el presupuesto".

Es probable que el terrorismo actúe sobre la fertilidad a través de la incertidumbre laboral, el estrés psicológico y la mala salud.

Un nuevo estudio publicado el 21 de Noviembre de 2014 en la revista Oxford Economic Papers ha encontrado que, en promedio, los ataques terroristas disminuyen la fertilidad, reduciendo tanto el número esperado de hijos que una mujer tiene durante su vida y el número de nacidos vivos que ocurren durante cada año.

En los últimos años, el terrorismo ha crecido como un factor importante que afecta a nuestras vidas de manera imprevista. Mucho se ha escrito sobre las causas del terrorismo, sin embargo, las consecuencias de la exposición prolongada al terrorismo todavía deben ser estudiadas a fondo. Este nuevo estudio, llevado a cabo por el Dr. Claude Berrebi de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y el Dr. Jordan Ostwald de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es el primero en identificar y cuantificar el efecto del terrorismo en la fertilidad empíricamente.

Los investigadores utilizaron un conjunto de datos del panel compuesto de datos sobre los ataques terroristas 1970-2007, así como una variedad de controles demográficos, para implementar un análisis en placa robusta y medir los efectos del terrorismo sobre la fertilidad expresado en totales de fertilidad (TFR) y tasa bruta de natalidad (TBN). Los datos consistieron en evaluar 170 países y realizar 5.842 observaciones individuales de campo en el año, y después de la filtración, el conjunto de los incidentes individuales estudiados fue de aproximadamente 66.000.

Los datos sobre la fertilidad se derivan de los Indicadores de la página web de Desarrollo del Banco Mundial. TFR representa el número esperado de hijos que tiene una mujer si viviera hasta el final de sus años fértiles y estar dentro de las actuales tasas de fecundidad por edad.

TBN es una medida comúnmente usada del número de nacidos vivos que ocurren durante cada año, por cada 1.000 personas.

Medido por tanto, el número de incidentes y el número de muertes, el terrorismo ha demostrado ejercer un efecto estadísticamente significativo y negativo en las tasas de fertilidad, tanto para TFR y TBN. Los resultados mostraron una disminución de 0,018% en la tasa de fecundidad después dos años donde aumento una desviación estándar los ataques terroristas. Si bien este número parece pequeño, significa que en una población media donde el terrorismo se incrementó en una desviación estándar, por cada millón de mujeres, 18.000 niños dejaran de nacer.

Dr. Berrebi dijo: “Además de encontrar otro efecto del gran alcance del terrorismo, la relación entre el terrorismo y la fertilidad será fundamental para entender cuando los políticos tratan de hacer frente a otras transiciones demográficas y preocupaciones de seguridad.

“Cómo actúan las sociedades en respuesta a la percepción de la amenaza de grupos terroristas tiene profundas implicaciones. Hemos sido capaces de identificar los efectos causales del terrorismo en las transiciones demográficas a gran escala. Nuestros resultados explican algunas de las disparidades entre las teorías y los resultados anteriores y ponen a descansar algunas nociones que sugieren una direccionalidad inversa” 

Los senadores mexicanos recibirán esta cifra antes de que termine el año por concepto de aguinaldo, salarios y apoyos diversos

Los senadores mexicanos recibirán antes de que termine el año al menos 46 millones de pesos por concepto de aguinaldo, salarios y apoyos diversos, reportó este lunes 8 de diciembre el diario Reforma.

Los 128 legisladores federales ya recibieron su gratificación de fin de año de 160 mil pesos, equivalente a 40 días de dieta. El Senado también erogará unos 100 mil pesos por legislador, por conceptos de atención ciudadana, actividad legislativa, gastos de operación, telefonía y un rubro reportado por algunos senadores como “apoyo a actividad y gestión legislativa”, detalló el diario.

De acuerdo con Reforma, además de estas prestaciones les darán vales de gasolina y recursos para el traslado terrestre de los senadores que viven a menos de 400 kilómetros del DF o boletos de avión a los que viven en las entidades federativas más alejadas.

Quien gobierne el próximo sexenio también estará comprometido a pagar más de 2 mil millones de pesos cada año por los esquemas de asociación público-privada contratados por la Administración estatal.

La carga financiera que heredará el Gobernador Rodrigo Medina a su sucesor no se limita a la deuda estatal de 60 mil 411 millones de pesos.

Además de la Torre Administrativa, construida desde el sexenio del ex Gobernador Natividad González Parás, Medina agregó tres proyectos que comprometen recursos públicos.

La obra hidráulica Monterrey VI, los vagones de la Línea 3 del Metro y la ampliación del edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones son obras financiadas con esquemas APP.

Por la Torre y el edificio de la AEI ya están corriendo los pagos; por los vagones, las obligaciones comenzarán a partir del año entrante y por Monterrey VI se estima que sea en el 2018.

La mayor cantidad de recursos, y durante un plazo más largo, se pagará por Monterrey VI, contrato otorgado a un consorcio encabezado por una empresa de Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, constructor favorecido por el Gobierno de Enrique Peña y dueño de la llamada "Casa Blanca" de la Primera Dama, Angélica Rivera.

Durante 27 años, Agua y Drenaje hará a este consorcio pagos mensuales por 144 millones 999 mil pesos, que representan mil 739 millones al año.

El total pagado por el proyecto, incluyendo construcción, operación y mantenimiento, será de 46 mil 980 millones de pesos.

Además, el Estado paga actualmente 11 millones de pesos mensuales por la Torre, un monto anual de 132 millones.

El esquema por el edificio tiene un plazo de 24 años y 10 meses y al final la autoridad terminará pagando 4 mil 410 millones de pesos, de acuerdo con los reportes de cuenta pública.

A esto se sumarán pagos mensuales por 3.9 millones de pesos -46.8 millones anuales- por una APP a 20 años contratada en marzo pasado para ampliar el edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones.

En total se pagarán 936 millones de pesos.

Este año, asimismo, Metrorrey concesionó la fabricación de 26 vagones nuevos para la Línea 3 del Metro mediante un mecanismo público-privado, por el que deberá pagar 14.6 millones de pesos mensuales durante 19 años.

Esto deriva en un monto anual de 175.2 millones de pesos, para completar 3 mil 332 millones en el periodo.

Con estos esquemas de APP, el próximo Gobernador o Gobernadora tendrá que pagar 354 millones de pesos anuales a partir del 2016, cantidad que crecerá a 2 mil 093 millones en el 2018, cuando comiencen las obligaciones por Monterrey VI.

Pese a la carga, el Tesorero estatal, Rodolfo Gómez, dijo que el Estado tiene capacidad para pagar.

Gómez estuvo el jueves en Washington, donde promovió las APP ante empresarios y estudiantes, y dejó abierta la posibilidad de que el Estado contrate más esquemas de este tipo.

Banxico considera que las presiones cambiarias que ha tenido la moneda nacional, y otras divisas, obedecen a la expectativa de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos.

La depreciación del peso frente al dólar, la debilidad de la economía mundial y el escenario social que se vive en México en las últimas semanas han deteriorado el balance de riesgos de la actividad económica y la inflación del País, comentó la Junta de Gobierno del Banco de México.

Aunque la Junta manifestó que la evidencia estadística muestra que los movimientos cambiarios tienen muy bajo efecto en el alza de los precios, no dejó de mostrar su preocupación respecto al impacto que podría tener en la inflación la depreciación sostenida de la moneda nacional.

"Podría representar un riesgo al alza para la inflación, si bien dicho riesgo se compensa en parte por la holgura prevaleciente en la economía. En balance, se estima que los riesgos para la inflación se incrementaron respecto a la decisión anterior", se explica en el comunicado del Banco Central.

Banxico considera que las presiones cambiarias que ha tenido la moneda nacional, y otras divisas, obedecen a la expectativa de una política monetaria más restrictiva en Estados Unidos, así como a la desaceleración de la economía mundial y la caída de los precios de los commodities.

Como esas condiciones no cambiarán en el corto plazo, el Banco Central señaló que no puede descartarse que en el futuro se intensifique la volatilidad en los mercados financieros internacionales.

En tanto, el Banco Central anunció su decisión de mantener en 3 por ciento el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día.

Los funcionarios de los órganos garantes del acceso a la información podrían ser sancionados si tras ordenar la publicación de datos, una instancia acusa que con ese ejercicio se afectó su labor.

Los senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM) modificaron de último minuto la iniciativa de Ley General de Transparencia que crearon junto con la sociedad civil para introducir un artículo con el que se podría sancionar la publicación de información.

Esta contradicción —una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública con un artículo que sanciona que los órganos a cargo publiquen información— es para la sociedad civil “una medida para garantizar la opacidad, colocando una cuerda en la garganta de los funcionarios a cargo de garantizar el derecho de acceso a la información”.

El artículo 208 establece que “será causa de sanción imputable a los servidores públicos de los organismos garantes (el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI; o los equivalentes estatales) revelar indebidamente datos confidenciales o información que afecte el cumplimiento de las funciones o pueda ocasionar daños o perjuicios a los sujetos obligados (instancias de Estado obligadas a entregar información ante una solicitud)”.

La sociedad civil lo explica así:

“Si yo pido información sobre la masacre de migrantes en San Fernando y el IFAI decide abrirla, pero según la PGR, entregar esa información afecta sus funciones porque no le permite seguir con la averiguación, entonces habría una sanción para el IFAI. Si no se elimina este artículo, sociedad civil considera que el balance de la Ley ya no es tan positivo. Este artículo va a limitar la función de los órganos garantes al ordenar la apertura de información, no se van arriesgar a ser sancionados”, dijo en entrevista Ana Cristina Ruelas, oficial del programa de Acceso a la información de Artículo 19.

Según Ana Cristina, una de las virtudes de esta ley es que se introduce la facultad del órgano garante de hacer una prueba de interés público —es decir, una prueba para determinar el impacto en la sociedad sobre cierto tipo de información que debería ser pública y no reservarse, privilegiando el derecho a la información—. Sin embargo, con el artículo 208, se abre una puerta para sancionar al IFAI o a los organismos estatales si privilegian ese derecho y ordenan publicar los datos.

“Estando en riesgo van a elegir no hacer la prueba de interés público y se lo va a dejar al poder judicial. Afecta la independencia del órgano garante y a la mera hora los mecanismos de protección del derecho que tienen pues se vuelven otra vez sujetos a la autoridad del poder ejecutivo o de cualquier otro sujeto obligado”.

En la creación de esta iniciativa participaron el Colectivo por la transparencia, México Infórmate y la Red por la Rendición de Cuentas junto con senadores de los cuatro partidos (PRI, PAN, PRD, PVEM). Sin embargo, este artículo se agregó fuera de las mesas de negociación y horas antes de la presentación del documento.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública debe estar aprobada en febrero próximo, según los límites establecidos tras la reforma en la materia. La propuesta de ley que presentaron en el Senado el 2 de diciembre pasado recoge y mejora la que entregó en septiembre el mismo IFAI y la que presentó sociedad civil en abril de este año.

En 2014 y a nivel general, México se ubicó en el lugar 103 de 175 países evaluados, con una puntuación reprobada: 35 puntos de 100.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), 10 mil 204 secciones electorales, de las 67 mil 946 que conforman el total, registran al menos unos de estos problemas.

Las zonas donde son más recurrentes estos riesgos se ubican en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, así como el norte de Veracruz y sur del Estado de México.

La Dirección de Organización Electoral del INE, que concentra estos datos, no estima la cantidad de votantes que resultarían afectados, pues la cantidad de éstos por sección es variable.

Sin embargo, Horacio Duarte, representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el INE, calculó que podrían ser millones de electores quienes se ubican en estas regiones.

"Nosotros decimos que debe haber un diagnóstico para que, junto con las autoridades de seguridad nacional, elaboremos una estrategia preventiva", planteó.

Crece inseguridad En los últimos seis años se ha incrementado en 60 por ciento el número de secciones electorales de atención especial por condiciones de inseguridad.

En 2009, el entonces Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) determinó que había 6 mil 376 secciones ubicadas en zonas de alta inseguridad pública, de las 67 mil 946 que hay a nivel nacional.

Ello, alertó, significaba un riesgo para sus capacitadores electorales.

En 2012 se contabilizaron 9 mil 972 secciones ubicadas en zonas consideradas de alta inseguridad pública por pandillerismo, vandalismo, comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas y presencia de personas armadas, entre otros.

El incremento de secciones con violencia entre 2009 y 2012 fue de un 54 por ciento.

Para las elecciones de 2015, el INE tiene detectadas, de forma preliminar, 10 mil 204 secciones electorales ubicadas en zonas de alta inseguridad, lo que representaría un incremento de 60 por ciento con respecto a la cifra de 2009.

El número de secciones con problemas de violencia e inseguridad de 2015 todavía es preliminar, por lo que se podrían reducir o incrementar, dependiendo de la información que tengan las juntas distritales del INE.

"Teóricamente, el modelo está hecho para que cada vez el INE sea más eficiente capacitando, y por otro lado, las áreas de seguridad dicen que se está reduciendo la delincuencia. Entonces, las secciones de atención especial teóricamente tendrían que venir a la baja", externó Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE.

A seis meses de las elecciones federales intermedias, un 15 por ciento de las secciones electorales del País registra problemas como pandillerismo, vandalismo, actividades ilícitas y presencia de personas armadas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), 10 mil 204 secciones electorales, de las 67 mil 946 que conforman el total, registran al menos unos de estos problemas.

Las zonas donde son más recurrentes estos riesgos se ubican en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, así como el norte de Veracruz y sur del Estado de México.

La Dirección de Organización Electoral del INE, que concentra estos datos, no estima la cantidad de votantes que resultarían afectados, pues la cantidad de éstos por sección es variable.

Sin embargo, Horacio Duarte, representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el INE, calculó que podrían ser millones de electores quienes se ubican en estas regiones.

"Nosotros decimos que debe haber un diagnóstico para que, junto con las autoridades de seguridad nacional, elaboremos una estrategia preventiva", planteó.

Crece inseguridad En los últimos seis años se ha incrementado en 60 por ciento el número de secciones electorales de atención especial por condiciones de inseguridad.

En 2009, el entonces Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) determinó que había 6 mil 376 secciones ubicadas en zonas de alta inseguridad pública, de las 67 mil 946 que hay a nivel nacional.

Ello, alertó, significaba un riesgo para sus capacitadores electorales.

En 2012 se contabilizaron 9 mil 972 secciones ubicadas en zonas consideradas de alta inseguridad pública por pandillerismo, vandalismo, comisión de diversos delitos, presuntas actividades ilícitas y presencia de personas armadas, entre otros.

El incremento de secciones con violencia entre 2009 y 2012 fue de un 54 por ciento.

Para las elecciones de 2015, el INE tiene detectadas, de forma preliminar, 10 mil 204 secciones electorales ubicadas en zonas de alta inseguridad, lo que representaría un incremento de 60 por ciento con respecto a la cifra de 2009.

El número de secciones con problemas de violencia e inseguridad de 2015 todavía es preliminar, por lo que se podrían reducir o incrementar, dependiendo de la información que tengan las juntas distritales del INE.

"Teóricamente, el modelo está hecho para que cada vez el INE sea más eficiente capacitando, y por otro lado, las áreas de seguridad dicen que se está reduciendo la delincuencia. Entonces, las secciones de atención especial teóricamente tendrían que venir a la baja", externó Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE.

Dicha ley causó polémica por querer imponer supuestos “derechos” sexuales y reproductivos a los menores, después fue corregida.

El Presidente Enrique Peña promulga la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de los Pinos.

Uno de los temas incluidos en la ley, aprobada el pasado 6 de noviembre en el Senado, es el establecimiento de una edad mínima de 18 años para contraer matrimonio.

"Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años", dice el artículo 45.

Las autoridades de los diferentes órdenes de Gobierno deberán coordinarse para garantizar que este sector reciba una educación y asesoría sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva en las instituciones educativas.

La legislación prevé un catálogo de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes; crea el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social; y se establece que los responsables de autorizar, registrar y certificar a estos centros serán las procuradurías de protección en sus ámbitos de competencia.

Se precisa que son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18.

Asimismo, las autoridades correspondientes deberán diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones.

A pesar de esto, la familia sigue siendo considerada por los mexicanos como el aspecto más importante en su vida, mientras el trabajo se ubica en segunda posición por arriba de amigos, ejercicio y diversión.

El 20 por ciento de los profesionistas mexicanos reconocieron ser adictos al trabajo o "workaholics", de acuerdo con una encuesta publicada por OCC Mundial, empresa especializada en el reclutamiento de capital humano, misma que estuvo orientada a conocer el papel que representa el trabajo en la vida de este sector de la población.

El equilibrio vida-trabajo también se ha visto afectado en estos últimos años, ya que 28 por ciento de los entrevistados afirmó que su centro de vida es el trabajo, pues trabajan para vivir y no viven para trabajar, porcentaje que se incrementó ya que en el 2012, solo el 10 por ciento lo admitió.

Estudios internacionales señalan que un adicto al trabajo labora más de 50 horas a la semana. De acuerdo con la encuesta, 35 por ciento de los profesionistas mexicanos afirmó trabajar de 10 a 12 horas diarias, mientras que otro 7 por ciento señaló hacerlo más de 12 horas.

"Otro aspecto clave para definir a un adicto al trabajo es la invasión del trabajo en la vida personal. Al respecto, 48 por ciento de los profesionistas mexicanos afirman llevar trabajo a casa para terminarlo en la noche, aunque solo 6 por ciento señala hacerlo diariamente", señala el estudio.

En cuanto a fines de semana y días libres, 4 de cada 10 profesionistas mexicanos asegura trabajar para poder enfrentar su carga de trabajo.

A pesar de todo, para la mayoría de profesionistas mexicanos no trabajar en casa no implica desconectarse de sus responsabilidades por completo, puesto que gracias a las nuevas tecnologías, 75 por ciento de ellos, contestan correos y reciben llamadas relacionadas con su trabajo en su tiempo libre.

La adicción al trabajo suele generar estrés y ansiedad, y en algunos casos hasta insomnio e irritabilidad; sin embargo, solo el 18 por ciento de los profesionistas mexicanos afirman tener alguno de estos síntomas como resultado de sus responsabilidades laborales; en cambio 53 por ciento señala que es la satisfacción personal el más importante resultado de su actividad laboral.